Lesivo acuerdo con los “fondos buitre”

Un país puede endeudarse de muchas maneras. Puede aumentar su deuda recibiendo préstamos, mediante los cuales ingresa dinero que luego deberá devolver; o puede recibir deuda vieja, cambiarla por deuda nueva, sin ver ni un centavo de dólar. Una gran parte de la deuda externa de nuestro país se conformó de esa segunda manera.

La deuda externa argentina se consolidó durante la dictadura, cuando alcanzó los 45.000 millones de dólares. De ese monto, se estima que unos 23.000 millones corresponden a la estatización de deuda privada, a favor de grupos económicos nacionales y extranjeros. Esa deuda se convirtió en un peso sobre los hombros de los argentinos, condicionando a los gobiernos posteriores que tampoco hicieron nada por delimitar los compromisos legítimos con los que no lo son.

El gobierno de Macri puso toda su artillería en alcanzar un acuerdo con los “Fondos Buitres”, que compran deuda de países en dificultades o default para cobrarla con creces cuando éstos mejoran sus finanzas. La operación que busca el gobierno producirá un salto significativo en el endeudamiento, ya que podría ser enormemente mayor a los valores involucrados en la propuesta del oficialismo de emitir bonos por unos 15.000 millones de dólares.

Macri y Prat Gay propusieron pagar 6.500 millones de dólares en efectivo; al reconocer el fallo de Thomas Griesa, consideran que lo que se le debe actualmente u$s 9.000 millones a los buitres favorecidos por el juez. Por eso los funcionarios y casi todos los medios masivos presentan la oferta destacando una quita del 25%. Lo real es que reconocen el capital nominal que dicen los papeles, más los intereses y punitorios surgidos de la sentencia.

Entre los años 2005 y 2010, los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández canjearon bonos de deuda por nuevos bonos de menor valor pero que se ofrecía como más viables de cobrar para sus tenedores. Una parte de la deuda pasó entonces a estar en pesos (un 37% del valor nominal). Cabe señalar también que gran parte de la nueva deuda se contrajo en función de la evolución del PBI y de la inflación, y que casi en su totalidad se regía por la legislación norteamericana. Con esas aclaraciones, el kirchnerismo presumió de haber reducido la deuda externa, lo cual no es cierto en términos absolutos pero sí en relación con el PBI nacional. A partir de allí, Argentina pagó de la mano del gobierno anterior 145.000 millones de dólares; como se ve, más del monto total de la deuda que se refinanció con los canjes.

No todos los acreedores aceptaron aquellos canjes: fuera de estos acuerdos quedó una deuda de 11.000 millones de dólares, representado en bonos que están en poder de los “fondos buitres”. Según el ex ministro Kicillof estos fondos pagaron 25 centavos por cada dólar, justamente porque se consideraba que eran papeles que difícilmente se podrían cobrar; ahora cobrarían 4 dólares por el cumplimiento de la sentencia del juez de Nueva York.

En 2012 ese magistrado Griesa falló a favor de un grupo de buitres encabezado por Paul Singer (NML), ordenando que Argentina le pague el 100% del valor nominal de la deuda. Posteriormente, el mismo magistrado resolvió a favor de otros buitres que no habían participado de la demanda original.

Al valor del dólar al momento de escribir este artículo, el gobierno planea pagar en efectivo $101.400 millones. Esto significa más del doble que el costo de los cambios en ganancias, aún en los términos sobrestimados por el gobierno. Para ello el gobierno buscará nueva deuda mucho más cara, que caerá -nuevamente- sobre las espaldas de los argentinos.

Un riesgo adicional es que otros acreedores, del 93 por ciento que acordó con los dos canjes anteriores, litiguen contra el país reclamando un trato similar al que se les da a Singer y demás “buitres”. Si hay algún juez en USA dispuesto a darles lugar, Argentina asumirá una deuda mucho mayor.

En el mejor de los casos, el acuerdo que impulsa el oficialismo implicará una pesada deuda nueva, para pagar deuda vieja; pero puede ser peor si prosperan los planteos que ya están haciendo quienes entraron a los canjes de 2005 y 2010.

Para viabilizar el acuerdo, el Congreso debe derogar las dos leyes que impulsó el kirchnerismo y que impiden que se pague en mejores términos que los acordados por el canje. En esta historia, donde se nos obligó siempre a pagar por deuda que no nos benefició, y a aceptar leyes y jueces extranjeros, el gobierno del PRO-Cambiemos pretende escribir una nueva página oprobiosa.

JORGE RAMÍREZ