Las penas son de nosotros

Por Horacio Rovelli

El gobierno nacional, mediante los decretos de necesidad y urgencia 163 y 164 del 22 de marzo 2023, dispuso:
Que las jurisdicciones, entidades y fondos de la Administración nacional deben proceder a la venta o subasta de sus tenencias de los títulos públicos nacionales denominados y pagaderos en dólares estadounidenses.
Que los títulos bajo legislación extranjera (GD–Bonos Globales) deberán ser entregados en canje al Tesoro de la Nación (Ministerio de Economía) por los títulos públicos emitidos en pesos por hasta el monto que resulte necesario para el canje dispuesto.
Que los bonos bajo legislación argentina (AL-Bonar) deberán ser vendidos o subastados por la entidad que determine el Ministerio de Economía bajo los términos y condiciones que este disponga, por cuenta y orden de los organismos referidos, quienes deberán suscribir títulos públicos nacionales pagaderos en pesos a ser emitidos por el Tesoro de la Nación en un Bono Dual, con vencimiento en el 2036 por un importe efectivo equivalente al 70 % del producido que reciban por las operaciones de venta de sus tenencias de títulos públicos denominados y pagaderos en dólares estadounidenses. El 30 % restante será abonado en pesos a la entidad.

EL DNU 164/23 sostiene que la operaciones de canje no estarán alcanzadas por las disposiciones del artículo 65 de la Ley N.º 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificaciones, que dice expresamente que se debe reestructurar la deuda pública mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida en que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales.
La operación será registrada en sus estados contables a valor técnico, esto es, por ejemplo, se vende el título al precio del dólar CCL (al jueves 23 de marzo de 2023 de $ 390,19 por dólar), cuando el valor oficial tipo vendedor fue a esa fecha de $ 212,97. Pero el organismo público comprará el Bono Dual al 60 % de su valor técnico.
En el caso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS, según el cálculo que hace la entidad, posee Bonar (AL) por un valor nominal de unos 13.500 millones de dólares, la cotización del jueves 23 de marzo de 2023, el promedio fue del 26 % de ese valor (la cuarta parte), por ende resultan ser 3.500 millones de dólares. Su conversión en pesos, al venderlo en el CCL, hubiera sido de $ 1,37 billones, pero los Bonos Dual que compra son por $ 1,92 billones (un 40 % mayor).
Contablemente, al tomar un precio mayor (el del CCL) que el oficial y el de poder comprar nuevos títulos de deuda a un precio menor significa una ganancia. Además, le dan el 30 % de la venta en efectivo, que debería usarse para aumentar las magras jubilaciones y pensiones de los que perciben la mínima y hasta dos veces la mínima y de las distintas asignaciones sociales que abonan, de esa manera justificarían que el fondo FGS sea de sustentabilidad de los beneficiados.
Con estas medidas, el gobierno busca estabilizar el dólar financiero y absorber pesos. Por un lado, se convertirá en pesos y disminuirá la deuda externa en 4.000 millones de dólares de los títulos bajo ley extranjera. Por otro lado, inyectarán oferta pública en el MEP o en el CCL a través de subastas de Bonares (Títulos de deuda bajo legislación argentina), cuyo cronograma y monto irá determinando Economía.

