Bullrich quiere poner a los militares a combatir a los narcos

            La escalada de violencia en Rosario paralizó a esa ciudad, luego del asesinato de cuatro trabajadores por las bandas narcos. Fue una represalia por la difusión de videos donde se ven imágenes de presos en cuclillas, desnudos, al estilo de lo que ocurre en las cárceles de El Salvador, con las “maras” (pandillas) a las que combate con esos métodos, el presidente Nayib Bukele. De esta forma, el gobernador Pullaro, cumple con su promesa de campaña, de “mano dura” contra los narcos, para lo cual tiene el apoyo de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y del presidente Javier Milei. Se conformó un Comité de Crisis, y se enviaron 200 efectivos de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, que se suman a los 1500 que ya se encuentran en Rosario. Luego se sumarán otros 250, en un operativo “saturación”, que apunta, igual que la difusión de los videos, más a una estrategia “marketinera” que a una real intención de solucionar el problema.

            Bullrich y Pullaro califican de “terrorista” la violencia narco desatada en Rosario, y por eso piden la aplicación de la Ley Antiterrorista. La ministra prometió “medidas duras” contra el lavado de dinero y el control de armas, otros dos delitos relacionados al tráfico de drogas.

            Los periodistas Germán de los Santos y Hernán Lascano publicaron el año pasado el libro “Rosario: La historia detrás de la mafia narco que se adueñó de la ciudad”, muy útil para comprender lo que sucede en la ciudad del monumento a la Bandera. Para los autores, la violencia narco se relaciona con otros sectores no violentos que se benefician con el producido del narcomenudeo que genera mucho dinero, que luego debe distribuirse en actividades “lícitas”. Es el circuito del “lavado” del dinero, una cuestión muy poco abordada por las autoridades, y es allí donde está el meollo de la cuestión. Sería imposible este negocio exitoso si no hubiera un circuito donde introducir ese dinero producto del tráfico de drogas: negocios inmobiliarios, actividades financieras y económicas “lícitas”, campañas políticas de candidatos, coimas a policías corruptos, jueces y funcionarios.

            El especialista en Seguridad Marcelo Saín afirma que en Rosario hay “un vínculo de hecho entre grupos narcos, financieras y política, que no está mediado por la policía. La policía está afuera del negocio. La plata grande del narco va directamente a través de los abogados narco a las grandes financieras y de ahí al mundo de la política”.

CONDICIONES

            El gobierno nacional anunció también que mandará al Congreso un proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas puedan actuar contra el narcotráfico, cuestión que les está vedada por la legislación actual, ya que solo pueden actuar ante hipótesis de conflictos externos. Hasta ahora solo pueden aportar en la logística, pero no en tareas de represión interna.

            Poner a los militares en el campo de batalla contra el narcotráfico en Rosario, como pretende el gobierno, no solo tiene un impedimento legal. Ya hay voces cercanas a los militares que están pidiendo “condiciones” para que este accionar sea aceptado en las Fuerzas Armadas. La defensora de los genocidas Cecilia Pando escribió que los militares no aceptarían involucrarse en la lucha contra el “narcoterrorismo”, para no terminar después “ilegalmente detenidos”, como sucedió con los condenados por delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado, concepto que Pando niega. Su marido, el militar retirado Pedro Mercado, la remató: “Que la casta primero libere a nuestros camaradas presos. Después hablamos”. Sus “camaradas” son los responsables de secuestros, desapariciones, torturas, apropiación de bebés, y otros crímenes aberrantes.

            Esos sectores, de los cuales forma parte también la vicepresidenta Victoria Villarruel van a exigir esa “condición” para que los militares acepten participar en la lucha contra el narcotráfico: el indulto, la reparación y la anulación de los juicios de lesa humanidad.

COMPLICIDADES

            Ni Bullrich ni Pullaro ni Milei mencionan, cuando prometen combatir la violencia narco en Rosario, la complicidad judicial, policial y política que tiene necesariamente este delito y que evita su erradicación. Para la ex ministra de Seguridad Sabina Fréderic, la policía de Santa Fe es una “banda criminal”, que ni siquiera puede administrar con “eficiencia” los territorios donde reinan las bandas narcos, como sucede en otras provincias (Buenos Aires, por ejemplo) donde las fuerzas policiales funcionan como “reguladoras” del delito.

            En Rosario se potencian las condiciones que explican el predominio de las bandas narcos, como dueñas de territorios donde las condiciones sociales favorecen el reclutamiento de jóvenes expulsados del sistema educativo y laboral, que obtienen recursos y también reconocimiento, aunque sea ilegal. La ausencia del Estado en la contención de las necesidades que evidencian amplios sectores sociales, es parte de lo que pasa en Rosario. No es casual que el mapa de los homicidios se centra en los barrios marginales y no en las áreas de mayor poder adquisitivo. Hasta las cárceles actúan como “reclutadoras”, cuando se mezclan jóvenes pobres que cometieron delitos menores, con narcos que les ofrecen un mundo de posibilidades que no tendrán cuando salgan con un trabajo que nadie les ofrece. Ese problema merece la atención de las autoridades, más que videos amarillistas para simular que se reprime a los narcos.

            Las recetas de Milei-Bullrich-Pullaro, apoyadas por otros gobernadores como Llaryora, de Córdoba, no van  a solucionar el narcotráfico en Rosario ni en otras ciudades. Para desterrar a los narcos de los territorios, hace falta un cambio profundo en las condiciones sociales, en educación, en políticas de empleo y contención. Hay que reprimir a las bandas narcos, pero también perseguir y condenar a sus cómplices estatales (policías, jueces) y empresarios.

            La depuración de las fuerzas de seguridad es una deuda pendiente de 40 años de institucionalidad democrática. Tampoco figura en los planes de Milei-Bullrich, que muy por el contrario, promueven la formación de los efectivos policiales para la represión de las movilizaciones populares.

IRINA SANTESTEBAN