Liberación - Órgano de Prensa
Depurar y democratizar el Poder Judicial
El papel deplorable de una gran parte del Poder Judicial en estos últimos años, obliga a poner en la agenda política una profunda reforma en este poder, que tiene la facultad de hacer cumplir las leyes, investigar y juzgar a quienes las transgreden, y ser el intérprete de las normas constitucionales.
El Poder Judicial debería cumplir el papel de “equilibrio” entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero en la realidad es el más conservador y el más refractario a los cambios, garante del “status quo”.
También es el menos democrático, pues sus integrantes son seleccionados por un Consejo de la Magistratura formado por la “corporación judicial” (jueces, legisladores, abogados y juristas). Donde no juega la voluntad popular; a diferencia de quienes ejercen los poderes legislativo y ejecutivo, que son elegidos cada 4 ó 6 años por el voto de la ciudadanía.
Por supuesto que hay jueces y funcionarios que honran su función, pero el poder de la “corporación judicial”, que defiende y representa los intereses de las clases dominantes, es lo que prevalece en los pasillos tribunalicios. Así sucedió con las leyes de reforma judicial impulsadas por Cristina Fernández en 2013. La Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de algunas de esas leyes, que habían sido aprobadas por ambas Cámaras del Congreso: un organismo formado por 7 jueces, no elegidos por el pueblo, tiene el poder de suprimir leyes debatidas y aprobadas por diputados y senadores elegidos por el pueblo.
En el fuero federal, los jueces, en particular los que tienen sus despachos en el edificio de “Inodoro” Py, han cumplido un papel nefasto en estos años. Han instrumentado la persecución a los luchadores, como Milagro Sala o Facundo Jones Huala, y a los opositores políticos, como Fernando Esteche, Amado Boudou y Julio De Vido y las decenas de presos políticos detenidos en procesos irregulares. Prisiones preventivas, pericias truchas, testigos forzados a declarar bajo amenazas, vinculaciones con servicios de inteligencia para amedrentar a supuestos acusados de delitos de corrupción, etc., son algunas de las maniobras utilizadas sistemáticamente por jueces, fiscales y camaristas de los Tribunales de la Nación.
Tampoco se salva la Corte Suprema, tres de cuyos integrantes firmaron en 2017 el vergonzoso fallo del “2×1” para beneficiar a los genocidas con un sistema de cómputo de la pena ya suprimido. Ese fallo fue derogado por una enorme movilización popular, que obligó a los legisladores a dictar una ley prohibiendo aplicar el 2×1 para delitos de lesa humanidad. Sin embargo, a través del instituto de la prisión domiciliaria, se ha beneficiado a los genocidas, pero se le niega sistemáticamente a presos y presas sociales, detenidos por delitos a veces insignificantes al lado de las desapariciones, torturas y crímenes de aquellos.
Por todas estas razones es necesaria una Reforma Judicial, que incorpore un sistema de designación de jueces con participación popular, que suprima privilegios irritantes, que ponga límites a los mandatos vitalicios, para transformar a este Poder con resabios monárquicos y autoritarios, en una Justicia al servicio del Pueblo.
Los ataques que sufrió Mempo Giardinelli, del Manifiesto Argentino (MA), por haberse pronunciado a favor de una reforma judicial, demuestran que es un tema que requiere cambios populares. Daniel Sabsay, un constitucionalista muy reaccionario, acusó a Giardinelli de pretender “suprimir” el Poder Judicial y tildó a su propuesta de “autoritaria” y “casi stalinista”.
Desde el Partido de la Liberación sí creemos que hay que reformar y no de manera cosmética sino en profundidad al Poder Judicial. La propuesta de MA de una Corte Suprema de 9 miembros elegidos por el voto popular y con mandato por 10 años, no renovables, y la eliminación de los privilegios de la magistratura, nos parece correcta.
El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, ha dicho que esto no será una prioridad de su gobierno. Está equivocado si cree que podrá cumplir sus promesas de un país con más trabajo y justicia social, con un Poder Judicial defensor de los monopolios, banqueros y oligarcas.
