Golpe de Estado y resistencia popular en Perú

            El depuesto presidente de Perú, Pedro Castillo, asumió el 28 de julio de 2021, después de ganarle en segunda vuelta por sólo 44.000 votos a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Enfrentó antes de asumir el primer intento de deponerlo, por parte de la justicia electoral y ya en el gobierno, fue el Congreso el que buscó desplazarlo para declarar la vacancia por inhabilidad moral, en tres oportunidades hasta que, en la víspera del golpe, Castillo decretó el cierre del Congreso, la intervención de la Justicia y un llamado a nuevas elecciones con el objetivo de convocar a una Asamblea Constituyente en 9 meses. No pudo lograrlo. La Fiscalía General ordenó su detención, renunciaron casi todos sus ministros, el Congreso calificó su decisión como un “autogolpe de Estado” y su vicepresidenta Dina Boluarte se plegó a la campaña derechista. Castillo terminó aislado, enfrentando a una oposición cerrada articulada por el Congreso de la República y organizada por los medios de comunicación hegemónicos y detrás los grandes grupos económicos.

            Castillo fue preso en preventiva por 18 meses y afronta serios cargos formulados por la justicia golpista.

   Las crisis políticas que vive Perú se repiten: ha tenido 6 presidentes en 4 años. Tienen una matriz común: los gobiernos dictatoriales impusieron el modelo socioeconómico del “Consenso de Washington” que establece que el orden del mercado debe ser impuesto por el poder político frenando las políticas democráticas, limitándolas y adaptándolas al mercado.

            El régimen fujimorista se construyó en el conflicto militar y la represión ilegal contra Sendero Luminoso y el MRTA, aplicó todas las técnicas de la estrategia  anti-insurgencia de la Escuela de las Américas, en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional diseñada por Estados Unidos y su triunfo restó fuerzas y protagonismo a a las propuestas de izquierda y democráticas. Desde el gobierno se le dio el protagonismo a los monopolios empresariales y financieros con una fuerte presencia del capital extranjero y se vertebró con una Constitución que está vigente: la de Fujimori de 1993, cuyos fundamentos económicos, políticos y sociales fueron diseñados para ser permanentes e inmutables.

            Los grandes grupos económicos, la oligarquía financiera empresarial y las bancadas parlamentarias afines la garantizan, y sus medios de comunicación la justifican y promueven, instalando en el pueblo que la política no sirve para transformar la realidad y que no hay salvación en lo colectivo y en lo público, promoviendo la meritocracia y desalentando la organización popular. Castillo tenía como objetivo construir un tipo de democracia que no pusiera en peligro la correlación de fuerzas, con reformas acotadas que no cambiaron el modelo económico ni la matriz del poder real. Sus promesas de aumentar el presupuesto para educación, recuperar la minería para el Estado y cobrar mayores impuestos a las multinacionales del sector para mejorar la situación que viven las grandes mayorías populares, se fueron licuando a medida que los grupos económicos concentrados comenzaron a presionarlo. Careció de estrategias para enfrentarlos y llevó a cabo una política de alianzas con los mismos sectores que terminaron destituyéndolo. Se alejó de las bases sociales que lo llevaron al gobierno y se corrió de la izquierda al centro, incorporando incluso  a su gabinete a figuras de la derecha con tal de eludir el acoso del Poder Legislativo, lo que le valió una pérdida significativa de apoyo popular. No le alcanzó. El Congreso lo sacó del cargo por insolvencia moral y la Fiscalía General ordenó su detención por rebelión  y conspiración.

   A partir de su destitución, la crisis política ha recrudecido con protestas en todo el país que incluyeron bloqueos de rutas, ocupación de universidades y aeropuertos, grandes movilizaciones en Lima y otras ciudades y un paro indefinido que se anunció que comenzaría el día 14. Dirigentes sociales del sur del país se declararon en insurgencia popular. En las protestas se hace sentir la consigna “que se vayan todos” y se exige el adelanto de las elecciones y el cierre del Congreso identificado con la corrupción y con una derecha antidemocrática que se concentró en derribar a Castillo en vez de legislar para cambiar la profunda desigualdad y atender a las demandas sociales. Se pide también la renuncia de Boluarte y la restitución del presidente Castillo y se exige una Asamblea Constituyente para cambiar la heredada de Fujimori, posibilidad que la derecha ha bloqueado en el Congreso en forma reiterada. Las protestas han sido duramente reprimidas con saldo de 21 muertos hasta ahora, y cientos de heridos y detenidos.

   Aunque la presidenta Boluarte anunció que promoverá el adelanto de las elecciones para abril de 2024, la tensión y los enfrentamientos siguen. Obviamente Estados Unidos y la OEA a través de su secretario Luis Almagro justificaron el golpe de Estado afirmando que el Congreso peruano y la oposición de derecha “han restablecido la democracia”. Los gobiernos de Argentina, Colombia, México y Bolivia, hicieron un llamado para que se priorice la voluntad ciudadana en Perú y que se respeten a cabalidad los Derechos Humanos del presidente depuesto garantizándole la protección judicial que necesite. Antes de firmar esa declaración, el presidente Alberto Fernández había felicitado a Boluarte….

    Mucho más claro y preciso fue el presidente de Cuba, Díaz Canel, quien declaró que la situación en Perú es el resultado de un proceso dirigido por las oligarquías dominantes para subvertir la voluntad popular que había elegido a su gobierno de acuerdo al ordenamiento legal.

            La crisis sigue abierta sin que se avizore por ahora una salida popular. Deja muchas enseñanzas a nuestros países de la Patria Grande: la tibieza para enfrentar los problemas socio económicos de los pueblos no resuelve la situación. La dependencia, tampoco. No existe un capitalismo humanizado, ni monopolios “buenos” que resignen sus intereses a favor del pueblo y sobre todo no hay que confiar en el imperialismo “ni un tantico así”, como decía el Che.

            La embajadora yanqui en Lima, Lisa Kenna, estuvo reunida con el ministro de Defensa peruano dos días antes del golpe y no fue casualidad que luego los militares se plegaran al golpe.

ELENA RIVERO