ART: la industria de la explotación

La reforma de la ley de ART fue implementada en 2017 como consecuencia de presiones de las patronales que venían reclamando que era necesario un cambio que los beneficiara aún más de lo que naturalmente son beneficiados como clase, extrayendo plusvalía. En este razonamiento los argumentos esgrimidos por el macrismo de que los juicios laborales eran los causantes de masivos despidos es una vil patraña que visibiliza sus intenciones de clase. Instaló el eslogan mentiroso de “la industria del juicio” cuando los trabajadores sabemos bien que en realidad la única industria beneficiada es la de la explotación y la desidia patronal que nos obliga a trabajar en condiciones de higiene y seguridad cada vez más miserables para ampliar su siempre jugosa tasa de ganancia.

Según índices publicados por “Clarín” a principios de 2019 han caído los juicios laborales en un 50 % debido a que la mayoría de los trabajadores renunciaron a la posibilidad de iniciar acciones legales debido al proceso engorroso que ello implica. Antes de la reforma se podía optar por la “Doble vía”, lo cual establecía que el trabajador podía recibir una indemnización de manos del Estado (Superintendencia de riesgos del trabajo) y posteriormente iniciar juicio, de esta manera obtenía ambos “Beneficios”.

En el año 2011 en pleno gobierno Kirchnerista se implementó la primera reforma que justamente apuntaba a esa “Doble Via” provocando su anulación. Esta incipiente medida preparó el avance a la reforma impulsada por Macri en 2017. Es imposible entender dichas reformas sin contextualizar la situación de crisis mundial del capitalismo, también comprender el rol jugado por la siempre cómplice “Burocracia Sindical” al aceptar sin emprender planes de lucha profundos y sostenidos en el tiempo. Según las cifras reportadas por la fuente ya citada las patronales habrían ahorrado $25.000 millones de pesos desde la implementación de la reforma de la ley de ART en el 2017. Indudablemente una gran tajada que beneficia a los verdugos que se valen del esfuerzo y el sacrificio de millones de trabajadores.

Actualmente los accidentados deben esperar el alta de la ART que después es revisada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la misma dará un dictamen estableciendo el grado de incapacidad del paciente y en caso de que la haya le ofrecerá una indemnización, siempre a la baja, después de lo cual el obrero en caso de no aceptar ese monto podrá iniciar acciones legales patrocinado por algún estudio jurídico “independiente” y esperar unos cuantos meses para cobrar el juicio. Mientras tanto tal vez la patronal lo haya dejado sin empleo o lo denigre a roles más bajos en su fábrica o lugar de empleo para disciplinarlo y a los demás demostrando que hay que cuidar el trabajo y aceptar las condiciones que se presentan.

La conclusión es clara y contundente; es necesario organizarse para dar batalla contra la clase que nos oprime y nos condena a situaciones inhumanas de trabajo buscando cada vez más ganancia a costa de nuestros accidentes y muertes sin importarles nada. Romper con una burocracia cómplice que los deja hacer y mira para otro lado obteniendo también sus beneficios. No caer en promesas de partidos burgueses que prometen cambios “nacional y populares” y cuando gobiernan benefician a los grupos económicos y el capital monopólico sancionando leyes a su medida y urgencia. Sólo los trabajadores y su organización política independiente de la burguesía quienes podrán solucionar de fondo sus penurias.