Deuda externa, el mayor drama para el país

Sólo 5 meses después de haber asumido, Mauricio Macri pagó u$d 9.000 millones a los “Fondos Buitres”. A partir de allí, arrancó el proceso de endeudamiento más intenso de la historia: en estos 4 años, la deuda creció más de u$d 100.000 millones, llegando a u$d 337.267 millones.

La medida de endeudamiento más usada por los economistas es la relación entre el monto de la deuda y el PBI (el valor de la totalidad de bienes y servicios producidos por el país). A comienzos de la gestión macrista, esa relación era del 52%; ahora la proporción supera el 81%.

En los próximos años, los acreedores pretenderán cobrar esos compromisos; cumplir con esos reclamos no sólo implicaría un esfuerzo brutal del pueblo, sino que implicaría asumir colectivamente la responsabilidad por ese dinero que sólo sirvió para el enriquecimiento de una minoría.

Para cumplir con los compromisos asumidos por el gobierno de Mauricio Macri, el país debería pagar en 2020 más de u$d 48.800 millones (según la consultora PwC); al valor actual del dólar, equivale a más de 3 billones de pesos. Y es sólo el monto a pagar por capital, ya que los intereses previstos implican otros u$d 14.838 millones. Según el Observatorio de la Deuda del Instituto de Trabajo y Economía, sólo entre abril y mayo vencen alrededor de u$d 20.000 millones entre capital e intereses.

La cifra equivale al 79% del total de las exportaciones anuales (el año pasado fueron u$d 61.782 millones según el INDEC), que constituyen la fuente de ingreso de divisas extranjeras… a las manos de los exportadores. Estos, a su vez, estuvieron exentos de la obligación de liquidar esos ingresos, algo que se modificó súbitamente con las restricciones adoptadas apresuradamente por el gobierno luego de las elecciones del 27/10. Y esto sin tener en cuenta que el funcionamiento de la economía necesita de dólares para importar bienes de capital, maquinaria, insumos.

Para tener una idea más clara del monto a pagar, vale compararlo con los presupuestos que el gobierno saliente dejó para 2020 en salud, educación, ciencia y técnica, vivienda y cloacas. Para todos esos rubros sumados, el ex ministro Lacunza asignaba algo más de $666.000 millones, menos de la cuarta parte de los pagos que deberían realizarse de acuerdo con los vencimientos referidos.

En virtud del acuerdo firmado con el FMI el año pasado, ingresaron al país u$d 44.300 millones; de ese total, sólo quedaban u$d 1.900 millones a fines de noviembre. Ese crédito debería pagarse a partir de 2021 (el próximo año sólo reclamarán el pago de intereses).

¿A dónde fue a parar el préstamo más grande de la historia del Fondo? Según datos oficiales, el 83% se destinó a pagar deuda en moneda extranjera y el 14% fue para atender deuda en moneda nacional. Esto significa que casi todo fue para satisfacer a acreedores, lo que no solamente no redujo el endeudamiento total, sino que lo aumentó.

Por otra parte, según CIFRA-CTA, el aumento neto de la deuda pública en moneda extranjera fue de 103.808 millones de dólares, mientras que la fuga de capitales alcanzó a 93.667 millones de dólares entre diciembre de 2015 y septiembre de 2019. Las altísimas tasas de interés que estableció la gestión macrista permitieron el crecimiento desbocado de la “bicicleta financiera”. Consistió en que los especuladores traigan dólares, los pasen a pesos, obtengan ganancias por intereses (muy superiores a la suba de la divisa), y vuelvan a comprar dólares, más de los que habían traído. Esa diferencia se evaporó del país, gracias a las facilidades para las operaciones con moneda extranjera, facilitadas por el gobierno de Macri desde los primeros días (eliminación del CEPO, quita de exigencias de tiempo de permanencia en el país para los capitales externos).

Macri tomó compromisos para favorecer a especuladores y para financiar la fuga; nada de lo que ingresó sirvió para apuntalar la producción nacional ni para beneficiar a una población que sufrió una fuerte pérdida del poder adquisitivo de sus ingresos.

Consistente con ese festival especulativo es la caída de la actividad económica: comparado con 2015, la gestión macrista deja un PBI un 8,8% más bajo. Esa debacle está acompañada con un 42% de capacidad ociosa, desocupación del 10,6% y con el 40% de la población en la pobreza.

El préstamo del Fondo fue acordado sin que fuera tratado por el Congreso; ni siquiera tenía dictámenes técnicos avalándolo. Por lo tanto, reconocer esa deuda implica convalidar ese compromiso tomado a espaldas de la mayoría.

En 1927, el jurista Alexandr Sak definió que una deuda es “odiosa” si fue contraída “no en beneficio del pueblo y del Estado, sino contra su interés” o en beneficio personal de funcionarios o amigos; también señaló que estas deudas cuentan con la complicidad de los prestamistas, que conocen cuáles serán las consecuencias para la población.

La deuda contraída en el macrismo es “odiosa” y no corresponde que el país asuma su pago; pero tampoco hay que olvidar que la abultada deuda carga con compromisos que vienen desde la dictadura, engordada por el menemismo y De la Rúa.

Esa carga es injusta para el pueblo argentino y una traba a su desarrollo, un freno a su autonomía, una lesión a su soberanía. Alberto Fernández planteó que renegociará la deuda y que el país “no puede pagar si no crece”. En particular el crédito ilegal del FMI no hay que pagarlo.