NOTAS POLÍTICAS

La represión policial del gobierno, un rasgo más de fascismo

            Si bien todos los gobiernos posteriores a la dictadura militar-cívica mantuvieron fuerzas policiales que apelaron a menor o mayor grado de represión contra los reclamos y movilizaciones populares, el gobierno de Javier Milei viene batiendo récords de represión con la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria, en coordinación con las fuerzas policiales provinciales, por caso la Policía de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de Jorge Macri, del PRO. Un ejemplo de represión continuada es el caso de Milagro Sala, presa durante Macri, Fernández y Milei.

            A medida que las protestas sociales iban creciendo, por ejemplo las marchas de jubilados los miércoles ante el Congreso, así también escalaba la violencia gubernamental. Queda claro la ligazón entre una cosa y la otra: la fuerza bruta del Estado está puesta al servicio de blindar las políticas de ajuste y entrega del país. Es una represión perversa no sólo por los métodos inhumanos que emplea sino también por el objetivo que persigue, de quebrar la resistencia popular y garantizar que los monopolios y banqueros sigan ganando muchos millones de dólares.

            Amnistía Internacional al cumplirse un año de asumido Milei aseguró que frente a 15 manifestaciones populares, la represión había dejado 1.155 personas heridas, 33 con impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, 50 periodistas y trabajadores de prensa heridos mientras cubrían las manifestaciones, y 73 personas criminalizadas por participar en las protestas.        La Comisión Provincial por la Memoria fue coincidente: en esos 12 meses, 1.216 personas resultaron heridas. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) dijo que en ese lapso 104 personas fueron detenidas en operativos policiales en movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

            Como esos números son de seres humanos, podemos citar de ejemplo del abogado de Derechos Humanos, Matías Aufieri, asesor del bloque del Frente de Izquierda, que perdió un ojo por recibir una bala de goma de efectivos policiales en febrero de 2024 cuando el Congreso trataba la Ley Ómnibus, luego Ley Bases de la entrega.

            Más grave fue lo sucedido al joven Fernando Martín Gómez, en diciembre de 2024, en Aguas Blancas, Salta, cercano a la vecina Bolivia, cuando 5 gendarmes lo balearon y lo asesinaron, además de herir a otras personas. ¿Delito? Un muchacho pobre, de los que entran mercaderías entre uno y otro país, llamados “bagayeros”.

            En 2025 la represión fue en aumento. El 12 de marzo, al reprimir a jubilados y sectores que se habían solidarizado con su reclamo ante un haber mínimo de 285.820 pesos, por debajo de la línea de indigencia, 114 personas fueron detenidas y acusadas de ser “terroristas” por la ministra represora, Patricia Bullrich. Ella también mintió y justificó el disparo criminal con cartucho de gas golpeó directo a la cabeza del reportero Pablo Grillo y estuvo a punto de matarlo. El colectivo Mapa de la Policía identificó al autor como el cabo primero Guerrero, legajo 103.208 de la Gendarmería Nacional Argentina, miembro de la Unidad 6 de la Sección de Empleo Inmediato (SEI).

            En esa orgía represiva golpean a abuelas, arrojadas a golpes al suelo, y gasean incluso a niñas de 10 años como Fabrizia Pegoraro, a quien le disparó la Policía Federal en la marcha contra el veto a la reforma jubilatoria del pasado 11 de septiembre

            Para garantizarse tener a disposición las Fuerzas Armadas como último recurso, el gobierno introdujo un proyecto de ley para usarlas en conflictos internos, violando así la normativa que separa los asuntos de seguridad interior de los conflictos con otros países, donde se puede emplear ese recurso. Como tal proyecto no va a prosperar, entonces Javier Milei, Bullrich y Luis Petri firmaron en diciembre de 2024 el decreto 1107/2024 para despliegue de militares en lugares que un funcionario considere de “de valor estratégico para el Estado” y otorga libertad para que el propio Gobierno defina qué considera “amenazas terroristas”.

ESTO SE LLAMA FASCISMO

            El CELS advirtió que “desde hoy el presidente puede decidir la intervención de las Fuerzas Armadas en un conflicto o problema de seguridad interior, por lo tanto puede militarizar la protección de Vaca Muerta, los aeropuertos y puertos, Plaza de Mayo o la CABA (como centro político y económico del país)”. La entidad denunció que “lo que habilita el decreto es a reconvertir a las Fuerzas Armadas, que antes tenían tareas de defensa, en fuerzas casi policiales. Es una línea histórica que viene bajada de los Estados Unidos y que ella, ahora, la hace propia”. Esa doctrina viene desde el Pentágono y la pregonan tanto demócratas como republicanos, y es lo que la generala Laura Richardson, del Comando Sur, vino a reclamar tanto al gobierno del Frente de Todos-UP, como a Milei, Bullrich y Petri.

            Este gobierno facho seudo libertario no solamente viola las libertades democráticas y derechos humanos, los de hoy y los de ayer con su negacionismo de los crímenes de la dictadura y sus ataques a los organismos de derechos humanos y sitios de la Memoria.  También lo hace con todos los demás derechos humanos elementales, como el derecho a la alimentación, a la educación, al empleo digno, a la salud y medicamentos, a la jubilación, la vivienda y tantos otros derechos y conquistas que pisotean. “Donde hay una necesidad nace un derecho”, se atribuye a Eva Perón, pero estos animales de la ultraderecha lo niegan. Y no lo hacen sólo ideológicamente como lo declaró en 2022 el derechista de la Corte, Carlos Rosenkrantz, sino con la motosierra del ajuste propio y del FMI.

            Si bien lo que más importa es el contenido fascista del plan mileísta, también tienen que ver las formas. El tipo gobierna como un déspota, sin respetar la Constitución Nacional y las leyes, como se puso de manifiesto al contraer un nuevo crédito con el FMI  sin pasar por el Congreso como lo requiere la Carta Magna, en artículo 75, y violando la ley 27612, de “Fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública”.

            El facho no respeta tampoco la división de poderes, nombra por decreto a miembros de la Corte Suprema (operativo que le fracasó), veta leyes como hizo con la fórmula de actualización de las jubilaciones y el Financiamiento Universitario, emprende privatizaciones incluso con las 9 empresas donde lo tenía vedado luego de su objetivo máximo de privatizar 41, etc. Ahora, con sentido de clase oligarca, venderá y privatizará, de la mano del traidor Daniel Scioli, los complejos turísticos sociales, bien populares, de Chapadmalal y Embalse Río Tercero.

            Por esas sucias faenas de ajuste y represión el FMI lo premió con el nuevo empréstito y el facho estafador se autodefinió como “el mejor alumno” de la escuela fondomonetarista. Estas son algunas de las razones por las cuales el PL define al gobierno como fascista y renueva su convocatoria a la unidad popular en un Frente Antifascista  y Antiimperialista para centrar allí el blanco principal eyectarlo cuanto antes de su trono.