DESALOJOS CAMPESINOS EN SANTIAGO DEL ESTERO – Ordenan la detención de Deolinda Carrizo, del MOCASE

Los conflictos relacionados con la posesión o tenencia de las tierras en el país, tienen larga data, pero han recrudecido en los últimos años sobre todo por las luchas y demandas que protagonizan comunidades originarias y pequeños campesinos.

Argentina tiene 266.711.077 hectáreas de tierras rurales aptas para las actividades agrícolas, ganaderas, vitivinícolas o mineras. El 0,94 % de los dueños de las grandes extensiones productivas, maneja el 33, 89 % del total del territorio argentino. El 99,06 % restante controla apenas el 66,11 %. Existen leyes que debieran regular el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales (Ley 26,737) que entre otras, establece el límite de vender a extranjeros tierras que tienen fuentes de agua importantes o que están en zona de seguridad de frontera. Las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las mil hectáreas, pero el italiano Benetton es el dueño de 655.900 hectáreas para negocios agrícolas, ganaderos y mineros en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Río Negro y Santa Cruz, administradas por su empresa.

Las cifras y los hechos muestran que ni a los sucesivos gobiernos ni a la justicia les interesa cambiar esta situación de injusticia que también pone de manifiesto con claridad a qué intereses responden.

En la provincia de Santiago del Estero que posee 558.811 hectáreas de tierras rurales, se generó una demanda creciente de territorio para el cultivo de cereales y oleaginosas, principalmente soja, por su alta rentabilidad. Como en casi todas las provincias del Norte, uno de los principales problemas de los campesinos es la falta de seguridad jurídica sobre la tierra que ocupan y trabajan por generaciones. El avance sobre las posesiones campesinas por parte de los grandes terratenientes, empresarios y políticos ligados a los gobiernos de turno, comenzó a encontrar resistencia desde los años ‘80, en Santiago del Estero con la conformación del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) que comenzó a dar una respuesta colectiva de lucha gremial y de defensa jurídica a esos atropellos.

A esa organización pertenece desde niña Deolinda Carrizo, que en los primeros días de este mes cobró notoriedad por haber recibido una orden de detención emitida por la justicia para castigar su intervención para impedir el desalojo de una familia campesina. Deolinda Carrizo es además Directora de Género e Igualdad de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación e integrante ad honorem del Ministerio de las Mujeres Género y Diversidades de la Nación.

Deolinda sostiene que el trabajo por la igualdad de género reviste características particulares cuando se aborda desde la ruralidad y ella asumió esa causa incluso antes de que las mujeres de la Agricultura Familiar fueran consideradas sujetos activos para las políticas públicas en Argentina. Por eso desde la Dirección de Género llamó a incorporar transversalmente esa perspectiva en las políticas de producción y avanzar en la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar (27.118), impulsada por las organizaciones y sancionada en 2014, pero desarticulada por el gobierno de Mauricio Macri.

Muchas acciones diarias de las mujeres campesinas se vinculan a la defensa de sus tierras, al acceso al agua potable y a los recursos naturales para su subsistencia. Esas convicciones están presentes en la intervención que tuvo para impedir el desalojo de la familia Medina. El 26 de agosto pasado, luego de un procedimiento plagado de irregularidades, la policía de Roversi, una localidad de Santiago del Estero, se presentó pretendiendo desalojar a a Carlos Esteban Medina y su familia. Un particular, de nombre Guillermo Marcelino Ríos, que no posee ningún título de propiedad sobre el terreno de 242 hectáreas donde viven, pero que había logrado mediante engaños que una escribanía extienda un contrato de Comodato por un año donde él aparecía como propietario y Medina como inquilino. Este admitió haber firmado un papel porque le dijeron que era por un conflicto que él tenía con un empresario vecino y que de esa forma se solucionaría.

El MOCASE denunció que el Juez de Paz nunca estuvo en el lugar ni notificó a la familia Medina la demanda ni la sentencia. Tampoco se realizó una inspección judicial para constatar quiénes vivían en el inmueble ni se ordenó un informe social-productivo que reflejara cómo vivía esa familia. Y la Justicia no tuvo en cuenta que el demandante no tenía ningún título de propiedad e igual dictó el desalojo que se efectuó el 26 de agosto, dejando a la familia al costado de la ruta.

El MOCASE los acompañó para que no abandonen el territorio y el Fuero Penal abrió una causa por el delito de usurpación en contra de varios integrantes de la organización. El 2 de setiembre un operativo policial con órdenes de una jueza de Garantías intimó el desalojo del inmueble en un plazo de 2 horas y especificó que de no hacerlo ordenaba la detención de varios integrantes de la familia Medina y otros referentes del MOCASE, entre ellos Deolinda Carrizo.

Como ella misma denunció, con estas acciones van reduciendo al campesinado, achicando el territorio indígena y permitiendo la concentración de tierras en las pocas manos de los agroempresarios. Esta situación que vive Deolinda y las familias de los pequeños campesinos en todo el país, evidencia la complicidad del gobierno y de la justicia defendiendo los intereses oligárquicos y empresariales. Con los Benetton, Lewis, Blaquier, etc, no se meten, aunque existan leyes para sancionarlos. Con los pequeños campesinos, sí.

ELENA RIVERO