Lucha mapuche es justa y puso la cuestión de la tierra al tope

La muerte de Santiago Maldonado en un irregular operativo de desalojo de la comunidad Pu Lof Cushamen por la Gendarmería y el asesinato de Rafael Nahuel por el Grupo Albatros de Prefectura Naval en otro operativo, han devuelto el tema de la lucha por la tierra de los pueblos originarios como una problemática que nos interpela.

Nos tratan de presentar a la nación Mapuche como un “peligro”, a partir de un falso relato contra una parcialidad que constituye el 0,3% de los habitantes del país, un puñado de los cuales habita el Pu Lof en Resistencia del departamento Cushamen, al noroeste de Chubut. Desde marzo de 2015 un grupo de ellos se instaló en tierras que el Estado ahora reconoce como propiedad de Benetton, pero que desde finales del Siglo XIX documentó como propiedad originaria.

Esta construcción se asemeja a la de “enemigo interior” desarrollada por la Doctrina de Seguridad Nacional para justificar las desapariciones de la dictadura militar-cívica.

De las 22.322.300 hectáreas usurpadas durante la “Campaña del desierto” en la actual provincia de Chubut, el general Justo Argentino Roca impuso el reparto de 7.579.058 hectáreas entre oficiales y suboficiales y parte de la aristocracia terrateniente patrocinadora.

Por otro lado Roca mediante Ley del Hogar Nº 1501 de 1884, con intención confinar a los indios a lugares restringidos, llevándolos al sedentarismo y procediendo a evangelizarlos y aculturarlos para poder controlarlos mejor, concedió 125.000 hectáreas a “aborígenes y gauchos de bajos recursos” bajo la excusa de mejorar el rendimiento en la agricultura. En esa zona fue concedida a las familias lideradas por el cacique Miguel Ñancuche Nahuelquir en la “colonia aborigen pastoril” Cushamen.

Esta comunidad con escaso acceso a aguadas y sin diferenciación entre campos de veraneada e invernada, se encuentra rodeada por las estancias de la Compañía de Tierras del Sud Argentino, hoy del Grupo Benetton. Nació como empresa británica que obtuvo las mejores tierras y las más cercanas al ferrocarril por haber financiado el exterminio de la “Conquista del Desierto”.

La mayoría de la población vive en situación de extrema pobreza, marginación y con dificultades de acceso a salud, educación y alimentación, a pesar de lo cual se construyó una fantasía bélica, convertida en hipótesis de conflicto militar por el Ministerio de Seguridad.

Pero no sólo el patrimonio y la cultura de los pueblos originarios es lo que está en juego, sino los recursos de las tierras y el subsuelo. En la Patagonia está el 80% de la producción de petróleo y gas natural, una de las grandes reservas de agua dulce del planeta junto al acuífero Guaraní y un potencial hidroeléctrico sin límites, gracias a que trece de las cuencas pluviales más importantes del mundo se encuentran allí. También tiene uranio, oro, plata, el principal yacimiento de carbón del país, plomo, cinc, cobre y arenas pesadas usadas para la obtención de concentrado de titanio, hoy en poder de grandes intereses extranjeros.

Argentina es uno de los países de Latinoamérica con legislación más avanzada en derechos de los pueblos originarios, pero en la práctica existe una gran desidia para reconocer su cultura y la propiedad sus tierras, lo que viene acompañado de un contexto represivo más intenso.

Nuestra Constitución y la Ley 26.160 recientemente prorrogada, reconocen los derechos de los pueblos originarios y su preexistencia étnica y cultural como el derecho al relevamiento de la propiedad comunitaria indígena para su titularidad.

Esa ley sancionada en 2006 señala que hasta que no se realice un estudio y relevamiento sobre las tierras comunitarias, no puede desalojarse a ninguna comunidad nativa del territorio. Sin embargo, ya han muerto 12 personas en procesos de recuperación territorial desde que se promulgó esa ley. Sin mencionar las “desapariciones o accidentes” ocurridos en esas comunidades.

Existe una gran brecha entre las leyes y su aplicación debido a los intereses imperialistas y de la gran burguesía terrateniente.

En Latinoamérica, el acceso y distribución de tierras ha constituido uno de los principales problemas. La concentración de tierras y los latifundios ha sido una constante, del mismo modo que hubo resistencia al despojo y las ocupaciones directas de tierras por parte de campesinos y comunidades indígenas. Estos dos procesos son las dos caras principales del problema de la tierra. Esta es la base de muchos procesos revolucionarios, crisis nacionales y experiencias políticas variadas de la región.

Estos problemas territoriales interpelan a la sociedad en su conjunto, aunque se los presente como cuestiones particulares de poblaciones marginales. La conflictividad por la tierra revela que el campesinado y los pueblos originarios, a pesar de las amenazas que enfrentan, están protagonizando una disputa de gran importancia para todos los hombres y mujeres.

PABLO AGUIRRE