La nueva “Campaña del Desierto”

En enero fuimos testigos de cómo Gendarmería Nacional invadió tierras de la comunidad Pu Lof Vuelta del Río, en Cushamen, Chubut, para liberar las vías de La Trochita, tren que recorre sus tierras y del cual no participan de sus beneficios económicos y tienen prohibido usar. Eso rememoró las incursiones de los ejércitos de Roca sobre nuestros pueblos originarios.

Esas tierras habían sido recuperadas por los mapuches en marzo de 2015, hasta entonces en manos del empresario textil Benetton. Los efectivos ingresaron disparando a discreción balas de goma, golpearon a los hombres, esposaron a las mujeres y destruyeron los asentamientos. Eran 200 gendarmes y dos drones para reprimir a una comunidad de diez adultos y cinco chicos. Por suerte la acción de amparo logró frenar el desalojo.

“El fondo del conflicto es que recuperamos las tierras para el pueblo mapuche que estaban en manos de Benetton, dueño de más de un millón de hectáreas en la Patagonia. Hay documentos históricos que prueban que aquí vivían nuestros pueblos antes de la Conquista del Desierto cuando les entregaron las tierras a los ingleses. En 1994 Carlos Menem se las vendió a Benetton por muy poca plata”, comentaron los afectados. Agregaron: “tuvimos dos instancias de diálogo con los funcionarios de la provincia y los empresarios que manejan el tren. Ya les habíamos dicho que íbamos a levantar las barricadas, pero con la condición de que nos avisen cada vez que pasa”.

La represión contó con la orden del juez federal Guido Otranto, que había autorizado a retirar los troncos que obstruían las vías. El operativo posterior, donde hubo detenidos e incautación de ganado fue del juez provincial José Colaballi.

La protesta social en apoyo a la combativa comunidad que lucha por su legítimo derecho a la tierra, generó la presión necesaria para que los detenidos fueran liberados, aunque sometidos a un proceso judicial persecutorio.

El 27 de enero pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitó al Estado Argentino que brinde información sobre la denuncia efectuada por organizaciones de Derechos Humanos y socio ambientales, encabezadas por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)-Filial Córdoba, sobre la represión contra esa Comunidad.

La denuncia fue efectuada los letrados Edgardo Manosalva y Carlos María González Quintana, asistiendo a los afectados por la represión estatal, detallando los hechos y presentando fotos de los heridos por la violencia de Gendarmería y policía de Chubut.

A lo descripto debe sumarse la xenófoba campaña de los medios corporativos provinciales y nacionales, que promueven la estigmatización de la Comunidad Mapuche. La presentan como terrorista y usurpadora, cuando ejerce su derecho a reclamar que se les reconozca su identidad territorial ancestral de la cual ha sido despojada.

Las campañas del “desierto” (en ese inmenso territorio no había un desierto sino una gran extensión habitada y gran variedad recursos) y la del Chaco, ayer favorecieron a la oligarquía de Martínez de Hoz y lo más granado de la Sociedad Rural “Argentina”, estancieros y capitales británicos. Hoy la represión cae no solamente sobre los mapuches para asegurar los intereses extranjeros como los del empresario italiano Benetton, sino también sobre cada una de las comunidades en beneficio de intereses terratenientes como “el francés” Huberto Bourlon de Rouvre que actualmente ha despojado de sus tierras a la comunidad Guarani de Happo Pau en Salta y que cuenta con la complicidad del gobernador Urtubey y el aparato represivo. Macri se aprovecha de las tierras de las comunidades Wichi cercanas a las Llanas, Salta, con su complejo agroindustrial El Yuto.

Si bien el kirchnerismo puso límites a la propiedad foránea, no fue capaz de expropiar la tierra que se acumulaba en manos de pocos. Si bien a finales del 2006 el congreso sancionó la ley 26.160, que declaraba la emergencia en materia de propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente ocupaban las comunidades indígenas y por la cual debía llevar adelante el relevamiento territorial a cargo del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), dicho proceso durmió el sueño de los justos. En 2009, mediante una nueva ley, se prorrogaron los términos que, al no alcanzarse a cumplir con los objetivos planteados, llevó a una nueva prórroga con plazo hasta noviembre del 2017. Así no va…

Hay que desarrollar políticas proteccionistas de la tierra frente a los intereses foráneos y cumplir con esa gran deuda para con las masas populares que será la reforma agraria.

PEDRO SOCOMPA