Esto generará una transferencia de deuda en moneda extranjera que hoy está en poder de organismos públicos al sector privado. Los únicos que estarán exentos de desprenderse de sus tenencias serán el Tesoro de la Nación y el Banco Central, que las conservarán como reserva para intervenir en los dólares financieros en caso de que se incrementen las presiones del mercado en la previa de las elecciones.
El gobierno debe afrontar en 2023 pagos de deuda al FMI por 3.930 millones de dólares. De los cuales corresponde al pago de capital (este año es menor el ingreso por el crédito que da el FMI para pagar los vencimientos que el pago: esa diferencia es de 1.350 millones de dólares) a lo que se suman intereses por 2.580 millones de dólares. Los intereses a los bonistas (tenedores de los títulos de deuda, básicamente los Bonos Global-GD y Bonar-AL) representan 2.000 millones de dólares.
Pero, por otra parte, el BCRA deberá venderle dólares al precio oficial a las provincias para que paguen sus deudas externas por unos 1.500 millones de dólares y a las empresas por otros 1.500 millones de dólares.
También el BCRA tiene previsto vender reservas internacionales para el “dólar ahorro” (los que pueden comprar hasta 200 dólares por mes) por 1.500 millones de dólares; y el dólar turista o tarjeta, para que un sector de la sociedad viaje y compre por el mundo, por 4.000 millones de dólares.
Finalmente, la estimación de importaciones del año 2023 de 93.200 millones de dólares hace un total de 107.630 millones de dólares. Las exportaciones se estimaban en el presupuesto nacional 2023 en 105.550 millones de dólares, a las que se suma el ingreso de dólares de los organismos internacionales y del BNDS de Brasil y hasta el acuerdo de swaps con China para que le paguemos sus importaciones con créditos de ellos. Todo ello permitía “cerrar” el año.
El problema es la fuerte sequía, agravada por las altas temperaturas de marzo, que hace que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) estime que la producción de soja se reduzca de 33,5 millones a 29 millones y también redujo la proyección de cosecha de maíz en 3,5 millones de toneladas, de 41 millones a 37,5 millones. Además, sucede con los otros cultivos, que impactará en no menos de 12.000 millones de dólares menos de exportación.
Por ende, las medidas adoptadas en el DNU 164/23 resultan una vía para intervenir en el mercado cambiario financiero sin recurrir a las escasas reservas netas del BCRA.

LA VERDAD
El problema real es que el Ministerio de Economía está privatizando deuda externa (títulos que tienen los distintos estamentos del Estado) a precio vil. La lámina del AL 30, que vence en el año 2030, de 100 dólares, se cotiza en torno a los 25 dólares), y se permite que quienes los compren (bancos, aseguradoras y fondos de inversión) giren sus utilidades a través del CCL con esos títulos.
Obviamente esa operatoria de venta a precio vil y fuga frenará los distintos paralelos, pero a costa del Estado nacional que deberá pagar al valor nominal (100 dólares la lámina) a su vencimiento.
El problema fiscal es el constante subsidio de Macri y de Alberto Fernández al capital concentrado. Por ejemplo, el BCRA le paga, este año 2023, una renta a los diez bancos privados más grandes de no menos de 5 billones de pesos (unos 20.000 millones de dólares) y, sin embargo, el FMI exige que el BCRA no puede prestarle más al Tesoro para el corriente año que el 0,6 % del PIB ($ 883 mil millones a precios de septiembre 2022, año en el que se elaboró el presupuesto nacional).
Y son esos mismos bancos, más las compañías aseguradoras y los fondos de inversión, los que propician que el Estado se desprenda de títulos en dólares para comprarlos ellos. Títulos que, cuando se convirtieron en el canje que realizó el 31 de agosto 2020 el ministro Martín Guzmán, cotizaban en torno a los 46 dólares la lámina de 100 dólares y se lo van a vender a los nombrados a 25 dólares promedio y el Estado nacional a medida que venzan debe rescatarlos al 100 % de su valor.
Por decreto (DNU), los organismos públicos nacionales deben desprenderse de sus títulos en dólares que totalizan 35.000 millones nominales, para hacer frente a los pagos externos y normalizar los valores del contado con liqui y el MEP.
Se toman estas medidas porque no se investigó la deuda de más de 100.000 millones de dólares engendrada por el gobierno de Cambiemos.
Se termina aceptando la deuda que se empleó para venderle dólares a los mismos que ahora se les vuelve a vender, para que los fuguen. Somos los arrieros de Atahualpa Yupanqui: “Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas”.