El pueblo resiste los tarifazos

Antes de la segunda vuelta del año pasado, Carlos Melconián planteaba incrementar las tarifas de luz y gas para reducir el déficit fiscal. Estimaba que la luz debía incrementarse en promedio un 250% y el gas en torno al 200%. Para el actual presidente del Banco Nación, la industria y el comercio debían pagar un 400% más de luz.

El gobierno de Macri, de la mano del Ministro de Energía y Minería Juan J. Aranguren, fue mucho más allá: según un informe elaborado por CIFRA (CTA de los Trabajadores) los cambios de tarifas que empezaron en enero implicaron una suba de la electricidad de hasta el 467%, en tanto que el gas llegaba a un 539% para el consumo residencial en la zona patagónica. También hubo fuertes aumentos en el transporte, llegando al 100% en el área metropolitana de Buenos Aires.

Como señalamos en LIBERACIÓN, este golpe a los bolsillos de los más necesitados originó luchas crecientes y presentaciones judiciales. La marcha de CTA del 2 de junio y las movilizaciones de cooperativas, clubes de barrio y empresas recuperadas tuvieron como eje el rechazo a los tarifazos. El 20 de junio, en el acto del día de la Bandera en Rosario, la gendarmería valló 300 metros para que los manifestantes estuvieran lejos de Macri; no conformes con esa medida, los uniformados reprimieron salvajemente. En Córdoba se realizaron varias marchas de Centros Vecinales y vecinos autoconvocados. En Mendoza, la protesta adoptó una modalidad original e irónica: el “frazadazo”.

Una consigna que cobra cada vez más fuerza en las protestas es el pedido de renuncia de Aranguren que acumula denuncias en la justicia por la incompatibilidad entre su cargo y su condición de accionista de la angloholandesa Shell y ex presidente de su filial argentina. Su gestión -a tono con los lineamientos del gobierno macrista- se orientó a favorecer a las empresas privadas, conformando un gabinete que reúne ex directivos de Panamerican Energy, Axion y otras. El subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria es Andrés Chambouleyron, testigo de parte de empresas energéticas en una decena juicios contra la Argentina ante el CIADI.

Las medidas firmadas por Aranguren implican un perjuicio para los consumidores, al tiempo que favorecen a las empresas “amigas”. Shell participó de la primera importación de petróleo en 5 años, ganó la licitación para la importación de siete barcos de gas (sobre 8 en total) y se benefició con la decisión de comprar gas más caro de Chile en lugar de Bolivia.

FALLO, AMENAZAS Y NUEVAS PROTESTAS

El 7 de julio la Cámara Federal de La Plata dispuso la nulidad de las resoluciones que posibilitaron el tarifazo del gas. La decisión del tribunal responde a una presentación de carácter colectivo presentada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) por lo que sus efectos alcanzan a todos el país. Hasta tanto el gobierno no apele y se conceda el recurso, los consumidores no tienen por qué pagar las boletas. El principal fundamento adoptado por los camaristas fue el no haberse realizado audiencias públicas previas a la decisión de incrementar las tarifas.

El gobierno expresó su posición a través del senador Federico Pinedo: si no se pagan las tarifas con los aumentos, habrá más impuestos y más inflación. La única concesión que realizó hasta el momento es la de fijar un tope del 400%.

El gobierno dispuso una modificación en el cálculo del tope del 400% para el gas con la idea de que la Corte Suprema se aviniera a un “per saltum” para suspender los efectos del fallo de La Plata. Hasta el momento esa jugada no le salió pues la Corte pidió al gobierno una serie de explicaciones previas, por lo que su decisión pasará para agosto, luego de la feria judicial.

A la convocatoria de la CTA Autónoma de un frazadazo nacional, se agregó un cacerolazo para el jueves 14. La lucha contra los tarifazos crece y adopta nuevas formas, y será un punto clave de la Marcha Federal del 17/18 y 19 de agosto hacia la Plaza de Mayo.

JORGE RAMÍREZ