Es indispensable una nueva ley de medios

En la Argentina, apenas 8 conglomerados concentran el 60% de la audiencia nacional. Si bien la concentración de los medios no es un fenómeno reciente, el gobierno de Macri tomó numerosas medidas para profundizarla. En particular, desarticuló la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) quitándole aspectos esenciales que permitían limitar el rol de los monopolios.

Macri firmó el decreto de necesidad y urgencia 267/15 por el cual disolvió la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la información y de las Comunicaciones (AFTIC). Ambas entidades fueron unificadas en el Ente Nacional de Comunicaciones, conformado por directivos mayoritariamente designados de forma directa por el Poder Ejecutivo, a diferencia de los organismos disueltos, en los que había representantes de fuerzas del oficialismo y de la oposición, de la academia y de otras organizaciones plurales.

En ese mismo decreto resolvió aumentar a 15 el número de licencias de servicios de comunicación audiovisual de las que puede ser titular una persona física o jurídica, al tiempo que eliminó trabas para la transferencia de licencias, plasmando la visión oficial de que la comunicación es sólo un negocio más.

Una de las medidas más influyentes a favor de la concentración fue la autorización de la fusión de Cablevisión (de Clarín) y Telecom, que se constituyó en la mayor fusión en la historia de las comunicaciones. Los grupos consiguen así una posición de mayor fuerza para la producción, circulación, distribución y comercialización de noticias, entretenimiento, comunicaciones personales y datos.

El moldeado de las comunicaciones de acuerdo con los intereses monopólicos también se complementó con el incumplimiento de partes que aún quedan de la LSCA. La norma prevé la asignación de Fondos de Fomento Concursable de Comunicación Audiovisual para medios sin fines de lucro. Son recursos que el Estado recauda del impuesto audiovisual y que deben destinarse exclusivamente para ese tipo de medios.

Macri retrasó y disminuyó los fondos, perjudicando a un sector clave en multiplicar las voces. En el mismo sentido, no se ocupó que los canales Barricada TV y PARES TV fueran incorporados a la grilla de Cablevisión, como correspondía al estar plenamente habilitados por el propio ENACOM. Los integrantes de esos medios y otros manifestantes fueron procesados por participar de una protesta para exigir el cumplimiento de la ley.

El apoyo a los monopolios es también tangible en términos monetarios: sólo en la primera mitad de 2019 el gobierno le dio a Clarín casi $400 millones, 18% de la pauta total repartida desde el Estado Nacional.

HACIA UNA NUEVA LEY

En la Argentina los medios se caracterizan por una alta concentración de la propiedad, fuerte incidencia de capitales extranjeros y una producción de contenidos muy centralizada en Buenos Aires. Apenas 4 grupos tienen el 74% de los diarios, el 56,7% de la TV Abierta y el 53% de las radios. El Grupo Clarín es el dominante, acaparando más de un cuarto de la audiencia total (25,28%), seguido de lejos por América.

Lamentablemente, Alberto Fernández -candidato a la presidencia por el Frente de Todos- no visualiza el grave problema de la concentración mediática y cuestionó a la Ley de Medios porque según él “los medios son negocios”. Esa visión no sólo es favorable a los monopolios comunicacionales sino también es completamente errónea: el éxito empresarial de Clarín y La Nación está íntimamente ligado a beneficios otorgados por el propio Estado.

En marzo de 2016 el Congreso Nacional por una Comunicación Democrática aprobó los “21 Puntos por el Derecho a la Comunicación”, sucesores de los “21 Puntos para una Radiodifusión Democrática” que sirvieron de base para la Ley de Medios. Allí se estableció que “la comunicación es un derecho humano que incluye todos los soportes y plataformas”. Se instó a la limitación de los monopolios para promover la diversidad y el pluralismo, el rol activo del Estado para asegurar los derechos, la promoción de formas diversificadas de propiedad de los medios, el aliento a la producción de contenidos a nivel regional y local, el derecho al acceso a contenidos de interés relevante, entre otros.

La LSCA se quedó corta en los hechos en lo que hace a la promoción de medios comunitarios, alternativos y populares; es necesario, además, tomar en cuenta la realidad de las nuevas tecnologías con sus desafíos particulares. Desde el PL entendemos a la Comunicación como un Derecho Humano y será preciso, entonces, dar una batalla por una nueva ley de medios que permita la toma de la palabra para las mayorías.