Liberación - Órgano de Prensa
Ajuste brutal sobre los jubilados
El 22 de agosto, el Congreso nacional, por amplísima mayoría, aprobó una reforma en las remuneraciones previsionales para compensar la pérdida sufrida en los haberes jubilatorios en los primeros meses del gobierno de Milei.
El 2 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 782/2024 mediante el cual el Javier Milei vetó completamente la norma, manteniendo de esa forma el recorte brutal sobre un sector que desde hace años sufre pérdidas en sus ingresos frente a la inflación, luego de haber trabajado toda su vida y en una etapa donde los requerimientos de salud suelen ser particularmente onerosos.
Anteriormente, el decreto 274/24 del presidente modificó el cálculo de la movilidad jubilatoria para seguir los aumentos del Índice de Precios al Consumidor que mide el INDEC. Pero a pesar de haber sido dictado en marzo, estableció que los incrementos recién correrían desde el mes de junio, asegurando de ese modo una pérdida inicial frente a la inflación.
El veto no fue sorpresa: el presidente ya había anunciado que le importan “tres carajos” las decisiones del Poder Legislativo y que les iba a “vetar todo”.
El texto vetado había sido aprobado con el voto favorable de 160 diputados, 72 en contra y 8 abstenciones. El apoyo sumó los ⅔ de los presentes, lo que se requieren para insistir ante el veto. Esa mayoría holgada se alcanzó con los votos de Unión por la Patria, la UCR y los bloques de Pichetto (Hacemos Coalición Federal), de los gobernadores advenedizos (Innovación Federal) y la Coalición Cívica, entre otros menores.
Para el miércoles 11, cuando la Cámara Baja consideró insistir con el proyecto, aquellos 160 originales habían bajado a 153 mientras que fueron 87 los diputados que esta vez avalaron la posición presidencial. Es decir que en 20 días se agregaron 24 diputados contra los haberes jubilatorios.
En concreto, el veto pudo mantenerse en primer lugar gracias a la panquequeada de 5 radicales, la asistencia de algunos diputados del PRO que antes estuvieron ausentes (entre ellos, María Eugenia Vidal) y la aparición de los tucumanos que responden al gobernador Jaldo y los sanjuaninos del gobernador Orrego. Por si hacía falta, los de Innovación Federal (bloque ligado a los gobernadores de Salta y Misiones) se abstuvieron, ya que con su presencia aumentaron el número que se requería para alcanzar los ⅔.
Milei festejó el resultado calificando de “héroes” a los 87 legisladores que le negaron a les jubilades un aumento de menos de $14.000. En paralelo, llamó “degenerados fiscales” a quienes apoyaron la medida, repitiendo su discurso de defender el equilibrio fiscal.
Sin embargo, no es a las jubilaciones de hambre a las que habría que responsabilizar de que los gastos del fisco sean mayores que los ingresos: mientras que el costo del incremento vetado hubiera sido de unos 2,3 billones de pesos, en lo que va del año se pagó más de 13 billones de deuda externa… a pesar de lo cual ahora se debe más que antes.
Además, el monto necesario para cubrir el aumento es del mismo orden que lo que el Estado dejó de recaudar por haber reducido los impuestos a los bienes personales, algo que grava a los más ricos.
Es evidente que no es una cuestión de caja, no es falta de plata: es decisión política de pagar la deuda y de favorecer a los sectores más concentrados. Y es una posición ideológica a la que no le importa el hambre, el sufrimiento, las condiciones de vida de la población, sino sólo la posibilidad de grandes negociados.
La embestida contra jubilados y pensionados queda crudamente de manifiesto en el origen del superávit del que se ufana el gobierno: en el primer semestre, un tercio del recorte en las erogaciones del Estado fueron, precisamente, sobre el sistema previsional. A ese rubro el gobierno destinó un 26,2% menos en términos reales que lo asignado en el mismo período de 2023.
La jubilación mínima en agosto fue de $225.540, a lo que se sumó un bono de $70.000 que el gobierno mantiene congelado desde marzo, con lo que el ingreso total llegó a $295.540.- para quienes perciben la menor jubilación y quienes no superan el monto mencionado.
La Canasta Básica del Adulto Equivalente (CBAE, que publica el INDEC) alcanzó en el mismo mes fue de $304.170,44. Esa cifra representa el ingreso mínimo necesario para no caer en la pobreza, por lo que la jubilación mínima está un 3% por debajo de la cifra más baja necesaria. Y en esa situación estará la gran mayoría de los jubilados, ya que el valor mínimo es el que recibe más del 54% del total.
El ajuste sobre los mayores no llega sólo del estrechamiento de sus ingresos. También de los tarifazos y de la disminución de prestaciones en el PAMI. Entre junio y agosto la obra social eliminó un tercio de los medicamentos que se entregaban gratuitamente (hasta 6 por mes) en el marco del plan “Vivir Mejor”. Además de tener sueldos más bajos, en términos reales, deben afrontar gastos que antes no tenían y que son esenciales para la calidad de vida, o incluso para la supervivencia.
Muchas veces los gobiernos apelaron a recortar jubilaciones como forma de equilibrar las cuentas públicas, ya que representan una masa importante de dinero. Y eso siempre fue en desmedro de las condiciones de vida en ese sector.
Pero el gobierno de Milei es el que más rápidamente profundizó el deterioro de los ingresos de los mayores, festejando públicamente por ello y evidenciando su absoluta falta de empatía con la población en general y lxs jubilados en particular.
“Si sos un jubilado, encima de no sé cuántos años, es casi seguro que te vas a morir”, había dicho alegremente la canciller Diana Mondino en el programa de Mirtha Legrand. Milei, sus aliados directos, los gobernadores y los advenedizos, están dispuestos a que esas muertes lleguen lo antes posible.
Todos nos vamos a morir algún día, pero mientras tanto queda claro que los jubilados hoy están siendo la vanguardia de las luchas sociales de protesta contra el ajuste con una fuerza como si tuvieran 20 años.
JORGE RAMÍREZ