Milei y Villarruel violan todos los derechos humanos

            Las políticas económicas y  sociales implementadas por el gobierno de Javier Milei, son todas violatorias de los Derechos Humanos en su más amplia acepción. Dan cuenta de ello la pobreza que alcanza  al 55,5 por ciento de nuestro pueblo, el hambre del millón y medio de niños y niñas que se acuestan sin comer, el aumento de familias que duermen en la calle, el hambre de los jubilados y jubiladas que además deben optar entre comprar alimentos o medicamentos, los desocupados que perdieron además de su salario, la obra social y la posibilidad de jubilarse  en tiempo y forma, las comunidades originarias que no tiene alimentos ni agua potable y que son despojadas de sus territorios ancestrales y de sus recursos etc. Pero, además de los derechos vulnerados: a la alimentación, a la salud, la alimentación, al trabajo y a la vivienda, etc, el gobierno nacional lleva adelante un ataque sostenido contra instituciones y programas que hacen posible que los Derechos Humanos sean respetados.

            El gobierno de Milei ejecutó sólo un 20% del presupuesto en términos reales en políticas de DDHH, otros sufrieron un desfinanciamiento cercano al 80% mientras que los trabajadores de la Secretaría sufrieron un abandono de áreas de acción y una ola de despidos. La custodia del Archivo Nacional de la Memoria recibió un 56% menos y el programa que pone en valor y espacios de Memoria 76 % menos. (Datos del Centro de Economía Política, CEPA).

            Actividades como el fortalecimiento de procesos judiciales contra delitos de lesa humanidad y la muestra permanente del Museo Sitio de Memoria ESMA no recibieron ni un peso de ejecución. El programa destinado a la formación universitaria en Derechos Humanos del que depende el ex-Instituto Universitario Nacional de DDHH Madres de Plaza de Mayo, tuvo un recorte del 99,57 %.

            La Secretaría de Derechos Humanos de 3.000 cargos que tenía para nombrar sólo designó 150. En los juicios de lesa humanidad, la falta de recursos impide que los abogados especializados se puedan trasladar a las distintas provincias y también que funcione el Centro de Asistencia  a víctimas de violaciones de DDHH y de violencia institucional. El desmantelamiento del área de preservación y conservación de sitios de Memoria, también afecta el desarrollo de los juicios de lesa humanidad y al proceso de Memoria, Verdad y Justicia.

            A la falta de financiamiento y desmantelamiento se suma el cierre por decreto de la Conadi (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad) creada en 1992 para dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño. Sus alcances, objetivos y facultades fueron ratificados en 2001 por la ley 25.457, que posibilitó encontrar a 137 nietos y nietas con la incansable tarea de Abuelas de Plaza de Mayo. Cuando aún restan por recuperar alrededor de 300 niños/as apropiadas, la Conadi ya no podrá conducir, investigar ni acceder a los archivos del Estado para contribuir a la búsqueda que las  Abuelas llevan adelante.  A eso se suma la amenaza de cerrar el Banco de Datos Genéticos que el presidente puede realizar dadas las facultades extraordinarias que le confiere la Ley de Bases para cerrar o modificar organismos y reparticiones.

            En las provincias, las delegaciones de la Secretaría de Derechos Humanos han sido desmanteladas y el INADI dejó de funcionar.

            Todas estas medidas muestran la voluntad del gobierno de terminar con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y probablemente otorgar el indulto o prisiones domiciliarias a los pocos genocidas que siguen en las cárceles (la mayoría goza de prisión domiciliaria), apoyado por los medios de comunicación  afines que hacen suyas y agitan la “necesidad de una memoria completa”. Para evitarlo hace falta la unidad de todos los sectores que durante 40 años han luchado por la Memoria y el Juicio y Castigo a los genocidas, junto a la lucha contra este gobierno hambreador, represor y entreguista.

ELENA RIVERO