¿Cómo se puede controlar la inflación?

En febrero de 2015, Mauricio Macri dijo que eliminar la inflación sería “la cosa más simple que tenga que hacer” si llegaba a la presidencia. Hoy, con el diario del lunes (o de muchos lunes, más bien) es evidente que esa fue una mentira más del mandatario ahora derrotado en las urnas.

Es poco lo que se podrá hacer por la inflación si se desconoce las causas o se yerra en el diagnóstico. Y el argumento principal de estos sectores es que la causa de la inflación es la emisión monetaria. Esta mentira va más allá del engaño; revela la falta de bases científicas de las afirmaciones que disparan los economistas en los grandes medios, funcionarios de carteras afines, además de empresarios que aprovechan las subas de precios.

Repasemos ejemplos: Cavallo escribió en su blog que “la inflación siempre tiene un origen monetario”; Milei enfatiza que “la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, la forma más directa de pagarla es parar de emitir”; o incluso un titular de Télam -agencia estatal subordinada a las políticas del gobierno macrista- que directamente pontifica que “la emisión de moneda es el único factor que genera inflación, según economista”. El profesional aludido es Ramiro Castiñeira, de la consultora Econométrica, que dirige Mario Brodersohn (ex ministro de Alfonsín y socio de Alieto Guadagni y del ex ministro de dos dictaduras, José María Dagnino Pastore).

Semejante declaración de fe choca frontalmente con los datos: Macri tuvo como una de sus estrategias reducir la emisión de moneda, a través de las diversas autoridades que designó en el Banco Central: Adolfo Sturzenegger, Luis Caputo y Guido Sandleris. Con este último la entidad dispuso el total congelamiento de la cantidad de moneda circulante; esa decisión se tomó en septiembre de 2018, mes en el que la suba de precios había llegado a los 6,5%. En los tres meses siguientes, la suba de precios fue algo menor (aunque muy por encima de los de toda la región, exceptuando a Venezuela), pero ya en enero volvió a subir, tendencia que se mantuvo hasta la actualidad. El último cómputo publicado por el INDEC (septiembre de este año) fue de 5,9%.

Visto en términos interanuales (es decir, la suba de precios medida por el INDEC a lo largo de un año), la tendencia es creciente. En enero de 2018 (primera medición con datos íntegramente publicados por el macrismo) los precios habían registrado un incremento del 25% en un año, mientras que entre septiembre de 2018 y el mismo mes de 2019 la suba llegó al 53,54%.

Es claro que si no hay dinero, si nadie puede comprar absolutamente nada, no puede haber suba de precios; pero la creencia de que mantener fija la cantidad de billetes en manos de los ciudadanos y guardada en los bancos es una garantía de baja inflación, ha demostrado ser errada.

Tomar en cuenta sólo la cantidad de dinero deja de lado la forma concreta en que ese dinero se distribuye, circula y genera demanda; la plata no sale de la Casa de la Moneda a los ciudadanos, ni se reparte equitativamente. Hay Bancos, empresas que pagan salarios, que cumplen un papel central en esa circulación. Tampoco hay una relación lineal entre el aumento de lo que quiere comprar la gente y la suba de precios, ya que un incremento en la producción aumentaría la oferta, y aún en el juego de oferta-demanda (que rige en determinadas condiciones, no en todo tiempo y lugar) no tendría como consecuencia el aumento de precios.

El gobierno también adoptó medidas para que el dinero no circule: las tasas de interés más altas del mundo apuntan a que quienes tienen unos pesos de más no lo gasten (ni inviertan) sino que los pongan en los bancos. De nuevo, no lograron que frene la inflación, pero sí profundizaron la recesión y alimentaron la especulación.

La teoría dominante omite deliberadamente muchos factores. No tiene en cuenta el peso de los monopolios en la conformación de determinados precios (sobre todo en bienes que inciden en la producción de otros) o el rol de los tarifazos. Estos últimos inciden claramente en otros precios: el aumento de los combustibles encarece el transporte (y con ello el precio de las mercaderías en su destino), la suba de energía impacta en costos de producción, etc.

Tampoco se pone en la mira a los formadores de precios: en la Argentina un producto agrícola cuesta en la góndola 5 veces más de lo que recibe el productor directo. Ese cuadro resulta de un alto grado de concentración en la venta de productos agropecuarios, ya que sólo 6 cadenas tienen el 89% de las ventas; 4 de ellas son extranjeras, y las dos “nacionales” son Coto y La Anónima (de los Braun-Menéndez).

La teoría económica dominante elije descartar las demandas sociales, los criterios de justicia, en pos de una entelequia que no ha tenido existencia real en el mundo, pero que funciona como modelo abstracto y resulta un buen justificativo para políticas que benefician a los más poderosos.

Una verdadera política antiinflacionaria debe atacar la concentración, limitar y controlar a los formadores de precios, promoviendo sueldos justos e impulsando la producción nacional como método para frenar la inflación. La vía contraria, la del ajuste, la conocemos de sobra y sabemos a quiénes beneficia.