Elecciones el 25 de mayo en Venezuela

El próximo 25 de mayo el pueblo venezolano concurrirá las urnas para elegir 24 gobernadores, 285 diputados y diputadas, y 260 legisladores regionales. El hecho novedoso es que por primera vez serán elegidos un gobernador y diputados al Parlamento por la Guayana Esequiba, un territorio de 160 mil kilómetros cuadrados que fue Venezuela reivindica como propio.

A comienzos de este año, la Asamblea Nacional dio inicio a la conformación de una Mesa de Trabajo con distintos sectores, incluyendo a la oposición, con la ausencia del sector opositor nucleado en la Plataforma Unitaria Democrática cuya principal referente es María Corina Machado, que ha llamado a no participar argumentando que ese espacio considera un fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Con los mismos argumentos el Partido Comunista de Venezuela (PCV) llama a no votar publicando las conclusiones del XV Pleno de su Comité Central, caracterizando la investidura de Nicolás Maduro como el “punto culminante de una conspiración de los poderes públicos” que lo ha llevado a asumir un gobierno de facto. En ese mismo sentido se han expresado Voluntad Popular y el Partido Primero Justicia. 

Participarán entonces 13 partidos, organizaciones y movimientos políticos del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, mientras que por la Alianza Democrática de Oposición lo harán 14, y además otras fuerzas independientes.

Las elecciones parlamentarias del 2015, fueron desastrosas para el chavismo y el país. La oposición obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional lo que derivó en un choque de poderes, intentos de quiebre institucional y el recrudecimiento de las operaciones para voltear al gobierno, sanciones ilícitas y una serie de acciones promovidas y apoyadas por Estados Unidos. 

Estas elecciones determinarán la correlación de fuerzas en el sistema político del país. La oposición está dividida, no ha logrado la unidad y el llamado a la abstención bajo la premisa de efectuar operaciones de cambio de gobierno en connivencia con EEUU y el secretario de Estado Marco Rubio, ha causado una crisis al interior de esas organizaciones. 

En el partido Primero Justicia, por ejemplo, presidentes regionales, voceros y militantes de base rechazaron esa propuesta, denunciando que no fue debatida ni acordada en las instancias correspondientes. La crisis llevó a la expulsión de 6 miembros, entre ellos, el más conocido: Henrique Capriles Radonski. Otros sectores opositores como los gobernadores de Zulia, Barinas, Cojedes y Nueva Esparta van a participar y un nuevo grupo de dirigentes opositores que han formado una coalición o movimiento político que se denomina La Red Decide (Defensa Ciudadana de la Democracia). Esta prioriza la participación electoral como elemento de resistencia democrática, rechaza las sanciones económicas internacionales, los aranceles impuestos al país y pretende desplazar a aquellos actores opositores que se han desvinculado de la población y pretenden manejar desde Washington las estrategias y líneas políticas.

El oficialismo tiene una oferta electoral para todos los cargos a gobernadores y parlamentarios elegidos en un proceso de consulta popular a sus bases que postularon candidatos y candidatas en asambleas simultáneas en todo el país. Eso ha permitido el surgimiento de muchos dirigentes jóvenes y un importante aumento de líderes femeninas. A sabiendas que la participación en los comicios avalará o no la legitimidad del gobierno, el Gran Polo Patriótico ha centrado su estrategia en promover el voto, llamando a la cohesión de la militancia y el trabajo en territorio, apoyando a los líderes que surgen. Han impulsado también grandes movilizaciones en todo el territorio nacional y el Consejo Nacional Electoral ha realizado una auditoría de la infraestructura tecnológica con la presencia de veedores.

No es fácil el momento político actual del gobierno bolivariano por el marco económico que imponen las decisiones tomadas por Donald Trump, con nuevas sanciones económicas y la cancelación de licencias petroleras, nuevas regulaciones  en el comercio exterior que fijan aranceles del 25 % a las actividades petroleras y el 15 % a las comerciales que  perjudican a Venezuela. Además de eso, EEUU apoya una sostenida campaña internacional para desestabilizar al gobierno bolivariano. 

El presidente Maduro ha respondido con un nuevo Decreto de Emergencia Económica  que prevé entre otras cosas la sustitución de importaciones asegurando la compra de producción nacional, mecanismos para fomentar el empleo en los centros urbanos sobre todo, una reforma presupuestaria y de recaudación tributaria y nuevas medidas para combatir la evasión fiscal. Este nuevo contexto internacional demanda al gobierno de Maduro, además de las estrategias para impulsar la economía, un aumento de la eficacia del Estado, afianzar las relaciones con los países que no están alineados con EEUU, el resguardo de la seguridad y soberanía del país, y la recuperación de la participación ciudadana como la que logró Hugo Chávez. 

ELENA RIVERO