Gran corrupción y más funcionarios offshore

Una de las promesas de Mauricio Macri fue el combate contra la corrupción (sostenida y publicitada por los “medios amigos”). Caló hondo en una importante parte de la población, porque se contraponía con la corrupción generalizada de los gobiernos kirchneristas denunciada, y no probada, por los candidatos de Cambiemos. La realidad y las investigaciones muestran, con pruebas, que quienes están denunciados por negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, lavado de activos y cuentas offshore, son funcionarios del actual gobierno.

A partir de la difusión de los Panamá Papers, salió a la luz la existencia de 48 empresas radicadas en paraísos fiscales donde aparecen el propio presidente, su padre Franco Macri, sus hermanos Gianfranco y Mariano y su primo Angelo Calcaterra. El ministro de Energía Juan José Aranguren, vinculado con cuentas offshore, suma además haber sido miembro de una sociedad creada en Barbados para proveer gasoil a América Latina. Durante este gobierno, dicha sociedad ganó 13 contrataciones para proveer al Estado.

Y hay muchos más.

Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos, es presidente, director y subscriptor de KALUSHY, radicada en Panamá el 27 de junio de 1992.

Carlos Augusto Lo Turco, Subsecretario Legal del Ministerio de Hacienda y Finanzas, figura como presidente y director de MARBIRA SA, radicada en Panamá desde el 2006.

Jesús María Silveyra, Subsecretario del Ministerio de Agroindustria, es secretario y director de TRAFIMEX SA, radicada en Panamá desde el 19/12/1984.

Clarisa Lifsic, Secretaria de Promoción de Inversiones del Ministerio de Comunicaciones es directora en 4 empresas radicadas en Chipre desde mediados de los ‘90.

Hugo Darío Miguel, Subsecretario de Planeamiento de la Secretaría de Tecnología de la Información, es director de TESACOM Panamá SA desde 2008.

Jorge Braulio Norverto, subsecretario de Ciberdefensa, en el Ministerio de Defensa, es socio de LA JOTABE LLC, que figura en el Estado de Florida (EE UU).

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, fue denunciado por manejar los fondos Alto Global, inscriptos en las Islas Caimán, y Noctua, datos que omitió en su declaración jurada en la AFIP y la Oficina Anticorrupción. “Nunca fui propietario ni accionista de Noctua, ni de Princes, sino asesor, administrador, fiduciario y /o manager, por lo tanto, que no debía declararlas” sostuvo en su descargo. De acuerdo a nuevos documentos dados a conocer por la Bolsa de Valores de EE UU, se prueba que fue uno de los dueños de Noctua Partner, hasta noviembre de 2015, es decir hasta 10 días antes de asumir en la función pública.

Otro tanto con el flamante titular de la AFI, Leandro Cuccioli, y el renunciante subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan.

La tediosa enumeración es un argumento sólido para denunciar la corrupción del gobierno. Porque los paraísos fiscales son guaridas donde se depositan fondos que no se declaran, allí van los evasores fiscales apañados por gobiernos corruptos que cargan impuestos abusivos sobre los trabajadores, jubilados y sectores vulnerables, y también el dinero sucio del narcotráfico y otros delitos.

El ex premier británico, Gordon Brown, lanzó una solicitada titulada “Acaben con los paraísos fiscales ¡Ya!” dirigida a Macri (debido a que Argentina asumió la presidencia del G20) pidiendo que ilegalice las cuentas offshore e imponga sanciones y penas de prisión a los evasores. Explica Brown: “la desigualdad mundial ha alcanzado un nivel aberrante, sólo 8 personas poseen la misma riqueza que la mitad de la población del planeta y esa brecha de desigualdad crece gracias al oscuro mundo de los paraísos fiscales, que permite que varios billones se desvíen de las economías nacionales”. Pide un acuerdo internacional que ilegalice los paraísos fiscales e imponga sanciones y penas de prisión a los evasores de impuestos.

La ex presidenta Cristina Kirchner, presentó una iniciativa legislativa para que quienes tengan cuentas o participen en sociedades radicadas en guaridas fiscales no puedan asumir cargos públicos. La prohibición tiene un margen de 2 años previos a ejercer un cargo en el Estado y exige que el funcionario con cuentas en paraísos fiscales presente su renuncia a los 5 días de conocerse esos fondos.

No sabemos cómo se avanzará en lo legal para poner coto a estos “robos legalizados” y a la corrupción que implican. Tenemos en claro que este gobierno de los ricos y para los ricos, sigue robando mientras hambrea al pueblo y le quita tantos derechos.

ELENA RIVERO