La Marea Verde vuelve a subir

El mes pasado la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito hizo público el nuevo proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Será presentado en el Congreso Nacional el 28 de mayo próximo.

2018 será recordado, entre otras cosas, por las multitudinarias manifestaciones donde las mujeres de todo el país salimos a reclamar por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Luego que en agosto último fuera rechazado por el Senado Nacional, revirtiendo el histórico triunfo en la Cámara Baja, el proyecto volverá a la discusión con algunas modificaciones. La conformación de ambas cámaras legislativas es la misma y el debate se dará en un año electoral.

La asamblea plenaria de la Campaña realizada en Córdoba el 16 y 17 de marzo, con la participación de representantes de las provincias, concluyó con un documento que fue discutido y trabajado de forma federal, afirmaron las representantes de la Campaña. Este nuevo texto presenta algunas modificaciones con respecto al anterior; y éstas tienen que ver fundamentalmente con la apertura y ampliación de derechos.

Algunos cambios relevantes son:

Incluye como sujetos de este derecho a las mujeres y a otras identidades con capacidad de gestar, sin hacer distinción de nacionalidad, origen, residencia o ciudadanía, en concordancia con lo expuesto en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales ratificados por nuestro país.

Ratifica el carácter legal del aborto dentro del plazo establecido, 14 semanas, y fuera del plazo de acuerdo a las causales expresadas. Explicita también que no será punible el aborto realizado con el consentimiento de la mujer. Tampoco podrán ser criminalizados los profesionales de salud que realicen las prácticas salvo que se realice sin el consentimiento de la mujer o persona gestante.

El texto también introduce el Acceso a la información y las Asesorías de los profesionales de la salud como derecho de las mujeres que requieran el aborto. La información debe ser objetiva, pertinente, accesible, científica y laica, desprovista de consideraciones personales y religiosas. Expresando también la necesidad de incorporar una dimensión intercultural; adecuar la información a la lengua de la persona solicitante del derecho y en formatos accesibles a las personas con discapacidad.

Los últimos meses hemos visto como “los objetores de conciencia” amparados por sectores políticos y religiosos pretendían negar el aborto demorando la práctica a niñas con embarazos productos de violaciones. Y sin la presión de las organizaciones feministas lo hubiesen logrado. Atento a ello, el presente proyecto incluye a las menores de 13 años de edad como reclamantes del derecho al aborto, donde se requerirá su consentimiento informado con al menos la asistencia de un progenitor o representante legal.

Se hace hincapié también en la Educación Sexual Integral, responsabilizando a Nación, provincias y municipios. Se exigen políticas públicas de salud sexual y reproductiva.

Amplía también la cobertura: tanto el sector público como el privado (obras Sociales) deben dar cobertura incluyendo en el Plan Médico Obligatorio. 

El anuario del Ministerio de Salud de la Nación registra que murieron 245 mujeres embarazadas por distintas causas. De este total, el 17,6% (43 defunciones) fueron muertes por un “embarazo terminado en aborto” y esto ubica al aborto como la principal causa individual de la mortalidad materna.

El modelo punitivo actual, profundiza la clandestinidad y beneficia el negocio de unos cuantos. Afectando de manera más cruel a las mujeres de bajos recursos, que son quienes terminan con graves problemas de salud o muertas en prácticas abortivas sin las condiciones salubres adecuadas. 

En un año electoral habrá sectores políticos que esquivarán la discusión sobre el Aborto Legal por miedo a perder votos.   Más allá de las posiciones oportunistas que tomaran algunas figuras políticas, las mujeres e identidades disidentes ganaremos nuevamente las calles para exigir este derecho humano. 

Desde la “Agrupación Beatriz Perosio” entendemos que es necesario profundizar la discusión sobre este derecho desde el Estado y sin la Iglesia y los sectores conservadores interviniendo en temáticas de salud pública.