Extraditarán al lonko mapuche Jones Huala

El 5 de marzo la justicia federal de Bariloche decidió la extradición de Facundo Jones Huala a Chile, para ser juzgado por el incendio de una vivienda en la localidad de Pisu Pisue, hecho del cual se había declarado ajeno e inocente y por el cual la justicia chilena no encontró pruebas para condenar a los otros detenidos el 30 de enero de 2013 en la casa de Huichalaf Pradines. El juez federal subrogante Gustavo Villanueva rechazó los planteos de la defensa, que apelará el fallo ante la Corte Suprema de “Justicia” de la Nación. Mientras ese tribunal resuelva, el imputado permanecerá en Argentina, en la cárcel de Esquel hasta el fallo quede firme o sea revocado.

La sentencia fue dictada por videoconferencia y antes de la hora prevista, evitando así la participación de familiares, amigos y representantes de organismos de derechos humanos y el mismo acusado Jones Huala. Una maniobra muy irregular, que contraviene lo dispuesto por el Código Procesal Penal, que estipula que por tratarse de un juicio oral y público, los involucrados deben estar presentes en el juzgado para escuchar la decisión. Huala desde la Unidad 14 donde permanecía a la espera de la sentencia se negó “a convalidar tamaña irregularidad” y en vez de sentarse a presenciar la videoconferencia, habló a los medios y advirtió: “se terminó el diálogo, se viene la extradición, por eso andaban con drones, van a desalojar a la comunidad que recuperó territorio en Villa Mascardi, van a seguir arremetiendo en Cushamen”.

En su alegato final, el referente mapuche exigió el fin de la represión contra los pueblos originarios, reivindicó el reclamo de tierras y responsabilizó al Estado por las muertes de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. “Dicen que somos terroristas. Si somos terroristas, ¿dónde están los muertos? Los muertos los ponemos nosotros. Acá no hay terrorismo, acá hay un pueblo harto que se defiende con lo que puede, con ese ‘arsenal’ que mostraron cuando desaparecieron a Maldonado: palas, machetes, motosierras, herramientas de trabajo, ese es nuestro arsenal. Si esto no es un juicio político, ¿qué es?”. El lonko cerró su alegato parafraseando a Fidel Castro en el juicio del Moncada: “ataquen nomás, el vuelto no va a ser en caramelos, la historia nos absolverá”.

Momentos previos de darse a conocer este veredicto se desató una brutal represión a cargo de Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía de Río Negro contra manifestantes que repudiaban el fallo, después de que volaran algunas piedras hacia el Tribunal.

Quince personas fueron privadas de su libertad y golpeadas en la comisaría segunda de la policía de Bariloche, entre ellos un menor de 14 años, una mujer embarazada y el periodista de radio Piuke, Luciano Beveraggi. Al día siguiente el juez de garantías Marcos Burgos, ordenó su liberación, pero seguirán acusadas por la rotura de un tacho de basura y la cámara de seguridad de un banco. En Buenos Aires, frente al Congreso, organizaciones de derechos humanos repudiaron el fallo.

El titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza y la vocera de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, Soraya Maicoño, viajaron hasta Chile para entregar a la presidenta Michelle Bachelet o a su jefa de Gabinete, una carta firmada por Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, en la que solicitan el levantamiento del pedido de extradición del Lonko. Las autoridades de la Casa de la Moneda no recibieron a la delegación argentina, que fue abordada por los Carabineros que custodian allí y se les impidió el paso.

En el caso Santiago Maldonado, la cartera de Patricia Bullrich demandó en la fiscalía federal de Esquel a dos abogados de la APDH Córdoba que obtuvieron sanciones contra el Estado argentino en la CIDH, por la desaparición forzada del joven artesano. En una maniobra de disciplinamiento, el ministerio de Seguridad denunció a los abogados Fernando Cabaleiro y Carlos María “Chuzo” González Quintana de haber engañado al tribunal internacional y a la sociedad argentina en vísperas electorales y haber contribuido mediante una falsa denuncia con estafa procesal al armado de “uno de los fraudes judiciales más graves de la historia judicial argentina: la desaparición forzada de Santiago Maldonado”. Nuestra solidaridad con los dos abogados y nuestro repudio de siempre a Bullrich.

PABLO AGUIRRE