Gremial de Abogados y su defensa de los pueblos originarios

            La Constitución Nacional reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos” y encomienda al Congreso regular “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”. En el mismo inciso (17 del artículo 75), explicita que ninguna de esas tierras “será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos”.

            Nada de eso importa a la hora de posibilitar el saqueo de sus territorios por parte de terratenientes locales y extranjeros, monopolios extractivos, etc. Los mismos que suelen estigmatizar la intervención del Estado, apelan a él, al monopolio legal del uso de la fuerza, y a la estructura judicial para criminalizar a quienes defienden los territorios donde habitan desde hace muchísimas generaciones.

            En muchos de esos casos, la defensa de lxs comunerxs y luchadores indígenas está a cargo de la Gremial de Abogados, organización que asume esa tarea con compromiso por los derechos humanos.

            La Gremial está convencida de que el poder judicial no merece llamarse “Justicia”. Que en un sistema injusto como es el capitalista dependiente, sobre todo en esta etapa “de saqueo despiadado de recursos naturales y bienes comunes” -en sus propias palabras- no puede haber ni leyes justas ni jueces justos.

            A pesar de ello, la Gremial defiende legalmente a numerosos luchadores, utilizando con pericia las herramientas que les da el Derecho, y obteniendo logros -a pesar de todo- en muchos casos. En su Declaración de principios, la agrupación declara su voluntad de “defender, patrocinar, y/o representar” a luchadores sociales y políticos perseguidos por su acción en causas populares, cualquiera sea su forma de participación o los métodos de lucha que llevan adelante.

CASOS QUE LLEVA LA GREMIAL

            1) Las familias Paichil y Antriao viven desde hace siglos entre el lago Nahuel Huapi y lo que actualmente es Villa La Angostura. El propio Julio Roca les entregó 624 hectáreas al norte del espejo de agua en septiembre de 1902, hace nada menos que 122 años. Ese territorio fue posteriormente subdividido mediante engaños a comuneros que no leían -al menos, no la lengua española o los vericuetos legales- y esas estafas son consideradas más valederas por el Estado argentino actual que la incuestionable ocupación ancestral del territorio.

            Actualmente la comunidad enfrenta la denuncia de Emanuel Ginobili, el millonario y destacado ex basquetbolista que pagó por 12 hectáreas en la zona, y para quien su inversión vale más que las vidas comunales, que la letra constitucional o los tratados internacionales que integran el cuerpo jurídico argentino. Y no es el único que ha promovido acciones penales contra el Lof, acusándolos de “usurpar” las tierras que ocupan desde hace siglos y donde incluso tienen enterrados a sus antepasados. Patricia Bullrich se expresó en su cuenta de X dando “todo el apoyo a Manu”, desplegando así su mirada racista y etnicida.

            2) Lof Lafken Winkul Mapu. Esta comunidad fue conocida en los medios en 2017 cuando recuperaron territorios ancestrales en la zona de Villa Mascardi y fueron violentamente desalojados por fuerzas federales, en una acción que terminó con el asesinato de Rafael Nahuel. Medios, jueces y funcionarios replicaron versiones que les adjudicaban acciones armadas y violencia a los mapuches, hechos que fueron desmentidos por las pericias pero que siguen siendo sostenidas por los funcionarios en base a declaraciones de los uniformados.

            En 2022 se les atribuyó el ataque a un puesto de Gendarmería. Sin evidencias sólidas, funcionarios y medios usaron el hecho para operar contra los mapuches, justificando un nuevo desalojo violento, esta vez en el gobierno de Alberto Fernández. Allí detuvieron a varias mujeres, las que permanecieron privadas de libertad durante 8 meses pese a que estaban imputadas por un delito excarcelable, hasta que una mesa de diálogo llegó a un acuerdo con el Lof, por el cual se buscaría una reubicación y se les permitiría acceder al lugar sagrado que la comunidad tiene en el lugar. Ese acuerdo no fue ratificado en su momento por el gobierno de Fernández y luego fue apelado, por lo que quedó sin efecto.

            Recientemente volvieron a detener a dos mujeres del Lof, una de ellas cursando un embarazo de 7 meses. Lo decidió el juez federal Hugo Greca en base al pedido del fiscal, quien solicitó la aprehensión de 7 mujeres mapuche, bajo el argumento de “garantizar la realización de la audiencia de debate”, obviando de manera alevosa que todas ellas estuvieron siempre a disposición del tribunal y a derecho. El propio magistrado reconoce que los delitos que se les imputa “permitiría avizorar la posibilidad de aplicación de una condena de ejecución condicional”, es decir, aún si fueran encontradas culpables no significaría el cumplimiento de la condena en prisión.

            El mismo magistrado es también quien ordenó la detención de Gonzalo Coña, de la misma comunidad, quien fue testigo del asesinato de Rafael Nahuel. El 26, 27 y 30 de septiembre se realizará el juicio principal contra las y los comuneros.

            3) Uno de los logros recientes de La Gremial fue evitar el desalojo del Lof Paillako.

Esa comunidad recuperó un área del Bosque Los Alerces. Fueron denunciados por la Dirección de Parques Nacionales, que encabeza el abogado Cristian Larsen, cercano a Bullrich y ex funcionario del gobierno macrista. El funcionario dio numerosas muestras de su mirada despreciativa y racista, cambiando el nombre mapuche de un lago o prohibiendo que se ice la bandera mapuche.

            El gobierno, con la complicidad invaluable de los medios concentrados, trata de culparlos por supuestos incendios. Pero los mapuches son muy cuidadosos de la naturaleza que les da vida, por lo que es una acusación carente de fundamento y de sentido.

            La Acción de la Gremial suspendió la ejecución del desalojo hasta que haya una sentencia firme.

            La aplicación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, de los numerosos DNU que saca el Ejecutivo y las políticas económicas y sociales, profundizan el despojo, la persecución y la represión del pueblo. Entre tanto desasosiego  es un aliciente para los sectores en lucha saber que hay organizaciones de profesionales del derecho, como la Gremial, comprometidos con la defensa de los derechos humanos, que son abogados y abogadas al servicio del pueblo.

MARÍA ALANIZ