En Brasil quieren derrocar a Dilma y cerrar el paso a Lula

UNA CAMPAÑA DESTITUYENTE QUE RECORRE LA REGIÓN

La derecha brasileña perdió las elecciones de octubre de 2014, en segunda vuelta ante el PT que quería revalidar el mandato de Dilma Rousseff. Esa derecha era el PSDB, el partido de los “tucanos” del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, cuyo candidato derrotado en la ocasión fue el senador Aécio Neves.

Sin embargo, a pesar que Dilma ganó con 54 millones de votos y asumió en enero de 2015 su segundo turno en el palacio del Planalto, aquella derecha derrotada nunca admitió, en el fondo, el veredicto de las urnas. Y a los pocos meses estaba impulsando la campaña para la destitución de la presidenta, mediante un juicio político o impeachment instrumentando causas varias.

Esa línea, últimamente conocida como “del golpe blando”, no es un asunto brasileño sino regional, porque en varios países los hubo, como intentos o bien concretados. Intentos los de Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela; concretados en Honduras y Paraguay.

En esos casos juegan un papel fundamental los medios concentrados, la justicia corporativa y las respectivas embajadas de EE UU, alimentando las conspiraciones parlamentarias de la oposición política.

CONTRA LAS CUERDAS

Dilma denunció días atrás al vicepresidente Michel Temer, del PMDB, como el “jefe de la conspiración” y traidor, que ya había preparado su discurso de asunción de un nuevo “gobierno de unidad nacional”. Esto a raíz de que Temer mandó un audio de 15 minutos a los dirigentes y parlamentarios del PMDB donde hablaba como si ya hubiera asumido en lugar de Rousseff. El partido del vicepresidente fue aliado del PT en todos estos años pero hace semanas se retiró de la coalición, rompiendo con el gobierno y preparándose para que Temer sea el nuevo presidente.

En principio el que operaba abiertamente por esa destitución presidencial mediante el impeachment era Eduardo Cunha, titular de la Cámara de Diputados y también del PMDB. Se trata de un político corrupto, al que se descubrieron cuentas bancarias en el extranjero con 5 millones de dólares recibidos de coimas en el escándalo “Lava Jato” (Lavado Rápido) o Petrolao. Se trata del caso de coimas y sobreprecios en la empresa estatal Petrobras, que manchó a todo el arco político brasileño, aunque la derecha y los medios hegemónicos dirigieron todo el impacto sobre el PT, Dilma y Lula.

Y lo hicieron con ayuda de la justicia amiga, caso del juez de Curitiba, Sergio Moro, que viene persiguiendo a esos dos principales referentes del PT. A Lula lo llevaron a declarar con la policía, allanado, y luego vetaron su nombramiento, del 16 de marzo pasado, como jefe de gabinete. Así impiden que pueda fortalecer al golpeado gobierno de Dilma y de paso le cierran el paso a una candidatura suya en 2018, que ya había sido anunciada y que hoy puntea la intención de votos con el 21 por ciento.

Cunha como presidente de la Cámara de Diputados aceptó el pedido de juicio a la presidenta, en diciembre pasado. Luego las cosas se precipitaron cuando el PMDB abandonó el gobierno: la Comisión de Diputados terminó votando el 10 de abril a favor de hacerle a Dilma el juicio político, con un resultado de 38 a 27 votos en contra y ahora el planteo será llevado al pleno de la Cámara, que podría votarlo el domingo 17. Si la oposición logra allí los 342 votos favorables sobre un total de 513 diputados, el juicio pasaría al Senado, que por simple mayoría podría disponer el impeachment, suspendiendo por 180 días a la presidenta y disponiendo que el traidor Temer asuma en su lugar.

Como los medios mezclan todo, muchos pueden pensar que la causa del impeachment contra Dilma es la del Petrolao. No es así. El impeachment en su contra, impulsado públicamente por Cunha y bajo cuerda por Temer la acusa de haber disimulado cuentas públicas y déficit fiscal, por haber autorizado al Banco Central a pagar los programas sociales cuando aún no tenía fondos. No hubo en esto ni corrupción ni delito de responsabilidad, que se requieren para un juicio de ese tipo contra la presidenta.

Se comprueba lo dicho al comienzo: se acusa de corrupción a gobiernos democráticos y progresistas, para derrocarlos y reemplazarlos por otros muy corridos a la derecha, en la onda neoliberal.

Es de esperar que Dilma pueda sortear este peligro mortal. Lo logre o no, debería reflexionar sobre adónde conducen las concesiones a la derecha y el gran empresariado. Su ministro de Hacienda del segundo mandato fue el ex banquero neoliberal Joaquim Levy, que aplicó un fuerte ajuste. El resultado fue que eso vació al gobierno del apoyo de una parte del pueblo, cuando más lo necesitaba para enfrentar la conspiración derechista, que lejos de amainar, arreció.

Hoy es importante la pelea parlamentaria para tratar de impedir el impeachment, pero tanto o más decisivo que será que el pueblo brasileño gane las calles para defender la democracia. La región debe ser solidaria con Dilma y Lula, para evitar una restauración completa conservadora maquillada como “lucha contra la corrupción”.

PABLO LOZA