Liberación - Órgano de Prensa
El acuerdo con el FMI
El gobierno festejó el acuerdo que suscribió con el Fondo Monetario Internacional y que le permitirá acceder a un préstamo de u$s 50.000 millones, según informaron oficialmente.
Luego del acuerdo técnico, el préstamo ahora deberá ser aprobado por el directorio del FMI, lo que podría ocurrir el próximo 20 de junio. Si eso ocurre, el gobierno espera contar de manera rápida con u$s 15.000 millones; el resto del préstamo se irá entregando a medida que lo solicite el gobierno argentino y siempre que pueda mostrar el cumplimiento del feroz programa de ajuste al que se comprometió. El Fondo otorgaría un período “de gracia” de 3 años, al cabo de los cuales la Argentina debería empezar a pagar a una tasa que puede llegar al 4,95%, dependiendo del momento en el que se efectivicen las devoluciones.
De una sola vez el macrismo toma deuda con el Fondo Monetario Internacional por un monto total que es más del quíntuple de lo que pagó Néstor Kirchner en el año 2006. Implica una fuerte hipoteca a futuro; pero no sólo es una cuestión de deuda, ya que el arreglo viene con condicionamientos que golpearán con fuerza en las condiciones de vida de la población y constituirán un férreo “cepo” al desarrollo nacional independiente.
Como siempre ocurre con estos acuerdos, el gobierno argentino deberá implementar un fuerte ajuste para reducir el déficit fiscal: en lugar del 3,2% del PBI consagrado en el presupuesto aprobado el año pasado, deberá bajar la marca al 2,7%. Ese déficit se refiere sólo al resultado “primario”, es decir, la diferencia entre ingresos y egresos (entre lo que el Estado recaude y lo que utilice); el déficit financiero, originado en el pago de deuda e intereses, y que hace a la cuenta corriente, no está en esa cuenta.
Las condiciones leoninas que comprometió el macrismo implican que ese déficit primario baje a 1,3% en 2019 y en 2020 (con el gobierno que se elija en octubre del próximo año) deberá alcanzar el famoso “déficit cero”. Al año siguiente, la exigencia del organismo que preside Christine Lagarde es un superávit del 0,5%.
Para esos resultados, el gobierno tiene previsto achicar las erogaciones del Estado: menos salarios, menos inversión pública, menos programas para los sectores más necesitados, menos salud, menos educación y tarifas cada vez más brutales. En la visión oficial, no hay margen para aumentar la recaudación mediante impuestos progresivos o gravámenes para los que han tenido enormes ganancias y beneficios en estos años, como bancos, mineras y agroexportadores. Tampoco piensa echar mano al control del flujo de capitales: la fuga seguirá sin freno, siendo la única posibilidad de frenarla -en la lógica oficial- atraerlos o mantenerlos asegurándoles ganancias extraordinarias.
Tampoco favorecerá una mayor recaudación el escenario de caída de la actividad económica, con tasas de interés que están entre las más altas del planeta, con fuerte disminución en la inversión pública, salarios deprimidos y costos insostenibles para las PyMEs.
Otro de los compromisos que asume el gobierno es el de desactivar la llamada “bomba de las Lebac”. El Banco Central conducido por Federico Sturzenegger emitió esas Letras reconociendo altas tasas, con un stock que supera los 1,2 billones de pesos. Esa cantidad, contando un dólar a $26 representa más de un 90% de las reservas totales de la entidad monetaria. Como parte del acuerdo con el Fondo, se prevé la reducción a la mitad de estas letras, lo que insumiría u$s 25.000 millones en 3 años. Esto significa que el destino de los fondos será, en primer lugar, pagar a la especulación financiera: obviamente, ni los jubilados ni los docentes tienen esas Lebac, y se pagarán a costa de achicar sus ingresos frente a la inflación.
Según Página/12, el gobierno deberá recortar $250 mil millones del presupuesto del año próximo: esa será la magnitud del ajuste que caerá sobre los salarios de trabajadores del Estado, reducción de obras, disminución de giros a las provincias y quitas de subsidios.
Además, entre este año y el próximo los vencimientos de la deuda rondan los u$s 45.000 millones; el gobierno intentará refinanciarlos, amparado en el apoyo del Fondo y el gobierno norteamericano, que prefiere mantener a Macri en la Rosada. Pero tampoco tiene garantía de éxito, más en un contexto internacional complejo y con una economía nacional frenada o en retroceso.
El macrismo reverdeció el problema de la deuda, que el anterior gobierno mantuvo relativamente acotado aunque sin atacar el origen espurio de la misma. Vuelve a mostrar su vigencia las palabras de Fidel Castro en 1985: la deuda es un mecanismo de extorsión y es incobrable e impagable.
JORGE RAMÍREZ