Deuda externa: El gobierno busca el acuerdo con el FMI y bonistas

El gobierno logró sin dificultades la aprobación de una ley que le permite al ejecutivo negociar con los acreedores externos, de cara a una “reestructuración” de la misma.

Con esa norma en la mano, Alberto Fernández espera conseguir renegociar la gigantesca deuda para postergar los pagos. La gira del presidente por Israel y Europa lo mostró “market friendly” (amigable con los famosos “mercados”) para buscar apoyo en las negociaciones con uno de los mayores acreedores, y el que de manera más directa interviene en las políticas económicas de los países deudores: el Fondo Monetario Internacional.

El propio Fernández dijo con claridad cuáles son sus intenciones respecto de las negociaciones con el FMI: “llegar a un punto de acuerdo que nos dé tiempo para recuperar la economía y para empezar a pagar”. No está en sus planes revisar el terrible endeudamiento tomado en el gobierno de Macri, sino sólo postergar los pagos para dar aire a la economía local.

Esa postura se condice con antiguas afirmaciones de Martín Guzmán, que datan de antes de que asumiera el Frente de Todos y fuera designado ministro: en su condición de investigador, planteaba que no había que pagar deuda en 2020 y 2021, pero como parte de una estrategia basada en la reestructuración.

Fernández fijó el 31 de marzo como fecha tope para lograr la reestructuración; pero más allá de manifestaciones discursivas, no hay elementos como para pensar que los acreedores tendrán voluntad de facilitar esos objetivos. De hecho, en la Web del Ministerio de Economía brinda un cronograma detallado del proceso, que incluye las instancias de selección de los “agentes financieros” que intervendrán en futuras colocaciones, las fechas en las que el titular de la cartera dará informes ante el Congreso, y la visita de la Misión del Fondo Monetario del 12 al 14 de febrero.

Las expresiones de apoyo de mandatarios como Netanyahu, Macron, Merkel o Trump fueron presentadas como alentadoras; sin embargo, los intereses de esos presidentes nada tienen que ver (de hechos, son contradictorias) con las necesidades de nuestro país. Y, por si eso fuera poco, muchos de ellos tuvieron palabras similares para con Macri, sin que ello redundara en ninguna mejora en las condiciones de endeudamiento ni en las calificaciones que dispensan las agencias más influyentes, que es lo que miran los acreedores al momento de negociar con cualquier país.

Este mes vencen bonos por u$d 1.637 millones; se trata de un bono “dual” (AF20), en pesos o dólares. En los primeros días de febrero, el gobierno lanzó un nuevo bono con vencimiento en 2021, con la intención de canjearlos y evitar el pago inmediato. La realidad fue dura: sólo el 10% del total pudo reemplazarse.

A poco del vencimiento, el gobierno intentó un nuevo canje, ofreciendo más ventajas para los tenedores de nuevos bonos; volvió a fracasar, debiendo declarar desierta la licitación correspondiente.

El 80% de los que tienen esos bonos son extranjeros; se estima que casi la cuarta parte del total está en poder de Franklin Templeton Investment, un fondo de inversión que tuvo muy buenas relaciones con el gobierno de Macri, siendo uno de los principales compradores de deuda.   Es que la lógica del capitalismo se basa en el lucro, no en los gestos; y la postura de los acreedores en general no diferirán mucho de la de Templeton.

Entre los vencimientos que ya estaban previstos de antemano, y los que se producirán como consecuencia del “reperfilamiento” del gobierno anterior, “honrar la deuda” implica destinar u$d 62.000 millones sólo este año, contando vencimientos de capital e intereses. Eso representa más del 10% del PBI (proporción que se incrementa con las devaluaciones), mucho más que lo que se destina a Educación y Salud juntos. Y en los años siguientes los vencimientos ya previstos serán de u$d 40.457 para 2021, u$d 50.041 en 2022 y u$d 45.481 en 2023; esto, claro, puede cambiar si se toma más deuda o se realizan canjes.

Según publicó Ámbito Financiero, el gobierno buscará convencer al FMI comprometiéndose a un superávit fiscal, superávit comercial y desarrollo del proyecto Vaca Muerta. A cambio, espera que el Fondo relaje las condiciones y no imponga algunas medidas antipopulares como las reformas laboral y previsional presentes en todos los dictámenes de la entidad que dirige Kristalina Georgieva.

Aún si la jugada del gobierno fuera exitosa, seguiría pendiendo sobre los argentinos las consecuencias de una deuda que no lo benefició y que debería calificarse como “odiosa” según los términos del jurista ruso Alexander Sack y organizaciones internacionales. Tal definición permitiría desconocer esos compromisos, que sólo sirvieron a los intereses de especuladores y sectores concentrados, en perjuicio de la población y comprometiendo derechos de la misma.