Hay que separar la Iglesia del Estado

Los pañuelos naranjas, las apostasías colectivas, la Campaña Federal por la separación de la Iglesia del Estado, las movilizaciones feministas donde se grita con vehemencia “Iglesia- Estado, asunto separado”, con la ya clásica consigna: “saquen los rosarios de nuestros ovarios” y otras que hacen alusión a los sueldos que perciben sacerdotes y obispos “sin trabajar” y sobre todo a los curas abusadores y pedófilos y a la política de encubrimiento de la jerarquía católica, etc, ponen de manifiesto un avance de la conciencia de sectores, sobre todo juveniles.

La Iglesia Católica está perdiendo terreno en lo cultural y su fortaleza de centralidad en lo político y, en Europa sobre todo, su trato con las élites del poder y los grandes grupos financieros. En nuestro país, aún conserva el diálogo privilegiado con los gobiernos y su incidencia en los principales resortes de decisión de la política pública. La intervención en el proceso de legislar sobre la legalización del aborto, la efectiva aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral ha puesto de manifiesto que aspira a que el propio Estado se comprometa con sus principios.

Por eso hay un Estado laico de derecho, pero no lo hay de hecho: el Estado argentino se comporta como religioso católico. Nuestra Constitución establece en el artículo 2, que el gobierno federal “sostiene el culto católico, apostólico, romano” lo que se materializa en el apoyo económico que recibe la Iglesia de forma directa (sueldos y jubilaciones a sacerdotes) e indirecta (subsidios a escuelas confesionales, exenciones impositivas, mantenimiento y refacción de templos etc).

El Código Civil y comercial de la Nación (2014), ratifica a la Iglesia Católica como “persona jurídica pública”, denominación que comparte con el Estado (nacional, provincial y municipal) y los Estados extranjeros. El resto de las iglesias tienen el carácter de personas jurídicas privadas. Esta situación de privilegio de la iglesia católica nos impone a los no creyentes y a creyentes de otros cultos la obligación de financiar sus actividades, la presencia de símbolos religiosos en edificios públicos, tribunales de justicia, escuelas, y hospitales, la asignación de fondos públicos a organizaciones de caridad creadas por ella para reemplazar la asistencia que debería dar el estado y más grave aún, pone trabas a derechos establecidos legalmente.

La laicidad es un principio democrático y por eso los movimientos feministas y LGBTI, lideran actualmente su defensa. Los cambios legales que amplían los derechos vinculados a la sexualidad y a las decisiones sobre la reproducción han confrontado el poder de la jerarquía católica sobre el Estado, pero a la vez han mostrado las posiciones anacrónicas y autoritarias de la misma generando este movimiento, que crece exigiendo la separación de la iglesia del Estado. La laicidad, la separación entre lo religioso y lo político, entre lo religioso y lo público aporta a construir un modelo democrático más inclusivo.

Hasta aquí puede parecer que la separación de Estado-Iglesia se refiere solamente a la iglesia católica. Por lo que señalábamos anteriormente, por historia, tradición, cultura y mayoría de fieles es la más importante. Pero es preciso señalar el protagonismo que tienen desde hace un tiempo las iglesias evangelistas en sus diversos nombres y matices. Disputaron en las calles con el movimiento feminista que exigía y seguirá exigiendo aborto legal, junto a los auto denominados Pro-Vida católicos. Estos grupos evangelistas disputan territorio, movilizan a mucha gente y tienen muchos fondos disponibles y pocos principios democráticos. Algunos tienen su origen en Estados Unidos, otros en Brasil y su prédica se multiplica con un excelente manejo de los medios de comunicación. En cualquier canal, a cualquier hora, están, ofreciendo desde “el agua sanadora” hasta la campaña “Con mis hijos, no te Metas” para estigmatizar la ESI o impulsando a políticos como el sojero Olmedo de Salta, recientemente convertido a uno de esos credos.

El Partido de la Liberación, ratifica su apoyo a la campaña de la separación de la Iglesia del Estado porque es justa y porque cree que sólo un Estado laico puede garantizar los derechos de todos y todas.

Alertamos que el Poder Ejecutivo Nacional, presentó un proyecto de ley en junio de 2017, sobre “Libertad Religiosa” que, tras ese título engañoso y con el apoyo de la Iglesia Católica y de los sectores más reaccionarios del evangelismo local, pretende subordinar la libertad de conciencia a la libertad religiosa, regular las convicciones de quienes no profesan un culto con criterios religiosos, generando privilegios para las confesiones, que se disfrazan de derechos. Por eso atenta directamente contra un principio básico de la República que es la igualdad. Queremos un Estado Laico, no pluriconfesional.

ELENA RIVERO