Genocidio contra los jubilados

            El decreto 274/2024 estableció que las jubilaciones serán actualizadas todos los meses de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el INDEC, es decir se ajustarán por la inflación. Los aumentos jubilatorios de cada mes se calculan según el último dato de inflación disponible (de 2 meses anteriores). Además otorgó un incremento extra del 12,5% a cuenta de parte de la inflación de enero, que fue mucho mayor. El cambio implicó que las y los jubilados tengan un poder adquisitivo similar al de noviembre de 2023, pero no recuperó las pérdidas registradas durante 2018 y especialmente en 2022 y 2023. En este mes de diciembre, la jubilación mínima con el bono incluido (que en junio de 2024 cobraba el 54% de los jubilados) cayó 6,6% respecto a diciembre de 2023. Ese bono está congelado desde marzo pasado en 70.000 pesos, o sea que también fue recortado de hecho por la inflación de estos nueve meses.

            Las cifras del IPC se mantienen entre estables y a la baja, pero la pérdida salarial hace imposible que el costo de vida sea igual a lo largo de los meses. El IPC es una medida estándar de la evolución promedio de los precios de un conjunto de bienes y servicios, representativa del costo de consumo de los hogares pero que no afecta a todos por igual. Los hogares de ingresos bajos por ejemplo, gastan más en alimentos (proporcionalmente) que los de mejores ingresos. También hay críticas de los economistas de CEPA, como Julia Strada y Hernán Letcher, porque el INDEC pondera rubros según el consumo de 2006, cuando en 2017-2018 hubo otros rubros que aumentaron su incidencia, por caso en transporte y comunicaciones, que hoy darían una inflación mayor.

            Más allá de las estadísticas y las mediciones que, en la mayoría de los casos sirven al gobierno para jactarse del déficit cero, o de la “histórica baja” de la inflación, la realidad es que lxs jubiladxs que cobran la mínima sólo cubren un tercio de la canasta básica y las jubilaciones medias cubren aproximadamente el 50%. La canasta básica de un jubilado son 912.000 pesos. Un jubiladx de la mínima con el bono, cobra alrededor de 350.000 pesos. Por esa razón el 70% de está bajo la línea de pobreza, siendo el sector más empobrecido por el gobierno de LLA.

            A esto se suma la quita de medicamentos gratuitos. Ahora, deben pagar alrededor de un 40 % lo que significa en los hechos una reducción de su jubilación. Los que perciben un haber por debajo de 390.000 pesos deben realizar un trámite para pedir el subsidio, presentando una declaración jurada. Este requerimiento limita objetivamente el acceso a los medicamentos ya sea porque la plataforma está colapsada o porque muchxs de lxs jubiladxs no pueden cumplir con los requisitos porque no tienen o no saben usar las redes.

            La aprobación de la movilidad jubilatoria y un exiguo aumento  del haber jubilatorio aprobado en ambas Cámaras legislativas, fueron vetadas por Milei que logró el número de votos necesarios con la “ayuda” de diputados aliados. Los 87 “héroes” según la calificación de Milei fueron agasajados en la Quinta de Olivos. Esta situación fue reseñada por el periodista Gustavo Veiga en una crónica que tituló “El asado y las sobras de los diputados”, artículo que lo hizo merecedor a una distinción al Periodismo de Derechos Humanos otorgada por el Movimiento de Justicia y DDHH de Brasil.

            Expresa en la crónica Gustavo Veiga: “Los jubilados sólo ven un bife en fotografías o en publicidades de carnicerías. Pero lxs 87 diputadxs pueden comprarse los cortes más caros. Esta vez le hincaron el diente a la carne a cambio de arrebatarles un puñadito de billetes a nuestros abuelos y abuelas”.

            Pero no sólo lxs jubiladxs no pueden comer carne o comprar los medicamentos que necesitan: todxs son víctimas de la violencia simbólica y verbal,  y la represión policial en las calles cuando protestan. El gobierno viola los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de las personas adultas mayores incumpliendo la Convención Iberoamericana de Defensa de los Derechos de las Personas Mayores. Esto se llama genocidio silencioso.

            “Genocidio es un conjunto de actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo social. Puede ser con asesinatos masivos desplazamientos forzosos, violencia sexual, torturas , supresión cultural o NEGACIÓN DEL ACCESO A LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA SUPERVIVENCIA”.

            El Partido de la Liberación (PL) expresa su solidaridad con lxs jubiladxs y sus justos reclamos y los acompaña donde quiera que se expresen. Repudia la criminal política del gobierno que los hambrea y los reprime y también a los legisladores que acompañan esas medidas y a la ¿Justicia? que no se saca la venda para intervenir a su favor. Lo bueno de esta situación tan terrible es que muchos jubilados han recuperado la histórica costumbre de manifestar frente al Congreso. Sin llegar a tanto, en esto toman el legado de Norma Plá que lideró el movimiento que puso en jaque a Menem y Cavallo en los ‘90.

ELENA RIVERO