Deuda externa argentina califica como odiosa e ilegal

La deuda externa argentina era de 233.000 millones de dólares cuando asumió Mauricio Macri, quien la aumentó a 400.000 millones, más del 100 por ciento del PBI argentino.

Esa mitad macrista de la deuda total no debería ser pagada por el nuevo gobierno. Y hay que investigarla, porque prima facie fue contraída cometiendo diversos delitos, amén de que no fue tomada para mejorar la situación de los argentinos sino para fugar capitales. Según la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo, UMET, la fuga de capitales (total más los intereses) durante los años de Cambiemos ascendió a 133.313 millones de dólares.

Lamentablemente el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, declaró en Madrid, el 6 de septiembre pasado, que “con la deuda haremos lo que siempre hicimos, cumplir y honrar las deudas que se han tomado. Pero no me pidan que lo hagamos en contra de más deterioro de nuestra gente, y postergando más a los argentinos”.

Es muy equivocado “cumplir y honrar las deudas” que tomó Macri, porque hay evidencias de que se trata de una deuda odiosa e ilegal.

El Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM) ha planteado que “una deuda odiosa es: 1) una deuda contraída en violación de los principios democráticos (incluyendo el consentimiento, la participación, la transparencia y la responsabilidad) y ha sido empleada contra los más altos intereses de la población del Estado deudor, mientras que el acreedor conocía o estaba en condiciones de saber lo anterior”. O 2) una deuda que tiene como consecuencia denegar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población mientras que el acreedor conocía o estaba en condiciones de saber lo anterior”.

Y este es precisamente el caso de la deuda argentina.

Los 57.100 millones de dólares del crédito del FMI concedido en 2018, califican perfectamente en la segunda categoría de odiosa, porque impuso como condición el ajuste fiscal y el déficit cero, atentando contra el salario, las jubilaciones, las asignaciones, el presupuesto educativo y de salud, las obras públicas, etc, todo en desmedro de los derechos del pueblo. También puede ser acusada de ser odiosa en el primer sentido, pues por lo recién apuntado fue “empleada contra los más altos intereses de la población del Estado deudor”.

En cierto modo Alberto Fernández cuestionó la legitimidad de esa deuda al declarar al Wall Street Journal el 30 de agosto pasado: “ahora no hay nadie que tome la deuda argentina, ni nadie que pueda pagarla”. Se presta a impugnar esa deuda con el Fondo, cuando manifestó: “lo que quiero que entiendan en el FMI es que son culpables de esta situación; fue un acto de complicidad con la administración Macri. Fue la campaña de reelección más cara de la humanidad, y le dieron dinero a un gastador compulsivo”.

Fue dinero para “la campaña para la reelección más cara de la humanidad”. Si eso no es una “deuda odiosa”, ¿qué es?

Pero hay más todavía. En especial el préstamo del FMI debe ser tachado de ilegal e inconstitucional porque en su tramitación se omitieron todos los pasos legales y administrativos previos, amén de que no fue tratado en Diputados como señala nuestra Constitución.

El 8 de septiembre, en simultáneo en su sitio web El Cohete a la Luna y en su columna de opinión en el diario La Arena de ese día, Horacio Verbitsky publicó su nota “La deuda del FMI careció de respaldo institucional; Flojo de papeles”.

Allí se afirma: “No existe un acto administrativo que exponga la decisión de tomar el crédito, un dictamen del Banco Central, ni resoluciones del Directorio del Banco Central y del Ministerio de Hacienda que afirmaran su legalidad, oportunidad y conveniencia”.

Y se agrega: “La mayor deuda contraída por el país en tan corto lapso (que al mismo tiempo es la más grande concedida por el FMI desde su creación en 1944) careció del respaldo de un decreto del Poder Ejecutivo y de un dictamen jurídico favorable. Tampoco existe un acto administrativo que exponga la decisión de tomar el crédito, ni un dictamen del Banco Central que evalúe cómo impactaría en la balanza de pagos, ni resoluciones del Directorio del Banco Central y del Ministerio de Hacienda que afirmaran su legalidad, oportunidad y conveniencia. Ni siquiera hay constancia de que se haya suscripto acuerdo alguno: el expediente oficial sólo contiene la Carta de Intención y sus memorandos adjuntos”.

Verbitsky se refiere a las acciones judiciales y administrativas emprendidas por Pedro Biscay, exdirector del Banco Central entre 2014 y 2017, cesanteado por Federico Sturzenegger. Los otros dos firmantes de las acciones fueron Eduardo Murúa, del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, y Eduardo Codianni exsubgerente de derechos humanos del Banco Central, también despedido por Sturzenegger.

Después de contar con todos estos elementos políticos, económicos, financieros, legales y administrativos, pagar la deuda al FMI sería un acto suicida y de complicidad con el vaciamiento de la Argentina y el brutal ajuste contra su pueblo. Se debe y puede luchar para que eso no ocurra.