La cloaca de Inodoro Py tiene que ser depurada

Alberto Fernández había dicho en varias oportunidades que no iba a impulsar una reforma judicial. Sin embargo, en su discurso de asunción como presidente, anunció una “reforma integral del sistema federal de Justicia”. Enhorabuena este cambio y desde el PL saludamos esa intención, siempre y cuando este nuevo rumbo que parece va a encarar el presidente sea en un sentido progresista. Hay que recortar privilegios en la corporación judicial, y para que deje de ser un instrumento de persecución política, de la mano de operaciones políticas armadas con los servicios de inteligencia. A estos dos aspectos también se refirió AF: “nunca más una Justicia contaminada por los servicios de inteligencia, nunca más una Justicia contaminada por operadores judiciales, por procedimientos oscuros y por linchamientos mediáticos”. Dicho de paso, también en la campaña había dicho que no iba a promover una nueva Ley de Medios, pero los “linchamientos mediáticos” son producto del monopolio de la desinformación, Clarín y demás pulpos mediáticos.

Las persecuciones políticas durante los cuatro años de Macri, se dieron al amparo de un Poder Judicial que actuó de manera desvergonzada, apretando testigos y fabricando pruebas, realizando procedimientos con características cinematográficas, deteniendo ex funcionarios en procedimientos humillantes y vejatorios, etc (Ver nota aparte de Alessandra Minnicelli).

La prisión de Milagro Sala y las compañeras de la Tupac Amaru son una muestra de ese ensañamiento con los opositores y luchadores, del cual el Poder Judicial ha sido el instrumento por excelencia. Condenaron sin pruebas o con escasez probatoria, pasando por alto los procedimientos legales como garantías del debido proceso y de las libertades individuales, ésas que tanto les gusta defender a los que se disfrazan de “republicanos”. Ningún gobierno constitucional atacó tanto las libertades y garantías individuales, como el que acaba de irse.

Los ministros de la Corte Suprema que escuchaban al nuevo primer mandatario deben haber sentido el impacto de esas palabras, pues como cabeza del Poder Judicial de la Nación, son los responsables de ese ámbito. Dos de ellos, (Rosenkrantz y Rosatti) fueron designados inicialmente por decreto, violando el procedimiento constitucional.

El presidente dijo también que hay que “terminar con la mancha ominosa que un sector minoritario le provoca a la credibilidad de la institución judicial”. Otra buena noticia presidencial, pero hacemos notar una diferencia: no es un sector minoritario, sino más bien la regla, y la excepción la conforman los jueces probos y honestos. Los jueces federales que tienen sus despachos en Comodoro Py, son los peores de todos, y por ello el ingenio popular ha bautizado a ese edificio como “Inodoro Py” o “Comodoro Pus”.

Es necesaria una reforma integral y profunda del sistema Judicial Federal, y también en las provincias, como ejemplo vale Jujuy, donde el gobernador Gerardo Morales maneja a su antojo a los jueces para perseguir a los luchadores, como Milagro Sala y las compañeras de la Tupac Amaru.

No pueden ser reformas cosméticas, la designación de los jueces por parte de organismos donde haya participación popular, es muy importante. Tratan de promover los jurados populares para condenar a los reos, ¡pero no para la designación de los que tienen que aplicar esas condenas!

Uno de los cambios que hay que introducir es la composición y manejo interno del Consejo de la Magistratura, el órgano que designa a los jueces y controla su desempeño, el que los acusa y juzga. La reforma de CFK de 2013 preveía que una parte de sus miembros sean elegidos por el voto popular, pero la Corte Suprema declaró inconstitucional a esa ley. Actualmente ese organismo está conformado por legisladores, jueces, abogados, académicos y un representante del Poder Ejecutivo; una conformación corporativa, en la que esos representantes son elegidos por cada estamento. ¡El pueblo, ausente!

El sistema de selección de los jueces debería ser muy estricto y no permitir que personajes como el juez federal Claudio Bonadío o el fiscal Campagnoli hayan evitado los juicios políticos que se les iniciaron, y que no tuvieron resolución. Eso es responsabilidad del Consejo de la Magistratura.

Otra barbaridad del Poder Judicial han sido las detenciones arbitrarias basadas en la “doctrina Irurzún” por ser su autor el camarista Martín Irurzún, que modificó el principio constitucional de inocencia. Así, se habilitó la prisión preventiva de personas imputadas por delitos, con el argumento de “peligro de fuga” o “riesgo procesal”, siendo el instrumento de persecución política contra ex funcionarios de los gobiernos kirchneristas como Amado Boudou y Julio De Vido. A depurar y democratizar Comodoro Py.