El superendeudamiento macrista

Hasta febrero de este año, el gobierno de Macri tomó deuda por 77.615 millones de dólares. De todo lo que se produce en el país en bienes y servicios durante un año (el Producto Interno Bruto o PIB), la deuda a fines del año pasado representaba el 53%. Hacia fin de este año todo indica que alcanzará al menos al 60% del PIB. Este tipo de proporción suele utilizarse para medir el grado de endeudamiento de un país, más que la cantidad que se debe en términos absolutos.

Para tener una idea del peso de estas obligaciones, hay que considerar que en 2001 -al momento de la crisis que derivó en el Argentinazo- la deuda representaba el 53,7% del PIB; es decir, en poco más de un año el gobierno llevó al país a una proporción entre lo que produce anualmente y lo que debe, similar a la que había al momento de la debacle económica del gobierno de De la Rúa. Y promete empeorar sensiblemente durante 2017.

El arranque de este proceso fue la emisión de bonos por 16.500 millones de dólares, con tasas de cercanas al 8% anual y vencimientos hasta 30 años. Esa tasa es altísima teniendo en cuenta el contexto internacional: según señalaba El Cronista el 20 de abril del año pasado, Uruguay había obtenidos créditos al 4,12% y Bolivia al 5%. Es decir que para pagar a los buitres, Argentina tomó una deuda enorme para pagarles todo, pagando de intereses casi el doble de lo que pagan otros países de la región para obtener préstamos en plazos similares.

Saldar la deuda con Paul Singer trajo como “logro” para el gobierno la posibilidad de endeudarse con mucha mayor facilidad, ya que los operadores del mercado financiero internacional le dieron luz verde.

¿A dónde fueron a parar los dólares que llegaron de la mano del endeudamiento? Claramente, no se destinaron a Salud, ni educación ni para impulsar sectores económicos estratégicos desde el Estado. Una parte fue a pagar deudas, otra a financiar el déficit fiscal y otra a financiar la fuga de capitales.

El déficit fiscal se acentuó por la quita de gravámenes a sectores concentrados (principalmente por la eliminación de las retenciones a la exportación) y porque el Estado recauda menos como consecuencia de la caída del poder de compra de los ingresos, ya que la gente compra menos y se produce menos.

Al mismo tiempo, gracias al levantamiento de restricciones para sacar dinero del país, la fuga de capitales dio un salto desde el comienzo del gobierno de Macri: desde diciembre de 2.015 hasta febrero de este año, se fueron del país más de 14.000 millones de dólares.

Para 2017 el gobierno atenderá vencimientos por 20.000 millones de dólares; pero no los pagará. Reiterará el esquema de cambiar esa deuda por otra deuda más nueva y más cara.

Este esquema no es novedoso. Hace unos días un economista recordó que es el modelo que impuso Martínez de Hoz durante la dictadura: “alto endeudamiento, inflación y aumento de la pobreza”. No fueron palabras de un militante de izquierda, sino del ex presidente del Banco Central y actual integrante del Frente Renovador massista, Aldo Pignanelli.

No se trata sólo de un esquema que repite las políticas de la dictadura. La deuda que reclamaban los buitres surgió del enorme endeudamiento que propició la dictadura, aumentada por la estatización de las deudas privadas y los negociados con los bancos. Esas maniobras siguieron luego del regreso de la democracia.

La Argentina no tomó préstamos para mejorar su infraestructura o promover su desarrollo, sino para favorecer a sectores concentrados, para sostener la bicicleta financiera y para posibilitar la fuga de capitales.

Cada toma de deuda implica una hipoteca sobre el conjunto del pueblo, para que los sectores más concentrados, las casas matrices de las firmas multinacionales que operan en el país y los especuladores, obtengan ganancias rápidas.

No se trata sólo de la deuda actual, groseramente incrementada por el macrismo: desde su origen la mayor parte de esos compromisos son de origen ilegal y cada vez es más necesario e ineludible plantear, como lo hace el PL, el no pago de esa deuda ilegítima.

JORGE RAMÍREZ