LUCHA DOCENTE Y RECHAZO A LA REFORMA CONSTITUCIONAL

ARDE JUJUY

Tal como acontece en Salta desde hace semanas, donde la lucha docente alcanzó una masiva adhesión y apoyo popular, en Jujuy el conflicto social ha alcanzado un alto grado de movilización.

            Comenzó también con la lucha de los y las docentes de diferentes niveles (inicial y primario, secundario y del sector privado), que desde el lunes 5 de junio iniciaron un paro por tiempo indeterminado. Toda esa semana se sucedieron las movilizaciones a las que se fueron sumando otros sectores (estudiantado, personal de salud, movimientos sociales y partidos políticos de izquierda), que apoyan el reclamo docente de recomposición salarial, y se agrega el rechazo a la reforma constitucional de la provincia, que el gobernador Gerardo Morales pretende aprobar, sin debate.

            La reivindicación del salario es el motor principal de las luchas pues la inflación ataca duramente a los sectores de ingresos fijos. La pérdida del poder adquisitivo ha llegado a un punto que resulta intolerable, y por ello la masividad de las medidas de fuerza y el apoyo que concitan en el resto de la población. Los y las docentes de Jujuy se quejan de sus ingresos “miserables” y están dispuestos a no ceder en ese justo reclamo.

            Los días jueves 8 y 15 de junio, hubo marchas de antorchas, que recorrió varias cuadras de San Salvador y se replicó en otras localidades como El Carmen, Monterrico, Tilcara, Humahuaca, Perico, La Quiaca y Libertador San Martín.

            El gobierno ofreció llevar el salario inicial docente a 175.000 pesos a partir de junio, pero la canasta básica total del mes de abril superó los 200.000 pesos. Además, la docencia exige el no descuento de los días de paro.

RECHAZO A LA REFORMA

            Además del apoyo a la justa lucha del personal docente, las movilizaciones unieron a diferentes sectores de la población en el rechazo a la reforma constitucional que se aprobó el 16 de junio a la madrugada en una Convención Constituyente, que tenía por objetivo reformar 193 artículos de los 212 que tiene la Constitución Provincial de Jujuy. Morales fue elegido convencional y presidente de la Convención y promovió la aprobación de la reforma de manera urgente. A pesar que la Convención inició sus sesiones el 22 de mayo y tenía un plazo de 90 días para debatir, el sábado 10 de junio se cerró el plazo para presentar las conclusiones de las comisiones, y en menos de una semana aprobaron las reformas, con los votos radicales y del PJ, cuyos 13 convencionales levantaron la mano para formalizar semejante ataque a las libertades democráticas. Así, sin haber transcurrido un mes desde el inicio de los “debates”, salió la reforma exprés.

            Tal como lo denunciaran los seis convencionales del Frente de Izquierda (FITU), no se permitió que las sesiones de las comisiones sean públicas y se cercenó la participación de referentes de organismos de derechos humanos, movimientos sociales, de las comunidades originarias, etc. La reforma, ahora ya aprobada, sigue concitando el rechazo de amplios sectores del pueblo, porque restringe la libertad de expresión, elimina las elecciones de medio término y establece que el partido que obtenga la mayoría de votos en las elecciones tendrá la mitad más una de las bancas de la Legislatura, sin importar el porcentaje obtenido en las urnas (sistema que ya rige en Córdoba luego de la reforma impulsada por José Manuel de la Sota en 1999).

            Bajo el título “Derecho a la Paz Social y la Convivencia Democrática Pacífica”, se prevé la “expresa prohibición de cortes totales de calles y cortes de ruta, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de los habitantes de la provincia y sus consecuencias legales”; dándose la paradoja de imponer una Constitución que en lugar de reconocer derechos tales como el de libre expresión o peticionar a las autoridades, los restrinja en nombre de “la paz social y la convivencia democrática pacífica”.

            Por ello, esos seis convencionales más dos del PJ se retiraron de la Convención Constituyente, denunciando esas irregularidades y el contenido antidemocrático de la reforma que finalmente se aprobó, con los votos de la UCR y el PJ.

RESISTENCIA Y LUCHA

            En relación a los pueblos indígenas, el proyecto de reforma vulnera la Constitución Nacional (art. 75, inc. 17) que reconoce la posesión y propiedad de las tierras comunitarias que tradicionalmente ocupan. También se viola el derecho a la consulta previa, libre e informada, en todo lo atinente a sus derechos. El nuevo texto aprobado se elaboró a la medida de las corporaciones mineras, pues incorpora “mecanismos y vías rápidas y expeditivas que protejan la propiedad privada y restablezcan cualquier alteración en la posesión, uso y goce de los bienes a favor de su titular”, estableciendo que se considerará “grave violación al derecho de propiedad la ocupación no consentida”, dando lugar a desalojos.

            Tampoco se escuchó a las comunidades indígenas en lo relativo al uso del agua, otro punto que se reformó y que tendrá sus consecuencias en las explotaciones de litio en esa provincia.

            Desafiando el nuevo texto constitucional, las comunidades originarias están realizando cortes de ruta en varias regiones jujeñas. En Abra Pampa fueron reprimidos el sábado 17 a la madrugada, por parte de la Infantería que golpeó a manifestantes incluidas mujeres e infancias. Hubo detenidos, pero lejos de amedrentarse, han redoblado la lucha y convocan a todo el pueblo jujeño a salir a las calles en contra de la reforma y para que renuncie el gobernador.  

            Morales se pasea por Buenos Aires rosqueando en la interna de Juntos por el Cambio, para lo cual cuenta con la complicidad de los medios de la prensa corporativa, que ocultan la grave situación y la resistencia popular en Jujuy.

            El carcelero de Milagro Sala, presa injustamente desde hace más de siete años, miente e intenta disimular la crisis descomunal en su provincia. Se ufanaba de que a él “nadie le hacía un piquete” y hoy tiene las calles y las rutas ocupadas, por un pueblo que desafía la prohibición que han plasmado en una Constitución antidemocrática y represiva.

IRINA SANTESTEBAN