“Las Malvinas son argentinas y el Lago Escondido también”

            La soberanía de un Estado sobre su territorio se refiere a la autoridad que el gobierno nacional ejerce dentro de los límites del mismo y también a que las leyes que allí se dicten sean válidas para todos los habitantes de ese país. El Estado nacional ejerce su autoridad y el control de manera exclusiva sobre los espacios terrestre, marítimo y aéreo que conforman el país. La Soberanía Nacional es la capacidad que tiene un país de tomar decisiones en forma autónoma e independiente sin ninguna intervención e injerencia de un poder extranjero, sobre sus recursos naturales y económicos.

            Los recientes sucesos en Lago Escondido, ponen de manifiesto que el Estado argentino, no resguarda ni garantiza nuestra soberanía.

            Dirigentes políticos, militantes sociales y de Derechos Humanos iniciaron el 30 de enero la séptima Marcha Soberana a Lago Escondido organizada por la Fundación  Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA), para poner de manifiesto que Lago Escondido es patrimonio de todos los argentinos y argentinas. Reclamaron además que se abra un camino público al lago como lo establece nuestra Constitución y el Código Civil, que dispone que todas las aguas, riberas y playas y sus accesos en toda su extensión son bienes públicos. Es decir, patrimonio inalienable, inembargable e imprescriptible de todos los ciudadanos.

            El contingente fue interceptado, hostigado y privado de su libertad por varias horas por 50 hombres a caballo y armados que responden a las órdenes de Joe Lewis, ante la pasividad de los policías de Río Negro que estaban en el lugar. Varios integrantes de la Marcha resultaron lesionados y no pudieron ingresar al camino de Tacuifí, a pesar de que ya han pasado más de 15 años de la resolución judicial que declaró ese sendero como camino público.

            En 1996, el magnate británico Lewis, en condiciones dudosas, adquirió las 8 mil hectáreas que rodean al Lago Escondido. Lo hizo a través de una firma argentina que luego de la compra, le cedió la propiedad.  Desde ese momento, el derecho al acceso público que garantiza la ley, es impedido por la seguridad armada del empresario.     Actualmente el terreno tiene 12 mil hectáreas, dentro del cual se encuentra su mansión de 2500 metros cuadrados  (frecuentada por el ex presidente Mauricio Macri y algunos jueces y funcionarios corruptos) y un aeropuerto con una pista de 2 mil metros que no tiene radares, por lo que sus movimientos no pueden ser controlados. Recordamos que esa propiedad está en una zona de frontera y desde 2010 se ha denunciado que desde allí parten vuelos a las Islas Malvinas. La Fuerza Aérea argentina autorizó su funcionamiento y ni el gobierno nacional ni el de Río Negro han investigado y menos aún decidido el cese de esas actividades ilegales, que atentan contra la soberanía del país y lo ponen en riesgo.

    La soberanía no se ejerce con discursos ni festejos el 20 de noviembre, sino con acciones concretas. Expropiar las tierras usurpadas por Lewis, respetar los territorios ancestrales de las comunidades mapuches, estigmatizados como terroristas y reprimidos cuando los defienden.

     Las marchas a Lago Escondido expresan la convicción de los argentinos y argentinas que sostenemos que “Las Malvinas son argentinas y el Lago Escondido también”. Y deben continuar, rodeadas de solidaridad popular y realizarse con las previsiones de autodefensa que la situación requiera, para que no nos puedan seguir patoteando impunemente.

ELENA RIVERO