La Corte de los monopolios

La designación de Carlos Rosenkrantz como nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, desplazando a Ricardo Lorenzetti, tras once años en ese puesto, ratifica el rumbo que el gobierno de Mauricio Macri quiso dar al Poder Judicial desde el principio.

Muy lejos de sus promesas de campaña, cuando hablaba de la “independencia” de poderes, apenas asumió nombró por decreto a los dos nuevos integrantes –Rosenkrantz y Horacio Rosatti-, violando el mecanismo constitucional. Posteriormente, los votos en el Senado del Peronismo Federal de Miguel Pichetto y el Frente Renovador de Sergio Massa, convalidaron la irregular designación.

Rosenkrantz no tenía ningún antecedente en la función pública ni en Tribunales. Su estudio –Bouzat, Rosenkrantz & Asociados-, tenía en su cartera de clientes a empresas:  Clarín, América TV, Musimundo, McDonald`s, Quilmes, Cablevisión, La Nación, Carbap, YPF, etc. Este dato podía verse en la página web del bufete, pero luego fue suprimido y hoy, conserva el nombre del cortesano, pero sin lista de los clientes a los que patrocina.

En mayo de 2017, hubo un fuerte rechazo popular al fallo de la Corte Suprema que habilitó el cómputo del “2X1” en la pena impuesta al represor Luis Muiña. Se abría la puerta para que todos los genocidas solicitaran ese beneficio, ya derogado en nuestra legislación. El autor del voto en ese fallo fue Rosenkrantz, quien ya había hecho públicas sus posiciones contrarias a los juicios por los crímenes de lesa humanidad. La gran movilización contra a esa sentencia obligó al Congreso a dictar una ley rechazando la posibilidad de aplicar el “2×1” a los genocidas. Fue parte de lo que ahora se llama: “Si pasa, pasa”, en relación a medidas impopulares que ha tomado el macrismo, y que luego debió volver atrás.

La Corte Suprema del macrismo, con los votos de Rosenkrantz, Rosatti y Highton está cumpliendo el mismo triste papel que cumplió en épocas menemistas, la “mayoría automática”, que convalidó la política de impunidad de los genocidas (confirmando la constitucionalidad de los indultos y las leyes de Obediencia Debida y Punto Final), y la entrega escandalosa del patrimonio estatal con las privatizaciones.

Y aunque el propio Lorenzetti había dejado atrás su etapa de “fallos progresistas” en temas como los abortos no punibles, derechos humanos, laborales, previsionales de los pueblos originarios, etc., Rosenkrantz en la presidencia, incluso adelantando al 1º de octubre su mandato (debía haber asumido el 1º de enero de 2019), preanuncia un período oscuro en el Poder Judicial.

Es que el modelo de endeudamiento y ajuste, consecuencia de los acuerdos con el FMI, necesitan, como durante el menemismo, de jueces que convaliden esas políticas, para frenar cualquier atisbo de resistencia a través de amparos judiciales. La destitución de Luis Arias, que fuera el juez que en 2016 había fallado favorablemente en el amparo interpuesto contra los tarifazos de Aranguren, fue parte del mensaje claro que Cambiemos lanzó al interior del Poder Judicial. Otro tanto contra el camarista Eduardo Freiler y la campaña que llevó a la renuncia de Gils Carbó.

Esta avanzada sobre el Poder Judicial tiene sus resistencias, incluso de aquellos que fueron permeables a los nuevos aires políticos que imperan en el país desde diciembre de 2015. Lorenzetti mantiene hoy con Rosenkrantz una fuerte disputa, que en parte es personal, por haber sido desplazado de la presidencia, pero que también es política porque no es un hombre confiable para los monopolios que hoy gobiernan directamente en el gabinete macrista.

La utilización del Poder Judicial por parte de los gobiernos de la región, hoy en manos de la derecha, es un fenómeno evidente en las persecuciones contra los ex presidentes, como sucede en Brasil con Lula da Silva, detenido y condenado sin pruebas; en Ecuador contra Rafael Correa y en Argentina contra Cristina Fernández. Para frenar los retornos de estos dirigentes, que aún con límites, encabezaron procesos populares con políticas inclusivas, necesitan jueces y tribunales que convaliden sus planes de ajuste y, como el caso de Argentina, el vergonzoso retorno a los acuerdos con el FMI. Y a falta de buenas noticias que dar en lo económico-social, Macri apunta a perseguir, proscribir y encarcelar opositores mediante sus amigos del Poder Judicial.

Un futuro gobierno popular, debe incluir una profunda reforma del Poder Judicial, comenzando por la elección popular del Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema y los tribunales superiores, suprimiendo los mandatos vitalicios y propugnando jueces que tengan compromiso con los derechos del pueblo, y no de las corporaciones ni los poderosos.

IRINA SANTESTEBAN