La Crisis del Sistema de Salud en Córdoba y Argentina

         Desde hace meses la motosierra de Javier Milei ataca el sistema de salud pública, y bajo la excusa de ineficiencia y malas gestiones desguaza una estructura de cobertura pública con más de 150 años de desarrollo sustentada en el principio de una construcción colectiva y un Estado garante del acceso y calidad de los cuidados de salud para la comunidad.

         El gobierno actual cree que la salud debe ser ordenada por el mercado y está abandonando todas las obligaciones y responsabilidades del Estado. No está realizando solo un ajuste para reducir gastos: se ejecuta una política sistemática dirigida a destruir la estructura de salud pública argentina a través de tres acciones de desfinanciamiento y reducción de programas, retiro masivo de subsidios para los cuidados de las personas con discapacidad, destrucción de las estructuras construidas históricamente en salud pública a través del desmantelamiento de equipos técnicos centrales y de hospitales como el Bonaparte y promoción de la mercantilización de la salud.

         Sólo en enero de 2025 despidieron 1.400 miembros de esos equipos, del PAMI y el Instituto Nacional de Cáncer, entre otros; muchos otros profesionales renuncian por los bajos salarios. Estas medidas implicaron la reducción de hasta un 40% de la planta de personal en áreas esenciales como VIH, Hepatitis, Lepra, ITS, Tuberculosis y Vacunas, además de otras áreas como Zoonosis, Vectores, Medicamentos, Salud Bucodental y Epidemiología.

         Se eliminó la Producción Pública de Medicamentos, largamente anhelado por las empresas farmacéuticas. La disolución de Direcciones, Coordinaciones y Programas pone en grave riesgo la atención de la salud de la población, la efectividad de programas indispensables y la capacidad del Estado de realizar Promoción y Vigilancia en salud colectiva.

         En enero, mientras una parte de la población estaba de vacaciones, se confirmó la disolución de coordinaciones de VIH, Hepatitis y Tuberculosis. De esta manera se produjo un recorte del 30% del sector de Hepatitis y del 40% de Vacunas.

         Tras los despidos y el “desmantelamiento” de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, los profesionales tomaron la decisión de renunciar y no seguir porque “No vamos a ser parte de un Ministerio que no puede dar respuestas a las obligaciones básicas que marca la ley” señalaron.

         El Gobierno nacional también decidió recortar funciones del Instituto Nacional del Cáncer (INC) y desmantelar el Programa Nacional de Cuidados Paliativos. Así lo denunció la médica Mariana Pechenik en su cuenta de Facebook y también alertó que el recorte que dispuso la gestión de Milei se asentó con la suspensión de compras de opioides, que se utilizan para tratar a pacientes enfermos de cáncer, y en despedir a seis de los ocho miembros del equipo.

         La crisis del sistema de Salud de la Provincia de Córdoba es cada vez más preocupante y no escapa a la realidad nacional. Al recorte presupuestario que se ha llevado adelante en los últimos años como una verdadera política de estado mantenida por las diferentes administraciones, se suma la profunda crisis socioeconómica que transita la Argentina.

         La desregulación del sector privado, la cada vez más escasa intervención estatal, los recortes presupuestarios y el aumento de precio en los insumos médicos, han generado una situación insostenible. La falta de políticas públicas claras y coherentes ha profundizado las desigualdades en el acceso a la salud, dejando a gran parte de la población sin cobertura adecuada y afectando aún más a un sistema ya de por sí debilitado, aumentando la demanda en el sector público. El incremento de la pérdida laboral, el aumento del trabajo informal y la desregulación del sistema de prepagas ha llevado a muchos pacientes a volcarse al sector público.

         El aumento del precio de medicamentos, la pérdida de la cobertura social, el desfinanciamiento de muchos planes de salud nacionales, ha llevado al desequilibrio de muchas patologías crónicas. Según el INDEC, solo en el último año, la inflación en este rubro medicamentos superó el 304%.

         La sobredemanda se profundiza ante la crisis. En Córdoba, según cifras del propio gobierno, la demanda ha aumentado un 35% en el último año.

         Según el último informe del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES), Córdoba opera con el presupuesto de salud más bajo desde 2016. Además, 1 de cada 10 cordobeses no cuenta con acceso a ningún tipo de cobertura de salud. Los trabajadores de la salud pública y las pacientes son las primeras en percibir los efectos del desfinanciamiento: salarios deteriorados, sobrecarga laboral y copagos para garantizar la atención.

         En el Gran Córdoba, el 34% de los ciudadanos no cuenta con cobertura social de salud, esto equivale a más de 570.000 personas que dependen exclusivamente de la atención pública. Además, dentro del estrato social más vulnerable, el 81% de los cordobeses no accede a ningún tipo de cobertura médica. Estos son los datos que aporta el último informe del OTES.

         El presupuesto destinado al Ministerio de Salud de Córdoba ha sufrido un recorte del 8,1% respecto al año anterior, alcanzando el nivel más bajo desde 2016.

         En el último año, luego de la desregulación total de los precios que impulsó el Gobierno nacional, los costos de cobertura aumentaron casi un 259%.

         Los trabajadores y profesionales de la salud también se ven afectados por esta crisis: falta de personal y pérdida del poder adquisitivo de los salarios.  Muchos profesionales de la salud optan por desempeñarse en el ámbito privado.

         Otra situación que preocupa es la creciente demanda de atención en salud mental. La salud mental de la población está siendo afectada por la crisis y el desfinanciamiento afecta con especial fuerza a quienes dependen de la atención pública. Sumado a la crisis post pandemia de COVID-19 que provoca un aumento del 25% en la prevalencia de la ansiedad y la depresión en todo el mundo, se ha agregado el aumento de los consumos problemáticos.

         El “pipazo”, el avance del paco en Córdoba, no encuentra freno y crece de manera exponencial, su venta y consumo ha ido ganando territorio a pasos agigantados entre las barriadas más humildes. Sus impactos están a la vista, en el notable incremento de personas en situación de calle, con notable deterioro de su salud integral, desde jóvenes hasta adultos.

         Mientras tanto, el Gobierno provincial, que habla del “carácter prioritario de las políticas de salud mental” y de la “adecuación de los hospitales monovalentes”, emplea políticas de cierre de instituciones monovalentes como el Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción (IPAD), bajo el argumento de desmanicomializar.

         La población y los trabajadores de la salud son los más golpeados y el panorama no es alentador para el futuro. Los números son claros y exponen una realidad más dura aun y las decisiones políticas en todos los niveles parecieran responder a la premisa de “más motosierra”.

DR. AGUIRRE PABLO, TRABAJADOR DE LA SALUD