Hezbollah “terrorista”: Macri cada vez más obediente al dúo Trump-Netanyahu

Este 18 de julio se cumplen 25 años del atentado terrorista a la mutual judía, AMIA, donde murieron 85 argentinos y fueron heridos 151. EE UU, la CIA norteamericana y el Mossad, más la derecha macrista y los servicios en Argentina se lo atribuyeron sin pruebas a Irán, supuestamente ejecutado por Hezbollah, organización político-militar libanesa.

Eso ocurrió bajo gobierno menemista, que por medio de la SIDE y sus fondos secretos y el juez Juan J. Galeano, etc. armó un juicio escandaloso contra “la conexión local” anulado en 2004 por el TOF 3 por la manipulación de pruebas y testimonios. Ese magistrado perdió su cargo; muchos policías bonaerenses estuvieron presos injustamente para desviar culpabilidades.

En el juicio por el encubrimiento fueron condenados en febrero de 2019 Galeano y varios responsables, pero absueltos otros que tuvieron que ver con la maniobra, como Carlos Menem, el titular de la DAIA y banquero, Rubén Beraja; el comisario “Fino” Palacios (designado por Macri a sugerencia de la embajada de Israel como primer jefe de la Policía Metropolitana). Los fiscales, Eamon Mullen y José Barbaccia tuvieron leves condenas porque los ayudó el ministro Germán Garavano siguiendo órdenes presidenciales, como denunció en marzo de 2018 el extitular de la Unidad Especial AMIA del ministerio de Justicia, Mario Cimadevilla.

Quien estuvo detrás de las acusaciones falsas contra Irán y Hezbollah, -que son cosas distintas, política y organizativamente – fue el fiscal Alberto Nisman. En las vísperas de su suicidio en enero de 2015, acusó de encubrimiento a Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios de su gobierno, por haber firmado el Memorando de Entendimiento con Irán en 2013. Denunció eso, pese a que dicho tratado no era materia judiciable, había sido aprobado por votación en ambas cámaras y nunca entró en vigencia. La falta total de pruebas para esas gravísimas imputaciones, sumadas al descubrimiento de ilegalidades suyas (como sus cuentas bancarias no declaradas en el Merril Lynch de Nueva York), precipitó el suicidio.

Del atentado a la AMIA fueron imputados Irán e Hezbollah. Y de la muerte de Nisman, inventado como asesinato, fue acusada políticamente Cristina. El Memorando fue visto como el encubrimiento de 85 crímenes y hasta como “traición a la Patria” por el juez Claudio Bonadío.

Mauricio Macri fue parte activa y beneficiario de estas operaciones de servicios de inteligencia, embajadas extranjeras, emporios mediáticos y jueces y fiscales de vendas caídas para analizar todo según las cuentas bancarias y el color de las divisas en juego. El suicidio del fiscal, y la primera marcha del 18-F, de “Justicia por Nisman”, fue el lanzamiento de su campaña de 2015.

Ahora Macri está nuevamente en campaña. Y quiere explotar otra vez el atentado a la AMIA, simulando defender a esas 85 víctimas. Todo falso. Como casi todo lo suyo.

Para eso ha preparado Segunda Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha Contra el Terrorismo en Buenos Aires, el 18 y 19 de julio. Vendrá como figura central el secretario de Estado, Mike Pompeo, exjefe de la CIA, el mismo que en una charla en la universidad de Texas admitió: “yo fui director de la CIA, mentíamos, engañábamos, robábamos. Todo eso hacíamos”.

En esa reunión también habrá una nutrida delegación de Israel y sus especialistas en lucha contra el terrorismo, especializados en bombardear Gaza, El Líbano, Siria e Irán, además de vender armas y software para espiar a todo el mundo, junto a las tecnológicas y agencias de su socio mayor estadounidense.

El saliente embajador de Israel, Ilan Sztulman, recibió del canciller, Jorge Faurie, la orden de Mayo en su grado más alto, Gran Cruz. Sztulman dijo a Infobae que se iba con una asignatura pendiente porque no se había declarado a Hezbollah “organización terrorista” como había pedido. Y que eso dejaba la puerta abierta a un “tercer atentado”.

Macri tomó nota de esos reclamos y dictó un decreto creando el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET). Funcionará en el Ministerio de Justicia para “prevenir, combatir y erradicar el terrorismo y su financiamiento”.  Todo, para incluir a Hezbollah en esa lista, rechazado por la Confederación de Entidades Argentino-Árabes (Fearab) y sus 300 entidades.

Que lo solicite Israel, se entiende, porque esa organización resistió muy bien su ocupación del sur libanés en el año 2000 y le propinó una derrota humillante en 2006, cuando Israel los invadió por segunda vez. ¿Pero Argentina qué tiene que ver? Nada, pero el presidente es obediente del sionismo y el imperialismo. Por medio de Patricia Bullrich y luego de una denuncia trucha de la DAIA, llegó a meter presos a dos hermanos Salomón, jóvenes de religión musulmana, en noviembre de 2018, acusándolos de tener un arsenal y pertenecer a esa organización.

Hezbollah es legal en El Líbano y en las elecciones de mayo de 2018, junto a aliados, ganó más de la mitad de las 128 bancas del parlamento. El canciller libanés, Gebran Bassil, se lo dijo a Mike Pompeo, de visita a Beirut en marzo pasado: “Hezbollah es un partido libanés y no es terrorista, además goza de gran apoyo popular y tiene diputados en el parlamento”. 13 para ser exactos.

Sin embargo, el Departamento del Tesoro de EE UU incluyó en su lista negra a Amin Sherri y Muhamad Hasan Raad, dos de esos parlamentarios y a un tercer dirigente, Wafiq Safa.

Pompeo y Donald Trump están furiosos con Hezbollah, por las mismas razones que Benjamin Netanyahu: esa organización político-militar dirigida por Hasan Nasralá los venció dos veces en Líbano. Y fue clave, junto con Irán y Rusia, en ayudar al presidente sirio Bashar Al Assar. La agresión militar de EE UU-Israel y su aliado Arabia Saudita contra Siria comenzó en 2011, pero no logró sus objetivos.

Por eso el imperio e Israel han incluido a Hezbollah en sus listas de organizaciones terroristas. Ahora era el turno de genuflexión del socio menor de ambos. Ahí no se terminan sus deberes. El embajador israelí antes de irse también le exigió “el juicio en ausencia”, algo inconstitucional, para condenar sin pruebas a los cinco acusados iraníes por lo de la AMIA.

Macri y Pichetto están viendo cómo satisfacer esa exigencia que viene de tan arriba. Los decretos del PEN no pueden versar sobre leyes penales, pero alguna vuelta le quieren encontrar. Pertenecer tiene sus privilegios, pero también sus obligaciones.

FUENTE: ‘LA ARENA’