La reforma judicial, con muchas demoras

Apenas asumió, Alberto Fernández anunció que promovería una reforma judicial, para terminar con una justicia “contaminada por servicios de inteligencia”. Al dar su discurso frente al Congreso habló de “procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos”. Y prometió enviar al Parlamento un conjunto de leyes para una reforma integral del sistema federal de Justicia.

Aunque en principio se anunció que esos proyectos se enviarían durante las sesiones extraordinarias, faltando 15 días para la apertura del período ordinario, eso no sucedió. AF declaró que el proyecto “estaba listo”, pero no dio ninguna pista sobre su contenido. Sí se encargó de aclarar que no iba a “remover jueces” ni a sacarles causas.

Claro que el presidente no es quien tiene que remover a los jueces, para eso está el Consejo de la Magistratura, organismo encargado de su designación y remoción. Para lo primero, mediante concursos, y en el caso de la remoción o destitución, se debe hacer previo un juicio o jury de enjuiciamiento.

El expresidente Macri había prometido una Justicia “verdaderamente independiente”, y sin ponerse colorado a poco de asumir en diciembre de 2015 designó por decreto a dos miembros de la Corte Suprema, uno de ellos (Rosenkrantz, el actual presidente de la Corte) había sido abogado de un estudio jurídico que tenía entre sus clientes a las principales empresas monopólicas, como el grupo Clarín.

Sí hay que “remover” jueces y sacarles causas, sobre todo aquellas que fueron armadas con pruebas falsas (como los cuadernos cuyos originales no aparecieron nunca), con testigos comprados o amenazados, con pruebas que no tenían ninguna relación con el delito que se les atribuía, como los cinematográficos allanamientos realizados en las propiedades de la vicepresidenta Cristina Fernández.

Se trata de anular aquellas medidas tomadas por fuera de las leyes y la ética, como el aumento en el número de jueces en el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, promovido por el gobernador Morales, uno de ellos diputado radical que luego de votar la ampliación fue designado miembro de ese Tribunal por Morales. Baca, que así se llama el diputado luego juez, reconoció en un audio que se difundió por las redes y luego en la prensa, que Milagro Sala estaba presa porque así lo quería el gobernador Gerardo Morales.

La disputa por la existencia de los “presos políticos”, rechazada por AF, quien dice que son “detenciones arbitrarias” no es una cuestión semántica, se trata de valorar a los procesos que los encarcelaron como lo que son: persecución judicial sin pruebas, o con pruebas amañadas. Eso es parte del lawfare, una verdadera guerra en la que se utiliza al Poder Judicial como un arma contra los opositores políticos. Lo sufrió Lula en Brasil, Rafael Correa en Ecuador y Cristina en Argentina. Milagro Sala y las compañeras de la Tupac Amaru, Julio de Vido, Luis D’Elía y Amado Boudou, etc, son presos políticos.

Por ello, una reforma judicial tiene que encarar en serio una modificación sustancial del Consejo de la Magistratura, para que sus miembros sean elegidos por la ciudadanía, porque los jueces que ese organismo designa nos interesan a todos y todas, ya que cualquiera puede ser juzgado por ellos, y es justo que participemos de su designación.

No es bueno que se demore la implementación de esta reforma judicial, prometida por el presidente AF en su asunción. Si fuera cierto que dicha reforma la están redactando Gustavo Béliz y el nefasto fiscal José María Campagnoli, estaríamos al horno.

El nuevo gobierno no puede rehuir la exigencia de libertad a los presos y las presas políticas diciendo que es un tema que “debe resolver la Justicia”. Esta misma Justicia los encarceló y en muchos casos, convalidó los procedimientos contra Derecho, las detenciones arbitrarias y las humillaciones al ser encarcelados como la que sufrió Boudou.

Si la Corte Suprema no toma el asunto con la gravedad y celeridad que se espera, y mientras se aprueba una reforma judicial, tan necesaria, el presidente debería impulsar una amnistía para estos detenidos, que apruebe el Congreso y libere a los presos y las presas políticas.