El debate por el aborto: en el Congreso y en la calle

El 10 de abril comenzaron las reuniones plenarias de las cuatro comisiones del Congreso Nacional que van a debatir los proyectos para la despenalización del aborto. Son siete iniciativas parlamentarias, y la que presentó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito lleva la firma de 72 diputados y diputadas.

Es un debate histórico, porque fueron cinco las oportunidades anteriores en que se había presentado el proyecto, pero no se había podido sacar un dictamen para su tratamiento en el recinto. Si hoy es un tema importante de la agenda política, es por la lucha de muchos años del movimiento de mujeres y de los sectores progresistas que han impulsado una ley para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

Algunos sectores cuestionaron que con esta iniciativa –la presidencia del debate en el plenario está a cargo del diputado del PRO, Daniel Lipovetzky- el gobierno nacional intenta sacar de la atención pública temas centrales como la inflación, los tarifazos, las acusaciones contra el ministro de Finanzas Luis Caputo, etc. Quizás sea esa la intención del macrismo, pero el aborto no es un tema menor, ni puede ser considerado una “nube de humo”. Lo que está en juego es la salud y la vida de las mujeres, ya que la principal causa de muerte materna son las derivadas de abortos clandestinos.

El 10 de abril se vio con claridad que lo que estaba pasando adentro del Congreso era lo que había parido la lucha en las calles: adentro los expositores dando sus posiciones en el plenario, afuera miles de mujeres con los pañuelos verdes, sosteniendo el proyecto para la IVE.

Los números están bastante parejos, aunque por ahora serían más los que votarían en contra del proyecto; pero como también es alto el número de indecisos, serán ellos los que inclinarán la balanza para la aprobación o rechazo.

El primer día del debate se pudo escuchar a 32 expositores (16 a favor, que hablaron por la mañana, y 16 en contra, que lo hicieron por la tarde), de un total de más de 700 que fueron presentados por los diputados y diputadas. Se calcula que el debate en el recinto tendrá lugar en junio, aproximadamente.

De las posiciones vertidas, fueron muy claras las que defendieron el proyecto, en cuanto a fundamentos científicos y análisis histórico: por ejemplo, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, destrozó por anticipado, el argumento que a la tarde invocaría el ex juez de la Corte Suprema menemista, Rodolfo Barra. Éste afirmó que en nuestro país no se puede legislar sobre el aborto porque lo impiden la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Gil Domínguez, por el contrario, manifestó que ni la Carta Magna ni los tratados firmados por Argentina sobre los derechos de los niños, impiden que se sancione una ley que permita interrumpir voluntariamente un embarazo, tal como lo tienen decenas de países que también han firmado esos tratados y, sin embargo, han legalizado el aborto.

De los que hablaron contra el proyecto, fue notable la ausencia de sustento científico y se llegó a afirmar, por ejemplo, que el aborto “favorece a los violadores” porque hace desaparecer la evidencia del abuso. Así lo expresó Úrsula Basset, de la Universidad Católica Argentina (UCA), y también se pronunció contra los abortos no punibles, reconocidos en el Código Penal desde hace casi 100 años, que son los que permiten abortar cuando el embarazo es fruto de una violación o cuando corre peligro la vida o la salud de la madre.

Insólito fue que el director de la ONG ProFamilia, Oscar Botta, dijera que “el aborto aumenta las tasas de violencia familiar e infantil”, sin mencionar la fuente a la que recurrió para hacer semejante declaración.

Como lo expresara una de las expositoras de la mañana, quienes están en contra de este proyecto, son los que también se opusieron a la ley de divorcio, a la de educación sexual, al matrimonio igualitario, etc. O sea, son posiciones conservadoras a la medida de las posiciones más retrógradas de la Iglesia Católica, al extremo de que Botta se despachó contra la educación sexual en las escuelas, porque –según su visión- son “una estimulación sexual forzada”.

El debate se instaló en el Congreso precedido por las multitudinarias marchas de las mujeres, venciendo la resistencia de años de silencio y tabúes, de abusos, embarazos forzados y muertes por abortos clandestinos.

Es un final abierto. Aunque hoy los números no son todavía favorables a la aprobación del proyecto, va quedando claro a la población -que puede seguir el debate por la televisión y las redes sociales-, que no se trata de legislar de acuerdo a convicciones religiosas personales, sino de atender una cuestión de salud pública: la vida y la salud de las mujeres, nada menos.

IRINA SANTESTEBAN