Ginobili, el deportista usurpador

Desde 2004 el basquetbolista Emanuel Ginobili mantiene un conflicto con la comunidad mapuche Paichil Antriao en la zona de Villa Langostura. La comunidad reclama tierras ancestrales que les fueron reconocidas por el Estado argentino en 1902 y luego fueron usurpadas en tiempos de la dictadura, cuando José Salamida, intendente de aquellos años, obligó a firmar la cesión de tierras. Esas tierras fueron adquiridas luego por Ginobili, que las “compró” a Salamida con la intención de un proyecto inmobiliario “VIP”. En el fideicomiso del proyecto figura además el cuñado de Mauricio Macri, el arquitecto Alberto Rossi.

La causa está en proceso judicial desde 2007. Increíblemente no por la acción de la Comunidad Mapuche, sino por una denuncia hecha por Ginobili por “usurpación” cuando en realidad lo que se estaba haciendo era desalojar a los originarios. Esa causa llega a juicio en estos días, con los mapuches en el lugar de victimarios cuando son víctimas y el juez Nazareno Eulogio negándose a llamar a Ginobili como testigo porque según él ¡no tiene relación con el caso!

El argumento de Rossi y Ginobili es que las tierras fueron adquiridas de “buena fe”, y que el reclamo mapuche “no tiene validez porque al momento de iniciar las actuaciones judiciales, la comunidad no tenía reconocimiento estatal ya que no tenía la personería que otorga el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)”. Estos argumentos son falaces, pues más allá de que el relevamiento del INAI aún está en curso, el reconocimiento de los pueblos indígenas, su preexistencia con respecto al Estado argentino y la propiedad de sus tierras está garantizado en la Constitución Nacional desde la reforma de 1994.

Además de la cuestión acerca de la propiedad de la tierra, esos terrenos se encuentran en una zona roja protegida por la Ley de Bosques, no sólo por la rica fauna y flora nativa sino además por ser zona de suelo volcánico. La lucha mapuche no es sólo por lo que les corresponde legítimamente sino también por la defensa del ambiente. Con la apertura de un camino en 2018 -y aprobado por la Municipalidad de Villa Langostura- para iniciar la construcción del predio, se derribaron 200 arrayanes y cohiues milenarios, según denunció la Comunidad.

Como en otros casos de apropiación ilegítima de tierras, poco peso parece tener para la justicia burguesa la vigencia de la ley 26.160 que prohíbe los desalojos de pueblos originarios y ordena la realización de relevamientos territoriales. Al igual que en tierras de Lewis o de Benetton, los empresarios tienen sus patotas que, en complicidad con la policía y la justicia, conforman una fuerza parapolicial que reprime a aquellos que reclaman sus derechos, como en 2018 cuando desalojaron a las familias que defendían sus derechos.

¡Hay que recuperar esas tierras en manos de terratenientes y empresarios, locales como Ginobili y Rossi, y extranjeros como Benetton y Lewis! A la luz de estos conflictos, el PL exige el fin del hostigamiento y debido reconocimiento de los pueblos originarios, la plena vigencia de la ley 26.160, la liberación de los presos políticos en Chile y Argentina y justicia por Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, víctimas de la represión de Prefectura y Gendarmería, o sea el Estado.