La ONU reclamó la libertad de Milagro Sala

El 11 de noviembre se cumplieron 300 días de la detención de la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, por orden del Poder Judicial de Jujuy. Gerardo Morales se tomó así revancha contra una organización que construyó miles de viviendas, comedores, centros infantiles y de salud, y para horror de la oligarquía jujeña ¡piletas de natación para los niños más humildes!

Previo a su detención, Morales se aseguró contar con una justicia “domesticada”, al hacer aprobar –de madrugada- una ley que llevó de 5 a 9 los miembros del Tribunal Superior de Justicia. Designó allí a 3 abogados provenientes de las filas de la UCR (dos eran diputados provinciales, que juraron como jueces luego de votar la ampliación del TSJ).

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional, y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) presentaron una denuncia, el 2 de febrero de este año, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, órgano encargado de controlar el cumplimiento por parte de los Estados, de sus compromisos internacionales en DDHH.

Este Consejo cuenta con grupos de trabajo y comités, formados por expertos, que analizan las denuncias, recaban pruebas y escuchan los argumentos de las partes en conflicto. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Personas, conformado por cinco expertos, analizó el caso de Milagro Sala, y escuchó el descargo del Estado argentino. Luego, emitió una resolución, a fines de octubre, en la que concluyó que la detención era “arbitraria” y reclamó al Estado argentino su “inmediata libertad”. Su detención, en las condiciones examinadas en la resolución, dan cuenta de una “persecución política”.

El dictamen dice que Milagro fue sometida a un “armado de causas” para mantenerla en prisión, que intervinieron funcionarios judiciales “irregularmente designados” y que se le dificultó su derecho a la defensa. Por ello, considera que su detención es “arbitraria”, y además de exigir su libertad, también pide al Estado argentino que investigue la violación de los derechos de la hoy detenida y que se le reconozca una indemnización por los perjuicios sufridos durante su prisión.

Esa resolución fue una nueva cachetada al gobierno de Macri, que viene dando muestras de ignorancia en la arena internacional. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, dijo que el gobierno no estaba obligado a cumplir con el dictamen porque “no era vinculante”. El gobernador Morales dijo que era sólo “una opinión”. Sin embargo, la Argentina es firmante de los tratados internacionales de Derechos Humanos, por lo que está considerado un “Estado parte”, y como tal, está obligado a cumplir con sus normas y con lo que resuelvan los organismos de la ONU encargados de velar por su cumplimiento, en este caso, el Consejo de DDHH y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias.

Que otros países no cumplan con las resoluciones de estos organismos, no autoriza a actuar de igual (y mala) manera. Si EE.UU. no cumple con la resolución que dispone el cese del bloqueo a Cuba; o Gran Bretaña desconoce los innumerables llamados de la ONU para que negocie con Argentina la soberanía sobre las Malvinas, habla mal de esos países, por muy potencias mundiales que sean. La Argentina debe honrar los pactos que ha firmado.

Y aunque hayan minimizado la importancia de la resolución, la liberación de dos militantes de la Tupac Amaru, detenidas junto con Milagro: María Molina y Elba Jesús Galarza, el pasado 10 de noviembre, muestra que el gobierno está dando marcha atrás.

Otra objeción que intentó esgrimir el gobierno, a través del ministro de Justicia Germán Garavano, es que esa resolución no estaba dirigida al gobierno nacional sino al Poder Judicial de Jujuy. Otra muestra de ignorancia del macrismo. El representante ante la ONU es el Estado nacional, o sea el Poder Ejecutivo, y quien representa a Argentina ante las Naciones Unidas es su presidente. Y como tal, debe hacer cumplir las resoluciones que ese organismo dicta, no importa a qué poder del Estado involucre o si se refiere a un gobierno provincial.

El Partido de la Liberación celebra esta resolución del Grupo de Trabajo de la ONU, y sigue exigiendo la inmediata libertad de Milagro Sala y demás militantes de la Tupac Amaru, injusta y arbitrariamente detenidos.

¡POR UNA NAVIDAD SIN PRESOS POLÍTICOS!

IRINA SANTESTEBAN