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Blanqueo de capitales, a pedir de Macri
El blanqueo de capitales es un régimen mediante el cual las personas que tienen moneda extranjera o bienes que pueden transformarse en divisas, pueden regularizar esos fondos depositándolos en una entidad bancaria y destinándolos a la inversión. En mayo de 2013, el gobierno de Cristina Fernández, en medio de las restricciones cambiarias, implementó un blanqueo de capitales que llegó hasta diciembre del 2015, mediante 9 prórrogas. Ese plan, que contó con dos instrumentos: los Cedin, para inversiones inmobiliarias y los BAADE, un bono para energía, quería recaudar 5.000 millones de dólares. Sólo captó 2959 millones de dólares.
En la promocionada “reparación histórica a los jubilados y pensionados” el oficialismo logró aprobar el blanqueo de capitales, que serviría para hacer frente al pago de deudas previsionales a jubilados y pensionados que iniciaron juicios por reajuste de haberes. La ley de blanqueo fue aprobada por legisladores del PRO-Cambiemos, Frente Renovador, el Frente para la Victoria-PJ y demás bloques con algunas abstenciones y pocos votos negativos. El llamado “sinceramiento fiscal” concluyó en marzo de este año con un récord de blanqueo de capitales en el mundo. En total, se exteriorizaron activos por 116.800 millones. Los pocos jubilados que recibieron la “reparación histórica” cobraron cifras exiguas. Entonces ¿quiénes fueron los beneficiados?: la familia del presidente Macri y sus “amigos”.
Como denunció Horacio Verbitsky: “familiares, amigos y asociados del presidente, de su jefe de gabinete y de su secretario Legal y Técnico, ocupan lugares destacados en la lista de personas que se acogieron al blanqueo de bienes no declarados”. El primo del jefe de gabinete de ministros, Alejandro Jaime Peña Braun, el socio y amigo de Macri, Nicolás Caputo, el cuñado del Secretario Legal y Técnico de la Presidencia Pablo Clusellas Zorraquín, y Marcelo Mindlin. Este último, que compró la constructora de la familia presidencial, IECSA, blanqueó 770 millones de pesos, equivalentes a 44 millones de dólares (una suma similar a la que trascendió que había pagado por la constructora de los Macri).
La ley de blanqueo de capitales, aprobada el 29 de junio de 2016, establecía que “no podrán ingresar funcionarios o ex funcionarios que estuvieran desde el 2010, legisladores y jueces, ni los padres, cónyuges, convivientes e hijos”. El 30 de noviembre de 2016, por el decreto 1206/2016 firmado por Macri, Marcos Peña y el entonces ministro de Hacienda y Finanzas, Prat-Gay, se modificó esa cláusula para que todos los familiares de funcionarios públicos pudieran blanquear dinero y bienes no declarados, tanto en el país como en el exterior. La modificación se dio en simultáneo con la investigación judicial sobre los activos que el padre del presidente, Franco Macri, tiene sin declarar en el exterior. Fue el primer beneficiado de la familia, pero, no el único.
Gianfranco Macri, hermano del presidente, blanqueó 622 millones de pesos, o 35,5 millones de dólares. Gianfranco integra los directorios de empresas familiares. Mauricio Macri declaró bienes por 126,6 millones de pesos, es decir que su hermano blanqueó cinco veces más. Gianfranco y otro de los hermanos “presidenciales”, Sebastián, están en la mira de la justicia alemana por lavado de dinero y maniobras sospechosas en el UBS Deutschland AG. Se presentó un extracto bancario con movimientos en esa cuenta por más de 1 millón de dólares que no pueden justificar. No sorprende “esta práctica” de la familia presidencial, que siempre ha sido actor destacado en la constitución de sociedades offshore y la fuga de capitales.
También resultó beneficiada la familia de la esposa del presidente, Juliana Awada. El hermano mayor es el presidente de las empresas textiles de la familia, cuyos talleres fueron denunciados por trabajo esclavo, y forma parte del directorio de empresas de agronegocios como cría y comercialización de ganado, cultivo de oleaginosas, empresas de catering e importación y distribuidoras polirrubros.
¡Lo primero es la familia!
ELENA RIVERO