Judiciales de Córdoba en lucha por recomposición salarial

            El ajuste a la clase trabajadora ha minado los salarios, aún de quienes están formalizados. La pérdida del poder adquisitivo se refleja en que bajo el gobierno de Javier Milei por primera vez vemos en Argentina gran cantidad de trabajadores registrados con salarios por debajo del límite de la pobreza.

            En Córdoba, donde Milei tuvo su mayor caudal de votos a nivel nacional, se están sufriendo los efectos de la “motosierra”. Todo ello con la inestimable “ayuda” del gobernador Martín Llaryora, quien representa la continuidad de los gobiernos de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, el PJ cordobés que gobierna la provincia hace 26 años. Como lo hizo Schiaretti con Macri, Llaryora ha apoyado casi todas las leyes de ajuste a La Libertad Avanza.

            En Tribunales, donde históricamente se ha considerado a sus trabajadores como de “altos ingresos”, el ajuste ha golpeado fuerte a sus trabajadores y trabajadoras. Distinta es la situación de magistrados y funcionarios judiciales, quienes con sus altas remuneraciones, equiparadas a la Justicia Federal, tienen mayores “espaldas” para aguantar la crisis sin demasiados sobresaltos.

            Pero entre el personal de planta, el deterioro salarial es tal que una gran parte de Judiciales hoy tiene ingresos por debajo del límite de la indigencia ($770.000). Esta situación ha generado otro fenómeno: trabajadores que renuncian al poco tiempo de ingresar, por ver sus expectativas frustradas. Un ingresante sin título percibe un salario de 680.000 pesos, mientras que un/a trabajador/a con título de abogado/a, con 10 años de antigüedad, ronda un salario de 1.500.000 pesos, apenas por encima del límite de la pobreza.

            La conducción gremial de Federico Cortelletti, aliado del gobierno provincial de Schiaretti primero, ahora de Llaryora, desde hace más de 10 años “hace la plancha” en cuanto a la defensa del salario, la carrera, las jubilaciones y de las condiciones laborales. Y por ello más tarde o más temprano, las bases iban a reaccionar.

            Así lo advertían desde la agrupación opositora Alternativa 16N, que tiene un importante apoyo que se evidenció en las elecciones gremiales del año pasado, en las cuales obtuvo un 46% de los votos, en una planta donde solo está afiliado (y en condiciones de votar) poco más del 30% de los trabajadores.

            El año pasado, la conducción convocó a un discreto plan de lucha para recuperar la pérdida salarial que ya rondaba el 50%, pero tarde. Y días antes de finalizar el año levantó las medidas con una “promesa” del Tribunal Superior de Justicia de convocar a una Mesa de Diálogo para implementar un proyecto de reestructuración de la planta, que mejoraría la carrera judicial pero no recuperaba la enorme pérdida salarial.               

            Este año, luego de la feria judicial de enero, pasó febrero sin demasiados avances en esa negociación, lo que fue enervando los ánimos de los compañeros de base, ante el deterioro salarial que no para.

            Por ello en marzo comenzaron a oírse voces de queja, se implementó un petitorio que sumó centenares de firmas en pocos días, y la conducción se vio obligada a convocar a Asambleas en los edificios de Córdoba capital y en las sedes del interior. En ellas la concurrencia fue masiva y se expresó la indignación de los y las Judiciales que increparon a la dirigencia por su inacción y por no dar respuesta a los reclamos genuinos de quienes deben representar.

            La presión fue tremenda, al punto que Cortelletti sufrió un desmayo en una de esas asambleas, donde le reclamaban “Paro y Recomposición Salarial YA!”. No les quedó otro remedio que convocar a Asamblea Extraordinaria, instancia máxima del Gremio Judicial, a la que hacía 8 meses que no convocaban! Y también formularon una propuesta de Plan de Lucha que era el que se venía proponiendo en las asambleas.

            Surgió la organización de “Judiciales Autoconvocados”, y el día de la inauguración del Año Judicial, al que asistió la plana mayor del Poder Judicial, el gobernador y sus funcionarios, le realizaron un “escrache” muy difundido por la prensa y en las redes sociales.

            El 4 de abril se realizó la Asamblea Extraordinaria con una masiva presencia de casi 300 Judiciales afiliados, mientras que un nutrido grupo de no agremiados permanecía afuera del local. Las intervenciones opositoras fueron contundentes, y finalmente se aprobó el plan de lucha por Recomposición Salarial y la conformación de un Comité de Lucha integrado por la conducción, la oposición y Autoconvocados. No fue una concesión graciosa sino arrancado con la presión de las bases, firmes en no dejarse engañar ni por la patronal del TSJ y el gobierno, ni por una conducción burocrática que desde hace 10 años conduce la AGEPJ sin pena ni gloria, y hoy tiene que responder ante la indignación de sus representados.

            Fue insólito que la conducción peronista no propusiera convocar al paro de la CGT del 10 de abril, temerosa del rechazo que la central obrera genera en los compañeros. Fue Irina Santesteban quien mocionó en la Asamblea que la AGEPJ tenía que adherir al paro, para que la protesta por salario fuera contundente, junto al resto de la clase trabajadora que ese día iba a parar en todo el país. Con una ovación, se aprobó esa medida!

            El 11 de abril hubo otro paro Judicial, con una masiva movilización al Panal (casa de Gobierno), con participación de todos los edificios de Córdoba y delegaciones del interior, que viajaron para estar en la marcha. Fue sorprendente para propios y extraños la contundencia de la medida, con una gran columna que ocupó varias cuadras del centro de la ciudad. En el Panal, el discurso de Cortelletti se corrió “a la izquierda”, obligado por la actitud combativa de los y las Judiciales de toda la provincia, que incluso se manifestaron críticos porque el acto había sido “muy breve”. El compañero Darío Di Tomaso, referente de Alternativa, dio también un discurso muy combativo y muy aplaudido por la concurrencia.

            La base Judicial está marcando un camino que ya vienen recorriendo otros Gremios estatales como ATE y docentes de UEPC Capital, enfrentando al gobierno de Llaryora contra los despidos y por aumento de salario.

            La agrupación Alternativa tiene por delante un gran desafío: ser la voz de esa masa Judicial, que aunque es muy heterogénea, está demostrando quiere dar pelea para torcer el brazo ajustador del gobernador Llaryora.   

CORRESPONSAL