Las prioridades hoy de los organismos de DDHH

La mayoría de los organismos de Derechos Humanos nacieron durante la última dictadura militar, como órganos de denuncia a las violaciones cometidas por ésta, y de apoyo a familiares y víctimas. Ya en democracia, se dedicaron a luchar por la Memoria, la Verdad y la Justicia, que continúa y fue acompañada por la inmensa mayoría del pueblo.

Así se logró la condena de 688 genocidas militares, y el mes pasado la del primer civil implicado en crímenes de lesa humanidad: Marcos Levin, ex propietario de la empresa de transporte La Veloz del Norte, de Salta.

Esa lucha fue tomada como política de Estado por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, lo que significó aprobar leyes para juzgar y condenar a los genocidas, crear espacios para la Memoria, formar instituciones para proteger a las víctimas del terrorismo de Estado, indemnizar a los hijxs de desparecidxs, presxs políticxs y exiliadxs; introducir la temática en el calendario y la currícula educativa, señalizar centros de detención ilegal y difundir documentales, películas y espacios informativos en la Televisión pública. Esta política de Derechos Humanos fue reconocida y elogiada por la comunidad internacional.

En la actualidad, el gobierno de Mauricio Macri, representante del imperialismo y los monopolios, que en su momento habló del “curro” de los derechos humanos, partidario de la amnistía y del perdón a los genocidas, nos plantea redefinir a los organismos de derechos humanos en este nuevo contexto histórico. Debemos seguir impulsando los juicios, exigiendo cárcel común, perpetua y efectiva para todos los militares y sus cómplices civiles, pero tener en claro que es necesario salir a denunciar las violaciones a los derechos humanos y sociales que lleva adelante el gobierno de Macri.

Como afirmamos en lo que atañe a las políticas económicas, no es necesario “esperar para ver que quiere hacer” en el ámbito de los DD HH. El nombramiento como secretario de DD HH. de Claudio Avruj, ligado al sector sionista de la DAIA cercano al “Fino” Palacios, que se apresuró a desfinanciar organismos como el Parque de la Memoria, y a cerrar el Programa de atención a las víctimas de Delitos Sexuales, además de desplazar al Presidente del Archivo Nacional de la Memoria, (poniendo en riesgo informaciones, testimonios y documentos para estudiar la represión ilegal), las declaraciones de funcionarios que ponen en dudas la cifra de desaparecidos, etc. manifiestan lineamientos de la política de Derechos Humanos muy diferente a la anterior.

Por eso, sin renunciar a las consignas históricas del movimiento de DD HH:  “no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos”, en este contexto económico y social del país debemos ver a los derechos humanos como procesos de apertura y consolidación de espacios de lucha por la dignidad humana y de resistencia a la opresión. Como todo espacio político de participación hay lugar para la diversidad y para las discusiones, en el marco excluyente del campo popular. Las diferencias que hoy existen entre los organismos, que se expresan y se visibilizan los 24 de marzo especialmente, no deben agotar la posibilidad de construcción de nuevos organismos de DD HH que se cimente en la unidad necesaria para luchar contra la criminalización de la protesta popular que se expresa fundamentalmente en la Ley anti-piquetes, la persecución a militantes sociales como Milagro Sala, la brutalidad policial y el gatillo fácil, los apremios contra travestis y transexuales, la represión contra los pueblos originarios, y el ataque sistemático contra los derechos de trabajadores, mujeres, adolescentes y niños de los sectores más vulnerables.

El problema central no es el narcotráfico, como dice Macri para justificar el accionar represivo. Lo central es el daño económico, social y cultural que provocan las políticas de los monopolios y banqueros expresados por Macri.

Llamamos a articular Redes de DD HH que permitan conocer y dar respuestas a las violaciones de Derechos Humanos y sociales para avanzar hacia una “seguridad democrática” con participación de los sectores involucrados, organizaciones sociales y de DD HH.

ELENA RIVERO