La historia detrás del crimen de Susana Montoya

            La esposa del subcomisario Fermín Albareda, secuestrado y desaparecido por la dictadura militar cívica, fue asesinada en su casa de barrio Poeta Lugones en la ciudad de Córdoba. Su hijo, Fernando Albareda, integrante de HIJOS Córdoba, se encuentra preso acusado de ser el autor del crimen.

            La familia Albareda es una trágica muestra del horror que vivió la sociedad argentina durante la vigencia del terrorismo de Estado, a contramano de quienes pretenden “dar vuelta la página” para enterrar ese pasado. Un pasado que vuelve, casi 50 años después, en historias tan dolorosas como esta.

            Fermín Albareda, además de subcomisario de la policía de Córdoba, era militante del PRT-ERP y fue secuestrado en 1979, por la patota del D-2, el temido Departamento de Investigaciones que conducía el comisario Raúl Telleldín. Albareda fue llevado al ex Centro Clandestino de Detención “Casa de Hidráulica”, ubicado a la vera del lago San Roque, y allí fue brutalmente torturado, asesinado y finalmente desaparecido. Todo ello se dilucidó en el juicio que se llevó adelante en el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba, donde los integrantes de ese grupo de tareas fueron condenados a prisión perpetua, juntamente con el genocida ex general Luciano Benjamín Menéndez.

            En ese juicio también fue condenado a prisión perpetua el ex coronel Rodolfo Campos, un ex jefe de Policía, con quien Susana Montoya armó pareja luego de la desaparición de su esposo. En el legajo de la exoneración del subcomisario figura una declaración de su esposa, Montoya, quien lo denuncia por su militancia revolucionaria.

            Esa nueva pareja no habría querido criar a Fernando, quien durante parte de su niñez y adolescencia tuvo que pasar por diferentes albergues e institutos de menores, donde sufrió abusos. Hace algunos años tuvo un intento de suicidio, y su hermana mayor, Mónica, se quitó la vida en 2022.            

            En el 2000 Fernando inicia su militancia en la agrupación HIJOS, y luego del juicio por la desaparición de su padre, trabajó en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. También daba clases en la escuela de cadetes de la Policía de la provincia, trabajo que se interrumpió en diciembre del año pasado, cuando cambió la cúpula policial.

            En marzo de este año, el gobierno de Córdoba procedió a reparar el legajo de Fermín Albareda, quien fue declarado “muerto en ejercicio de su deber” y se lo ascendió post mortem a comisario. El ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, firmó una resolución ordenando el pago de una indemnización millonaria que le corresponde a los herederos: su esposa, sus dos hijos, Fernando y Ricardo, y los nietos hijos de Mónica.

            El fiscal Juan Pablo Klinger lleva adelante la investigación en este caso y ordenó la detención de Fernando acusado de “homicidio agravado por el vínculo”. Una de las hipótesis acerca del móvil del crimen es el cobro de esa indemnización, sin embargo esa reparación no se había hecho efectiva. 

            El defensor de Fernando, Claudio Juárez Centeno, al momento de su detención expresó sus sospechas sobre la actuación de la Policía cordobesa en la investigación, pero unos días después expresó: “Fernando es una víctima del terrorismo de Estado. Hace 45 años mataron a su padre y lo hicieron desaparecer. Después, Susana comienza una relación sentimental con uno de los policías que es condenado por las torturas y desaparición de su padre; pero en el medio, Fernando es internado en institutos de menores donde sufre todo tipo de abusos. Evidentemente, es un producto de esta sociedad que lo sometió a esta tragedia”.

            El 8 de agosto, día en que fue detenido Fernando, los organismos de Derechos Humanos hicieron una ronda en la Plaza San Martín, pidiendo justicia para Susana Montoya. La noticia había golpeado fuerte a la militancia que se había reunido en ese lugar, escenario de las primeras marchas durante la dictadura reclamando por la aparición con vida de los desaparecidos. Junto a otras intervenciones, nuestra camarada Irina Santesteban, se sumó al reclamo de Justicia y también incluyó el repudio a las políticas negacionistas del gobierno de Javier Milei, al desguace de los sitios de la memoria y a la visita a los genocidas por parte de legisladores de La Libertad Avanza.

CORRESPONSAL