Las reformas laborales que viene aceptando la burocracia

            La gran burguesía tiene un plan de acción para asegurar la explotación y aumentar sus ganancias. Este plan de acción no está oculto, es público y de hecho trabajan mediáticamente para lograr aceptación pública. También buscan apoyo en los bien dispuestos funcionarios públicos y complicidad en la burocracia sindical.

            Este plan de acción se hizo público en el 57° coloquio de IDEA, foro empresarial que reúne a los principales Ceos y al que invitan a dirigentes y funcionarios de los partidos tradicionales.

            Bajo el lema  “Logremos una Argentina sostenible” Paula Altavilla, presidenta de esta edición del Coloquio y CEO de la empresa Schneider Electric, explicó en el coloquio que  hay una serie de factores que desincentivan la creación de empleo:

1 – Una legislación laboral “que no logra adaptarse a los tiempos que corren y que se encuentra entre las más rígidas del mundo. Algunas de las normas o convenios de trabajo vigentes, tienen más de 45 años”.

2 – “El costo que tanto una empresa como su empleado tienen que pagar al fisco, el más alto de la región”.

3 – “Reafirmando el derecho a una justa indemnización para cada trabajador, Argentina tiene por ley las indemnizaciones más altas de la región y se ha creado una industria en torno a los juicios laborales, que en los últimos 15 años se multiplicaron”.

            En definitiva no está planteando los factores que desincentivan la creación de empleo, más bien, plantea los factores que impiden aumentar la explotación sobre los trabajadores asalariados.

            Para aumentar esta explotación proponen:

1 – “Un régimen laboral de emergencia” que incluya: bonificaciones temporales en aportes y contribuciones patronales privilegiando el empleo joven. Un nuevo esquema de desvinculaciones que preserve las indemnizaciones y dé certidumbre al costo de cese de la relación laboral.

Es decir, pagar menos aportes y poder despedir más fácil y con menos costo.

2 – “Corregir las distorsiones más problemáticas de la legislación laboral vigente para detener la pérdida de trabajadores formales”. Poner foco “en la reducción de la litigiosidad” además de la “federalización del servicio de conciliación laboral obligatoria”. También, la “reforma de régimen de multas laborales que desincentive la industria del juicio y la modernización de los convenios colectivos de trabajo para promover mejoras en la productividad”

Es decir, más facilidades para eludir consecuencias legales si despiden y más flexibilidad laboral para aumentar sus ganancias.

3 – Impulsar la “capacitación en empresas que faciliten la inserción laboral”. “Reconocer el empleo independiente mediante una reformulación del monotributo y la creación de una nueva figura laboral” y “formalizar a los trabajadores de la economía popular mediante el reconocimiento de sus actividades”.

En el marco de capacitaciones y pasantías y acentuando la estafa del mono tributo (porque esconde las relaciones laborales de dependencia) se busca mantener  e impulsar la precarización.

Ante esto surge la pregunta: ¿Qué rol tendrá la CGT?

Primero el gobierno mantiene calmados y contentos a los co-secretarios generales de la CGT Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, junto al resto de la burocracia (Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, Armando Cavalieri, José Luis Lingieri, Antonio Caló, Rodolfo Daer, Noemí Ruiz, Roberto Fernández, Jorge Sola, Víctor Santa María, Sergio Romero, Robustiano Geneiro y Sebastián Maturano)

            Alberto Fernández prometió $7.000 millones extra para las obras sociales; que se suman a los 13 mil millones que se giró en los primeros seis meses del año para el financiamiento de tratamientos médicos,  pago de proveedores y gastos derivados de la atención sanitaria de la pandemia.

            La reforma laboral encubierta con aval estatal y de las cúpulas sindicales se está gestando en Toyota, la cual parece ser el “conejillo de indias” para luego replicar en más empresas.

            La extensión de la jornada laboral a los sábados a cambio de un plus económico, un franco móvil y  efectivizar a 1.012 trabajadores es el primer paso. El plus esconde destruir la facultad de aceptar o no, y cobrar como tales, las horas extra de los sábados.

            Los trabajadores que se efectivizan no se debe a dádiva empresarial sino que responde a la extensión de los contratos y a las necesidades productivas de la empresa. La burocracia del Smata rápidamente accedió a la aceptación de los términos patronales convocando una asamblea exprés sin oradores opositores ni explicar el trasfondo de las medidas.

            En definitiva la gran burguesía expone sus objetivos, el gobierno prepara el terreno y la burocracia sindical termina de hacer efectivo el avance contra los trabajadores. Es importante exponer este asunto para ir generando la resistencia necesaria. Porque en definitiva la única lucha que se pierde es la que se abandona.

MARTÍN SERRUDO