Blanqueo para la familia

En el mismo proyecto de ley en el que el gobierno presentaba la “reparación histórica” para los jubilados (que no resultó ser tan positiva como se difundió) se incluyó el blanqueo de bienes, dinero en efectivo, créditos, etc. que no estuvieran declarados. La iniciativa fue convertida en ley con la colaboración del massismo, el Bloque Justicialista de Romero y Bossio, y el complaciente bloque de senadores del FPV-PJ.

La ley 27.260 dispone que personas que reconozcan ante el fisco recursos que antes no habían declarado, que tenían escondido y que -de mínima- no pagaban los impuestos, a partir de su reconocimiento estos bienes pasan a ser legales y pueden ser utilizados libremente dentro del país.

En 2013, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner también había impulsado y logrado la aprobación de un blanqueo, aunque en ese momento sólo contemplaba la tenencia de dólares en el extranjero. El Partido de la Liberación manifestó su desacuerdo con aquella medida, ya que mientras se mantenía el impuesto sobre el salario se perdonaba las obligaciones de grandes evasores. En esa misma línea se expresaron algunos legisladores que ahora votaron favorablemente el nuevo blanqueo, sin plantear demasiadas objeciones.

Para alcanzar la cómoda mayoría en la votación, el gobierno realizó algunas concesiones a los gobernadores y aceptó modificaciones menores. El fuerte resultado en diputados (162 a 76) sumó al massismo extendiendo la nómina de los individuos que no podían beneficiarse con el blanqueo, explicitando que los familiares directos de los funcionarios (cónyuge, padre e hijos no emancipados) estaban excluidos del beneficio. En su intervención en el debate, el massista Felipe Solá se refirió a las negociaciones que terminaron en la modificación de varios artículos, extendiéndose puntualmente en la exclusión de los parientes. Curiosamente, en su alocución advirtió que los hermanos de los funcionarios se utilizaron a veces como testaferros, pero la norma aprobada no los tomó en cuenta.

La exclusión del beneficio a familiares fue de entrada una restricción bastante limitada, ya que permite blanquear a los hermanos y primos (por eso algunos lo llamaron Ley Calcaterra). Fue uno de los ejes de la crítica del FPV, cuyos blanqueos habían sido explícitos en quitar esa posibilidad a cónyuges y parientes de hasta segundo grado de consanguinidad.

A pesar de la tenue limitación familiar, el gobierno nacional ignoró los acuerdos, los debates parlamentarios y hasta elementales normas de decoro, y decretó luego por el PEN la posibilidad de que cualquier pariente directo de los funcionarios pueda sumarse al blanqueo. La única condición es que demuestren que los bienes que blanqueen eran suyos antes de que el familiar asumiera como funcionario.

En el elenco gobernante, son muchos los que tienen empresas offshore. Según el diputado Darío Martínez, 18 funcionarios tienen este tipo de firmas en lugares donde prima el secreto y la evasión impositiva. Por ejemplo, la esposa del Secretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis. La pareja del Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, Elisa Virginia Alfie, es la tesorera de Kalushy S.A., radicada en Panamá. Especialmente la familia presidencial tiene una amplia práctica de esquivar al fisco: el mandatario y su familia aparecen en 30 sociedades registradas en guaridas fiscales.

La ley que permitió el blanqueo resume buena parte de los intereses fundamentales del gobierno actual: en nombre de la “reparación histórica” para los jubilados, abrió una vía para que los acaudalados y ricachones puedan usar su dinero por fuera de la ley penal tributaria. Y en la misma ley posibilitó la venta de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses y estableció una reducción del impuesto a los bienes personales. Lo de Macri es clarísimo: perdón para los evasores, liquidación de acciones de empresas en manos del Estado y menos impuestos sobre propiedades de los segmentos más ricos del país. Esto, por denuncia de Victoria Donda, ha provocado que el fiscal Marijuan impute a Macri, Prat Gay y Marcos Peña. Al margen de cómo evolucione la causa, es otro indicio de la gravedad del decreto macrista para familiares.

JORGE RAMÍREZ