MÁS FEMICIDIOS

Pero Cúneo Libarona pretende eliminar ese delito del Código Penal

            Javier Milei se despachó en el Foro de Davos contra los derechos de las mujeres y el colectivo LGBTIQ+, además de reiterar sus habituales ataques contra la izquierda.

            Luego de la masiva Marcha Antifascista del 1F, en muchas ciudades del país, desde el gobierno intentaron explicar que “no había dicho” lo que sí dijo. Pero cuando el propio Milei salió a replicar que habían “editado” su discurso, volvió con los mismos ataques. Sus palabras no fueron ni “fake news” ni sacadas de contexto. Son la confirmación de su pensamiento profundamente misógino y fascista, que se concretó en la “motosierra” que desmanteló todas las redes estatales de contención y prevención de la violencia machista.

            El Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano” dio a conocer el informe sobre los femicidios, que en 2024 fueron 283, dejando a 343 hijos e hijas sin madre. Estas cifras desmienten al vocero Manuel Adorni, quien declaró muy livianamente que bajo la gestión de La Libertad Avanza, con menos presupuesto, habían disminuido un 10 por ciento los crímenes de mujeres. Y no pueden aducir que ese Observatorio sea un “nido de kukas” pues pertenece a la ONG “La Casa del Encuentro”, cuya fundadora es Fabiana Túñez, ministra de las Mujeres durante el gobierno de Mauricio Macri. Esa institución, que releva los femicidios desde 2009, recibe fondos de la Embajada de EEUU, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNPFA).

            Otras instituciones como Mumala (Mujeres de la Matria Latinoamericana), también relevaron un aumento de los femicidios en 2024. Así, surge que en 2023 hubo un femicidio cada 35 horas, en 2024 uno cada 33 horas, y en enero de 2025, con 28 femicidios, uno cada 26 horas.

            El informe de Mumala señala también que en 2024, solo el 12 por ciento de las víctimas de femicidios había denunciado antes a su agresor, el porcentaje más bajo de los últimos nueve años. Ello no indica una disminución de los casos sino el miedo a denunciar o la falta de acceso a la Justicia y a otras estructuras del Estado. El recorte en la línea 144 y en las redes de atención a las víctimas incidió negativamente en la presentación de denuncias y, por lo tanto, hay un subregistro de los casos. 

FEMICIDIOS, FUERA!

            Milei lo anunció y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona lo secundó: la intención del gobierno es eliminar la figura del femicidio, en aras de una supuesta “igualdad” entre varones y mujeres. Para el presidente, para quien la Violencia de Género es un invento de las feministas, no puede ser que la muerte de una mujer “valga más” que la de un hombre.  

            La figura del Femicidio como agravante del homicidio, fue incorporada al Código Penal mediante la ley 26.791, de 2012, que modificó el art. 80 del Código Penal agregando el inciso 11, el cual castiga con prisión perpetua al que matare a una mujer “cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.

            Para La Casa del Encuentro, los femicidios dejan “familias destruidas, hijos e hijas sin madre pero, fundamentalmente, vidas de mujeres y diversidades que han quedado truncas por el poder que les da a los hombres violentos el sistema patriarcal hoy avalado por este gobierno. Eliminar este agravante no brinda igualdad ante la ley, sino que desconoce la problemática social del femicidio y vulnera aún más el derecho de las mujeres, niñas, adolescentes y diversidades a una vida libre de violencias por razones de género”.

            La jueza de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay, fue la impulsora de la Oficina de Violencia contra la Mujer, creada en 2009 y que desde 2014 elabora un Registro Nacional de Femicidios. En el mundo, según datos de las Naciones Unidas, el 56 por ciento de todos los homicidios de mujeres en el mundo son cometidos por sus parejas íntimas y otros miembros de su familia, mientras que solo el 11 por ciento de todos los homicidios de hombres se cometen en el ámbito privado.

            Esa es la nota distintiva del femicidio, no es que la vida de la mujer valga más que la del hombre, como tan burdamente afirma Milei, sino que es la forma extrema de la violencia que los varones ejercen contra las mujeres. Y tal como lo define la Convención de Belem do Pará, “es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”.

DESIGUALDAD

            El concepto de “igualdad” no puede aplicarse en un contexto de desigualdad y esa es la finalidad de las leyes protectorias de determinados segmentos de la sociedad. En el caso de las mujeres existe un andamiaje jurídico construido en el derecho internacional, desde la CEDAW (Convención para Erradicar todo tipo de Discriminación contra la Mujer), la Convención de Belem do Pará (Convención Interamericana para Erradicar la Violencia contra las Mujeres), hasta las leyes argentinas en materia de violencia de género, como la que incorporó la figura del Femicidio o la Ley Micaela. Y también hubo en nuestra historia, leyes que buscan desarmar el contexto de desigualdad que afecta a las mujeres, como la ley de Voto Femenino, en 1952, o la que incorporó el llamado “cupo femenino” en las listas electorales tanto en materia política como sindical.

            No asombra que Milei y su gobierno quieran desarmar esa construcción legislativa que intenta equiparar situaciones que parten de la desigualdad, tanto en materia laboral, penal, electoral, etc.

MISÓGINO

            Desde sus primeras medidas de ajuste, Milei arremetió contra las mujeres y el colectivo  LGBTIQ+. En diciembre de 2023 suprimió el ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades, para transformarlo en Subsecretaría, bajo la órbita del ministerio de Justicia. En junio de 2024, a pocos días del Ni Una Menos, se anunció la eliminación definitiva de esa Subsecretaría.

            Para este gobierno, las dependencias del Estado destinadas a la defensa de derechos de colectivos en situación de vulnerabilidad, son “nidos de militantes”, que imponen una “agenda ideológica”. No fue solo contra las mujeres y diversidades, también se disolvió el INADI (el Instituto que entendía en toda situación de discriminación), se eliminaron áreas que atendían a personas con discapacidad, migrantes, y están desmantelando los espacios de la Memoria y las áreas del Estado relativas a los Derechos Humanos, todo ello con los consiguientes despidos de trabajadores estatales.

IRINA SANTESTEBAN