La deuda pública argentina

Por Horacio Rovelli

El Cohete a la Luna

            El mecanismo siempre es el mismo: endeudan al Estado para beneficio exclusivo del capital financiero, que son los tenedores de los títulos del Tesoro de la Nación, y esa deuda toma una magnitud que es imposible de pagar con los recursos corrientes, entonces los acreedores piden a cambio el patrimonio nacional. No otra cosa es el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) que es un Estado dentro del Estado argentino, con sus propias leyes y normas, con justicia externa incluida (el CIADI), que prioriza la exportación en desmedro del mercado interno (no tienen la obligación de abastecer al mercado local) y que al quinto año no tienen la obligación de vender los dólares que exportan en la Argentina.

            En el ínterin ganan fortuna los compradores de esos títulos ajustables por inflación, sabiendo que la fuga de capitales y/o la disminución de las reservas internacionales del BCRA debilita el respaldo de nuestra moneda y con ello garantizan la erosión del poder adquisitivo del peso argentino.

            El mismo mecanismo planteó este gobierno administrado por Luis Caputo y Santiago Bausili. Primero devaluaron más de un 100%, después colocan títulos ajustados por inflación (con un IPC en diciembre de 2023 del 25,5%, enero de 2024 de 20,6%, febrero de 2024 de 13,2%, marzo de 2024 de 11%, etc.) y, ahora, lo prometido por el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, al capital financiero de Manhattan el 15 de julio y el 27 de agosto del 2024 frente al Consejo Empresarial (The Business Council) en Washington, de que no va a haber salto devaluatorio y de que la unificación del tipo de cambio se generará a través de una convergencia a la baja de los dólares paralelos, hasta fin de año.

Transformar todo en deuda pública

            Este gobierno dice que solucionó el problema del déficit fiscal y de la “bomba” de las Leliq (Letras de liquidez del BCRA) transformándolos en deuda pública (en títulos del Tesoro de la Nación). Eso explica por qué la deuda bruta (en pesos y en divisas) que en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había alcanzado 222.703 millones de dólares, al 31 de julio de 2024 (último dato publicado por la Secretaría de Finanzas de la Nación) asciende a 452.071 millones de dólares (más del doble). La pregunta es: ¿en qué se gastó?

            En el gobierno de Cambiemos (2015-2019) se incrementó la deuda por 97.927 millones de dólares, de los cuales 44.559,9 millones son con el FMI. En forma sistemática se fugaron unos 86.200 millones, y las empresas que compraron esos dólares, en su amplia mayoría, no lo pueden demostrar en sus ejercicios contables (evasión y fuga, fácilmente verificable con estudiar esos balances).

            El gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) aceptó toda la deuda heredada de la gestión de Macri, no la investigó y la renegoció para que se pague, como la está pagando el pueblo argentino.

            A la gestión del Frente de Todos, debe sumarse la continuación y perfeccionamiento en el endeudamiento por la gestión de Caputo-Bausili:

    El déficit fiscal del año 2023 de 4,7% del PIB (es en pesos, pero equivalente a 22.560 millones de dólares) fue financiado con títulos de deuda interna del Tesoro de la Nación, en su gran mayoría ajustables por inflación, aumentando la deuda bruta argentina.

    El reconocimiento de los fuertes intereses que estos Títulos del Tesoro de la Nación devengan (ajustados generalmente por la inflación).

            Por lo tanto, la deuda creció en los siete primeros meses del año 2024 en forma sideral, por 81.398 millones de dólares.

            Un nivel de deuda que crece exponencialmente mes a mes y una devaluación que no atenúa porque el pass through haría que los títulos en pesos se beneficiarían con la inflación.

Sistema financiero argentino

            Con el déficit del BCRA generado por los pasivos remunerados (los LEBAC de Macri y los pases pasivos, Leliq y Notaliq, del gobierno de Fernández) se hizo lo mismo, se los convirtió en deuda pública, en títulos de deuda del Tesoro de la Nación.

            Dicho pasivo remunerado ascendía a 21.023.700 millones de pesos el 7 de diciembre de 2023 (último día hábil de la gestión del gobierno del Frente de Todos), convertido al tipo de cambio oficial de 400 pesos por dólar a esa fecha, equivale a 52.560 millones de dólares.

            Los mayores tenedores de esos títulos de deuda de la Administración nacional son los mismos bancos del sistema financiero argentino.

            Por lo tanto, los bancos lograron pasar los pasivos remunerados del BCRA (que fue su principal fuente de ingresos en la gestión de Miguel Pesce y de todo el Directorio del BCRA, que les pagó tasas positivas de interés sin que corran ningún riesgo), para ser hoy los acreedores del Estado argentino, pero con los pies de barro, que significa que están financiados con los depósitos de sus clientes.

            Es una situación harto difícil. El BCRA debe asegurarles a los bancos un pago mayor de los que ellos les abonan a sus depositantes; por ende, al ser la casi totalidad de esos títulos ajustados por inflación, esta debe ser mayor que la tasa de interés pasiva (la que les pagan a sus depositantes), y a su vez esa tasa debe ser mayor que la devaluación de nuestra moneda, si no se pasarían a dólar.

La deuda en divisas

            El cuadro se agrava con la deuda en divisas, por su magnitud y sus vencimientos. De septiembre a diciembre de 2024, según la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación (OPC), sobre la base de datos del Ministerio de Economía de la Nación, se deben pagar servicios de la deuda por 2.770 millones de dólares, cuando el BCRA está vendiendo el ingreso de los dólares por exportación y por la colocación de las barras de oro en el exterior en el mercado CCL (Contado con Liqui), para que los bonistas que quieran irse lo puedan hacer.

            Es obvio que hay una profunda desconfianza en depositar los dólares en las cuentas especiales que se deben abrir a tal fin en los bancos y en las AlyC (Agente de Liquidación y Compensación integral, por un lado, y, por otra parte, no ingresan divisas al país porque sus poseedores consideran que estas deben tener un mayor poder adquisitivo y presionan por una devaluación de nuestra moneda.

            En el año 2025 vencen servicios de la deuda en divisas por 13,5 mil millones de dólares; en 2026, 14,4 mil millones; en 2027, 18,8 mil millones de dólares más. A este cronograma hay que adicionar que el Banco Central está generando nueva deuda con importadores (BOPREAL).

            Se trata de cifras que la economía argentina no puede pagar con el superávit comercial, y depende de sus acreedores.

            Y allí está el problema y la solución que tuvieron los acreedores desde el principio: endeudar al país. Ahogados por la situación, los grandes tenedores de títulos de deuda externa (BlackRock, Vanguard Group, PIMCO, Franklin Templeton, Fidelity, Gramercy, Greylock, etc.) van a ofrecer sus oficios para que el otro gran acreedor, el FMI, le conceda a la Argentina un crédito puente (nueva deuda) que pagaremos con nuestros recursos naturales (tomando los títulos de deuda a valor nominal, cuando en el mercado se cotizan al 55 – 60% de ese precio).

            El gobierno de Milei nos endeuda, cobran su comisión los colocadores de esa deuda, y pagamos con los recursos naturales que, según Marc Stanley, son los que el mundo necesita.