Mentiras de Macri y Prat Gay en impuesto a las ganancias

Durante la campaña electoral la alianza Cambiemos -dirigida por el PRO- difundió un spot publicitario en el que Macri anunciaba: “en mi gobierno los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias”. Más aún: en una entrevista aseguró que esa promesa se cumpliría desde el primer día en el que estuviese en el poder.

El impuesto a las ganancias sobre los salarios fue uno de los motivos de protesta más persistentes durante el gobierno anterior. Si bien afectaba a una porción menor de los asalariados, eso no lo hacía menos injusto: las grandes ganancias de algunos sectores permanecían exentas, mientras que el laburante que vivía de su salario debía aportar a veces una porción significativa de sus ingresos. Se estimaba que algo más de 1 millón de trabajadores tributaban este impuesto.

Macri  rápidamente olvidó la promesa de campaña. En febrero el gobierno dispuso una suba del mínimo no imponible y el Jefe de Gabinete Peña anunció que se enviaría un proyecto al congreso en marzo, pero esta fue otra promesa incumplida. La suba del mínimo trajo alivio para un sector de trabajadores con sueldos más altos, pero vino acompañada de la derogación de un decreto de 2013, lo que provocó que más personas fueran alcanzadas por el gravamen. Hoy tributan 2 millones de personas.

Cuando el Ministro de Hacienda y Finanzas Prat Gay giró el proyecto de presupuesto para el próximo año, quedó en evidencia que no incluía modificaciones en el impuesto; por esos días anunció el envío de un proyecto que comenzó a tratarse en sesiones extraordinarias.

La nueva iniciativa del gobierno era extremadamente mezquina: sube el mínimo en un porcentaje menor a la inflación que el propio gobierno prevé para el 2017, e incluso por debajo de la pauta salarial fijada en el presupuesto: el mínimo aumentaría un 15%, en tanto se prevé una inflación de hasta el 17% y una pauta salarial similar.

Para peor, el proyecto oficial eliminaba deducciones, ítems que los trabajadores podían descontar del monto imponible, de modo que el aumento efectivo del mínimo sería aún menor. El único aspecto positivo es la redefinición de las escalas, que estiraría las distancias entre los distintos porcentajes de aporte.

Frente a esta iniciativa, el FPV, el massismo, el bloque justicialista y otros grupos  elaboraron una alternativa que postula un incremento del mínimo del 46%, e incrementa las escalas. Otro aspecto importante del proyecto es que establece gravámenes sobre el juego, la renta financiera y minería, y dispone que los nuevos jueces también paguen.

La iniciativa de la oposición no elimina el impuesto al salario, pero significaría un alivio más sustancioso para los actuales afectados por el tributo, evitando que el total de contribuyentes se incremente. Se votó en Diputados por 140 contra 86 de Cambiemos y 7 abstenciones. Ahora es el turno del Senado.

El gobierno reaccionó con ferocidad, tildando a la oposición de irresponsable y culpándola del elevado costo fiscal que implicaría; funcionarios y medios afines -a los que se sumaron gobernadores cada vez más macristas como Urtubey- cuestionaron la desfinanciación que acarrearía para el Estado. Esa preocupación no la tuvieron cuando el gobierno quitó las retenciones a la exportación o disminuyó otros gravámenes que afectaban a los sectores más adinerados, como el impuesto a los bienes personales o los autos de alta gama.

No hay muchos elementos como para confiar en las intenciones de buena parte de esa oposición liderada por Massa respecto de la defensa de los derechos de los trabajadores; sin embargo, el oficialismo ni siquiera disimula su defensa a ultranza de los sectores más concentrados.

JORGE RAMÍREZ