Aumentan las tarifas, crece la lucha

En enero el Ministerio de Energía que conduce el accionista de Shell Juan José Aranguren dispuso incrementar los precios mayoristas de la electricidad, lo que llevó a un aumento de las boletas de luz en todo el país.

Al mismo tiempo, Aranguren modificó los cuadros tarifarios para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que llevó a que en esa zona del país los aumentos por este servicio superaran el 400%.

En marzo el golpe a los bolsillos por los servicios públicos se multiplicó, con los incrementos en el servicio del gas, que impactaron más fuertemente en la región patagónica: allí las boletas llegaron con aumentos superiores al 500%.

Estas medidas demuestran la insensibilidad social del gobierno de CEOS, condenando a muchas familias a no poder hacer frente a la tarifa del gas cuando llega el frío invernal.

Tanto en el servicio eléctrico como en la provisión del gas, el golpe fue mayor para industrias y comercios. Esta situación, sumada a la caída del consumo resultante de la inflación y los despidos, llevaron a una situación crítica a muchas Pymes, empresas recuperadas e incluso clubes de barrio o centros culturales.

Los argentinos también sufrimos del aumento del precio del transporte público; los trenes del área metropolitana subieron entre el 40% y el 55%; en la misma región el colectivo aumentó entre el 50% y el 100%. Córdoba se había adelantado ya en noviembre del año pasado, con una suba de 45% que la llevó al tope de los precios del transporte público.

El gobierno justifica estos golpes con la “herencia recibida”, el supuesto desorden de las finanzas que habría dejado el gobierno anterior, Sin embargo, no tuvo la misma actitud para con los sectores poderosos, cuando quitó las retenciones a las exportaciones (excepto parcialmente a la soja) o cuando decidió el pago a las exigencias usurarias de los “fondos buitres”.

El aumento de tarifas golpea principalmente a los sectores más vulnerables de la población, a las Pymes y comercios pequeños.

La lucha crece

La protesta popular contra los tarifazos fue en crecimiento. Ya en febrero hubo marchas multitudinarias en Misiones, Entre Ríos, La Rioja, entre otras provincias. A fines de marzo el rechazo al incremento de tarifas fue una de las consignas del paro y marcha de la CTA Autónoma que se movilizó hasta el Congreso de la Nación.

El 2 de junio las dos CTA se movilizaron a Plaza de Mayo contra el veto a la ley de emergencia ocupacional y contra los tarifazos; una semana después, las empresas recuperadas, clubes barriales, instituciones culturales y cooperativas compartieron una convocatoria con similar reclamo.

El gobierno intentó aplacar la protesta con sus habituales reflejos de clase: planteó que parte del aumento se pagaría “en cuotas”, luego propuso un tope de “sólo” el 400% para los incrementos, y anunció la devolución del 40% de la boleta para clubes de barrio, pero sólo aquéllos que tengan personería jurídica y menos de 2.000 socios.

Las tarifas sociales, propuestas para los sectores de menores consumos, tienen complejos requisitos para acceder a ellas.

Varios jueces hicieron lugar a presentaciones de particulares, empresas recuperadas e incluso intendentes, por lo que se suspendió la aplicación de las tarifas abusivas en La Plata, La Matanza, Bariloche, Tierra del Fuego y San Luis. Según el periodista Roberto Navarro, el 38% de los consumidores no pagó la última boleta de luz, lo que muestra otras formas de resistencia ante este atropello.

El gobierno sólo atinó a ofrecer pequeños parches, que no cambian en esencia un cuadro por el cual la mayoría de los argentinos tiene que sostener nuevas tarifas, mientras que los sectores más poderosos económicamente gozan cada vez de más beneficios. Mientras tanto, la lucha y la resistencia a los tarifazos va tomando más fuerza y constituye un reclamo unitario que choca de frente al ajuste macrista.

Aranguren se ha ganado varias causas judiciales, una por incompatibilidad de seguir teniendo acciones por sumas millonarias en Shell y ser ministro del ramo; otra por favorecer a esa firma en contratos de compra de gas a Chile a un precio superior en 128 por ciento al pagado a Bolivia, etc. Sería bueno lograr su renuncia para que rodando esa cabeza se puedan poner otras en remojo…

JORGE RAMÍREZ