Ley Bases: gravísimo retroceso en los derechos laborales

            Como fiel representante de la ultraderecha, desde el comienzo de su gestión, Javier Milei se propuso la liquidación de las conquistas obreras, que en Argentina cuentan con una profusa legislación, no por concesiones graciosas de los gobiernos, sino de luchas obreras de décadas.

            En la Constitución Nacional, el art. 14 bis consagra derechos que no pueden ser suprimidos sin una reforma; sin embargo, el inconstitucional DNU 70/2023 pretende modificar y/o suprimir esos derechos, lo que no puede hacerse ni siquiera con una ley del Congreso, y menos con un decreto de “necesidad y urgencia”.

            Una Cámara del fuero laboral acogió la medida cautelar del amparo sindical que se interpuso en su contra, y suspendió la aplicación del capítulo laboral del DNU. A pesar de ello, el gobierno facho libertario insistió con la Ley Ómnibus, que no tuvo éxito, y ahora con la Ley Bases, que acaba de ser aprobada en la Cámara de Senadores. Para lograr la ajustada votación favorable (tuvo que desempatar la vicepresidenta Victoria Villarruel), utilizó métodos acordes a lo peor de “la casta política”: promesas de obra pública (esa que había que eliminar, según Milei), nombramientos como el de la senadora neuquina Lucila Crexell, para ser designada embajadora en la UNESCO. Todo ello a cambio del voto de senadores y senadoras que se dieron vuelta como una media.

            Numerosos y prestigiosos constitucionalistas lo habían advertido en el debate en Comisión: con esos métodos y la complicidad de la “oposición dialoguista”, se intenta meter por la ventana una verdadera reforma inconstitucional. 

            Emulando los métodos de la dictadura, la ministra de InSeguridad Patricia Bullrich implementó un operativo represivo el día de la sesión en inmediaciones del Congreso, con la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería, más la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Miles de efectivos desplegando una brutal represión contra los manifestantes y realizando detenciones arbitrarias.

            Aunque expresa que a los trabajadores que participen de huelgas no se les aplicarán sanciones, la Ley Bases incorpora como causal de despido “con justa causa” los bloqueos y tomas de establecimientos, métodos habituales en las luchas obreras. Con este nuevo régimen, cualquier piquete en la puerta de una fábrica y hasta una asamblea, podrá ser la excusa de las patronales para deshacerse de “molestos activistas”. Legaliza los descuentos de días u horas no trabajadas, cuestión que siempre fue rechazada por las organizaciones sindicales y que tenía fallos judiciales diversos. El derecho de huelga está consagrado en el art. 14 de la Constitución Nacional, y a pesar de que los gobiernos de derecha siempre intentaron “reglamentarlo” (léase “cercenarlo”), nunca pudieron avanzar legislativamente. Milei lo hizo.

            Estos métodos represivos para cercenar la protesta, más que una muestra de fortaleza, revelan que tanto el gobierno como las patronales saben que el pueblo trabajador no dejará pasar estas reformas sin resistencia.

            Bajo la mentirosa mención a la “promoción del empleo”, en realidad se facilita a las empresas más precarización laboral, con el aumento del período de prueba y la supresión de multas a quienes empleen trabajadores sin registrar.

            Las modificaciones al régimen del trabajo rural (ley 26.727) van a tono con el ensañamiento que demuestra este gobierno contra los sectores más vulnerables. En esa ley se establece que el contrato de trabajo agrario debe entenderse siempre celebrado “con carácter permanente” y expresamente prohíbe cualquier modalidad de “trabajo a prueba” por ningún período. La Ley Bases modifica esa norma consagratoria de derechos para un sector laboral altamente precarizado y permite que se contrate “a prueba” por tiempo indeterminado. La Sociedad Rural y patronales agrarias, ¡de fiesta!

            Otro sector altamente precarizado en el mundo laboral es el de las empleadas de casas particulares. Estas trabajadoras se verán perjudicadas con la sanción de la Ley Bases, pues se deroga el artículo de la ley 26.844, que establecía la obligación de la empleadora de pagar doble indemnización por despido, cuando la trabajadora no hubiera estado registrada. Una invitación a seguir contratando empleadas informales y poder despedirlas cuando quieran, sin tener que pagar doble indemnización. Ahora tampoco tendrán que pagar multa por ello.

            Está claro que el avance de esta derecha fascista en el terreno de los derechos laborales, se ha consolidado con la sanción de la Ley Bases. Por ello resulta indignante que las centrales obreras no hayan permanecido durante toda la sesión en la calle, como se habían comprometido algunos dirigentes. Estuvieron unas horas, cantaron el Himno y se fueron.

            Y apenas se conoció la vergonzosa aprobación de la Ley, se debió haber convocado urgente a un Plan de Lucha, al paro general y a la inmediata movilización de todo el movimiento obrero.

            Ante esa traición de la dirigencia burocrática, es necesario la urgente acción de los sindicatos combativos, las agrupaciones antiburocráticas y clasistas, los movimientos sociales y de la economía popular, para impedir que esta nefasta ley cumpla con su cometido, que no es otro que profundizar la precarización y explotación laboral.

IRINA SANTESTEBAN