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Más irregularidades en proceso de Milagro

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Hace más de 4 años, Milagro Sala, dirigenta de la Organización barrial Tupac Amaru y parlamentaria del Parlasur (elegida en 2015 por el Frente para la Victoria), fue detenida por una denuncia del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, con connivencia del Poder Judicial.

La Causa Acampe, por la que quedó detenida el 16 de enero de 2016, fue por una manifestación realizada en la plaza central de San Salvador. Fue anulada, pero le armaron otras. La Causa “Bombachas” en la que fue acusada por una serie de llamadas intimidatorias a una seccional de la policía de Jujuy, tras la detención de una integrante de la Tupac. La Causa de los Huevazos por un escrache a Morales donde Milagro no participó, pero fue señalada como instigadora. Fue condenada a 3 años de prisión. Causa Balacera de Azopardo en el que estaba acusada de tentativa de homicidio, donde resultó absuelta. Y la más resonante: la causa Pibes Villeros en la que le dieron una condena de 13 años de prisión (que cumple actualmente con domiciliaria) por extorsión, fraude y asociación ilícita relacionada con la construcción de viviendas.

La condena estuvo precedida por el sojuzgamiento público, las provocaciones y la discriminación y constituye un acto de juzgamiento político con abuso de autoridad y arbitrariedad. Esta situación fue denunciada reiteradas veces por Milagro, sus abogadxs defensores y también en publicaciones anteriores de LIBERACIÓN, otros medios de prensa y organizaciones y referentes de DD HH a nivel nacional e internacional.

Hubo filtraciones de audios que datan de 2018 y 2019, donde el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Pablo Baca, reconoce que Milagro lleva años privada de su libertad por la conveniencia política de “sacar del medio” a una lideresa opositora con capacidad de movilización y construcción política y gremial por expresas directivas del gobernador Morales. Este, para lograr la mayoría automática en la Corte, aumentó el número de jueces de 5 a 9: dos diputados radicales que acababan de votar la ampliación y un tercero que también fue legislador de la Unión Cívica Radical. Baca es “casualmente” uno de los designados cuando se votó la ampliación. Sustituyó a Clara Langhe de Falcone que había afirmado: “no vamos a permitir que quede libre la persona esperando que quede firme su sentencia. Hago referencia a la dirigente social Milagro Sala”.

Milagro es una presa política, emblema de la persecución del gobierno de Macri y sus aliados a luchadores populares y dirigentes para disciplinar a los movimientos sociales y opositores. No es pidiendo a la Justicia de Jujuy, como hizo el Parlasur en un tibio comunicado, o a través de largos procesos y apelaciones que se logrará la libertad de Milagro, sino con fuerte movilización popular hasta lograr una Ley de Amnistía, para todos los presos políticos.

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